Falta ya muy poco para que se aclare la mayor amenaza contra la Unión Europea desde que ésta existe. La irresponsabilidad del primer ministro David Cameron convocando un referéndum, "la mayor irresponsabilidad de un Gobierno británico en toda mi vida", según Martin Wolf en el Financial Times del pasado 27 de mayo, se ha visto compensada en la últimas semanas por su activismo a favor de permanecer, que desdice la generalizada creencia de que es un euroescéptico encubierto.
Los avances, de acuerdo con las encuestas, de los partidarios del Brexit han situado a ambas opciones en posiciones equilibradas, aunque las casas de apuestas, mucho más fiables, siguen estando 70 a 30 a favor de la permanencia.
La campaña está siendo mucho más dura de lo previsto. Cada vez que un partidario del remain pone sobre la mesa un argumento racional es acusado por los brexitiers de ignorante y provocador. Razón contra emoción. Prensa de calidad contra tabloides.
En este enfrentamiento tan disputado sorprende la poca atención que se está prestando al grupo, que en mi opinión, se vería más afectado por una posible salida, el de los británicos que viven en Europa. Son casi dos millones, de ellos unos seiscientos mil en España, de los cuales sólo un tercio está registrado en los nueve consulados británicos -en ningún otro país existen tantos consulados-.
Dos millones de votos deberían llamar fuertemente la atención de ambas partes, pero la confusa, para algunos, legislación al respecto es un freno para todos. Los que llevan más de quince años residiendo en el extranjero no tienen derecho al voto, aunque una reclamación judicial en marcha puede todavía cambiar la situación. Los que llevan menos tiempo fuera, pueden votar en su lugar de residencia inscribiéndose en el Consulado, pero hasta el momento, según fuentes de la Embajada británica, solo lo han hecho algo más de doce mil, a pesar de los esfuerzos del embajador para ampliar este número. Si se inscribieran en masa es dudoso que existan los recursos suficientes para procesar esas solicitudes en tan poco espacio de tiempo. Por supuesto, siempre queda la llamada solución Ryanair, comprar un billete de 23 libras con la promoción especial de la compañía irlandesa y volver a casa para votar.
Una frase de The Economist de diciembre de 2014, explica por qué éste es el grupo más afectado: "El Reino Unido importa europeos jóvenes e imaginativos y exporta viejos cascados". Y así es en nuestro caso. Una mayoría de los que aquí residen tiene más de 50 años y hace un buen uso de la sanidad pública española, que puede utilizarla cualquiera que cobre una pensión británica o pague impuestos en España. Los Brits están encantados, "solo dos camas por habitación" y muchos usan el sistema, aunque no paguen impuestos. Incluso se acusa al Foreign Office de publicitar la disponibilidad de tratamientos no ofrecidos por el Servicio de Sanidad Británico. En caso de salida, perderían el derecho a la tarjeta sanitaria europea, así como a otros servicios sociales.
Las consecuencias para la industria turística serían altamente negativas. La caída de la libra, que el propio Cameron ha calculado en un 12%, supondría que unas vacaciones de una semana de una pareja en Europa costarían 230 libras más. Al tiempo, idéntica caída frente al dólar significaría el encarecimiento de las partidas pagadas en esa divisa como el combustible y los costes del leasing.
Personalidades del sector, como Carolyn McCall -Easyjet-; Willy Walsh -AIG-, Michel O Leary -Ryanair- ratifican estos datos y son partidarios de permanecer. La respuesta de Nigel Farage, líder del xenófobo UKIP, ha sido típica: "Qué más da que las vacaciones cuesten más".
La compañías aéreas tendrían que renegociar licencias y permisos con cada país europeo en vez de operar con un acuerdo general. Algunas incluso se plantean la posibilidad de recolocarse en un país europeo. A las que operan en España quintas libertades, vuelos entre dos ciudades en un país distinto del de procedencia de la compañía, como es el caso de Easyjet, perderían ese derecho al término del periodo transitorio.
Como muy bien explica Roberto Azevedo, secretario general de la Organización Mundial del Comercio, "hay que renegociar todos los términos de la pertenencia, y todo el comercio, puesto que fueron negociados como parte de la UE".
Para 2016 se esperan cerca de 17 millones de turistas británicos, que gastarán en España unos 15.000 millones de euros. El previsible descenso supondría la pérdida de 1.500 millones de euros anuales, solo en el sector turístico. Está claro de qué lado está nuestro interés.
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