Culminábamos la semana pasada con diferentes titulares en todos los medios de comunicación como: "El Gobierno vuelve a meter la mano en la hucha de las pensiones y saca 8.700 millones de euros", "El fondo de reserva de la Seguridad Social se queda con 25.176 millones de euros", "El fondo de reserva podría agotarse a finales de 2017", "Rajoy ya ha sacado en sus años de Gobierno 55.901 millones", etc.
Titulares que leo cada día con gran expectación, pero no por ello dejan de maravillarme después de estar analizando y debatiendo en diferentes medios, durante cerca de una década, sobre el actual sistema de reparto de caja.
El encabezamiento que deberíamos demandar toda la sociedad sería: ¿cuál es la alternativa o solución a nuestro actual sistema de pensiones? Para todos aquellos que censuran el recurrir al Fondo de Reserva, es preciso puntualizar que la solución no pasa por sortear las obligaciones para con los pensionistas.
Pues a día de hoy, mientras el sistema de financiación siga siendo el mismo, la única alternativa sería no pagar la extra de los jubilados. No debemos obviar que los pensionistas actuales trabajaron y por lo tanto aportaron al sistema, durante un número de años considerables, para tener derecho a una pensión.
Es preciso recordar que la finalidad del Pacto de Toledo, constituido en el año 1995 y aprobado por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, era y es, dar viabilidad al actual sistema de reparto de caja estableciendo fondos especiales de estabilización y reservas destinadas a atender las obligaciones futuras del sistema, mediante la salvaguarda de los superávits.
La causa no viene originada por la situación macroeconómica que hemos vivido en estos últimos años; cierto es, que, ese proceso gripal en el que estamos inmersos ha provocado un incremento en el estado febril considerable, que solo hemos podido paliar mediante la prescripción del fármaco hucha de pensiones.
No creo que sea el momento de debatir las causas, sino de buscar soluciones; hemos traspasado el fatídico umbral de dos cotizantes por cada pensionista, lo que provoca que nuestro actual sistema de pensiones, sin ser alarmista, no es que sea insostenible, sino que será totalmente insuficiente. El sistema de reparto español, tal y como está diseñado, después de las diferentes reformas "paramétricas" de los años 2011 y 2013, muestra signos de agotamiento viéndose totalmente superado por la demografía española: "un colectivo inferior no podrá sostener un colectivo superior".
El gran reto del nuevo Gobierno es dar viabilidad a un sistema de pensiones digno, generoso y que nos permitan vivir con garantías en el último ciclo de nuestras vidas, que presumiblemente será más largo de lo que es ahora. Por ello entiendo que es la prioridad en las negociaciones de las diferentes fuerzas políticas a la hora de llegar a un acuerdo para configurar el Órgano Gubernamental.
Escuchamos, de manera silenciosa, por parte de los candidatos a la presidencia del Gobierno, diferentes alternativas, entre las que podemos destacar: aceptar una reducción de la pensión media respecto al sueldo medio y compensarlo con ahorro privado; aumentar los recursos públicos, lo que requiere subir los impuestos o reducir el gasto público en otras partidas; o reformas que refuercen la eficiencia, eleven el empleo y mejoren la productividad.
Debemos dejar a un lado este tipo de reformas "paramétricas", las cuales hasta la fecha no han proporcionado el resultado deseado y abordar una reforma de calado en materia de pensiones, adoptando diferentes fórmulas basadas en modelos de capitalización, asegurando una solidaridad intergeneracional, a través de mínimos garantizados, sistemas de revaloración constante para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y la inclusión de cuentas nocionales con el fin de que el trabajador perciba unos ingresos en función de las aportaciones realizadas.
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