Las pymes y los autónomos de la España preautonómica estaban amparados permanentemente por el siguiente mantra cuando se trataba de trabajar para el Estado: "prestar servicios a la Administración es el negocio más seguro, tanto en relación al cobro de la deuda como respecto al cumplimiento de los plazos de pago".
En función de ello, aquellas empresas que tenían la oportunidad de convertirse en proveedoras de cualquiera de las administraciones públicas españolas se sentían privilegiadas.
La morosidad pública arruina a las empresas
Pero todo cambió con la llegada de los corruptos y despilfarradores reinos de taifas autonómicos, puesto que desde la instauración del Estado de las Autonomías prestar servicios a las CCAA es una decisión que puede acarrear negativas consecuencias financieras para las empresas, debido sobre todo a la morosidad.
Han sido muchas las empresas que, por la imposibilidad de cobrar en tiempo y forma los servicios prestados a las administraciones autonómicas, pasaron sus últimos días de vida agonizando en un concurso de acreedores.
Recordemos que en 2011, último año del Gobierno del PSOE de Zapatero, las autonomías (y ayuntamientos) españoles dejaron facturas impagadas a casi 200.000 empresas, por un importe aproximado de 81.000 millones de euros. No olvidemos tampoco que el plazo medio de pago de la Administración estaba entonces en torno a los 170 días. Además, desde que comenzó la crisis en 2007, han quebrado en España alrededor de 500.000 negocios debido entre otros factores a la morosidad pública.
Antecedentes
En este sentido, en España existen antecedentes paradigmáticos, por ejemplo, el caso de la prácticamente quebrada autonomía catalana. La Generalitat de Cataluña ha incurrido sucesivamente y con distintos gobiernos en impagos a las farmacias, entre otros muchos negocios. A pesar de ello, las facturas de los proveedores de esta comunidad autónoma han sido en última instancia abonadas por el FLA.
Otro caso relevante fue el protagonizado por el PSOE de José María Barreda, cuyo desgobierno en Castilla La Mancha (2004-2011) terminó con la quiebra de esta Administración regional. Y debido a la suspensión de pagos en la que incurrió la autonomía castellano manchega, vía incremento del déficit y la deuda, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no pudo pagar a sus proveedores.
Tanto es así, que los impagos de la Junta desencadenaron una reacción en cadena que impactó negativamente en las cuentas de resultados de aquellas empresas que habitualmente contrataban con dicha institución. Este círculo vicioso provocó que multitud de ellas entraran en concurso de acreedores, puesto que sus delicadas finanzas dependían del cobro de las facturas que habían emitido a la Junta.
Las empresas que no superaron su situación concursal nunca cobraron sus deudas a la Junta. Porque aunque las facturas de estas empresas proveedoras y acreedoras estaban legalmente registradas en la Tesorería de la Junta (exceptuando aquellas "facturas guardadas en los cajones"), las deudas que debían cobrar a la Administración castellano manchega se consideraron liquidadas al entrar igualmente en proceso de liquidación las referidas empresas
Y aquellas otras empresas que finalmente pudieron cobrar sus legítimas deudas (a tal efecto, tuvieron que presentar en la Junta un certificado, identificando en el mismo las facturas impagadas) recibieron las transferencias, vía Plan de Pago a Proveedores, a los dos años desde la emisión de las facturas, pero sin recibir en ningún caso los preceptivos intereses de demora.
Control de la tesorería y del fondo de maniobra
Actualmente, las administraciones regionales presentan un plazo medio de pago aproximado de 75 días, superando en 45 días lo establecido en la Ley de Morosidad. No obstante, determinadas CCAA están pagando determinados servicios con 3-4 meses de retraso. Y en algunas autonomías (y ayuntamientos) desgobernados por Podemos-PSOE la morosidad se podría disparar por encima de la citada media en los próximos años.
Considerando lo anterior, aquellas pequeñas empresas que trabajen para las comunidades autónomas deberían, antes de contratar con estas administraciones regionales, diseñar tanto un plan de viabilidad económica como una estrategia financiera que les permita gestionar óptimamente determinadas magnitudes, tales como la tesorería (cobros y pagos), el fondo de maniobra, etc.
De esta forma, estos proveedores de las administraciones regionales podrán tener más argumentos para negociar con sus propios proveedores internos (máxime, si externalizan o subcontratan a su vez servicios) plazos de pago que superen la media de los plazos de pago de las CCAA. En tal caso, la morosidad pública no descuadraría sus balances, porque primero cobrarán las facturas emitidas a las Administraciones autonómicas y posteriormente pagarán las deudas contraídas con sus propios proveedores internos.
Ciertamente, y exceptuando a grandes compañías pertenecientes a sectores como el de la distribución, a las empresas en general les conviene disponer de un fondo de maniobra positivo, así pueden mantener un perfil de solvencia y liquidez que les facilite el acceso a la financiación en aras de atender las necesidades de tesorería.
Igualmente, es conveniente que antes de contratar con las CCAA, los proveedores de las administraciones autonómicas puedan provisionar fondos para hacer frente a los costes derivados de los proyectos contratados.
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