Quienes manejan, administran y gestionan nuestros fondos destinados a sostener el sistema de bienestar social (pensiones, sanidad y educación) tienen claros intereses en decirnos que el actual régimen de financiación y prestaciones es, no sólo viable, sino el más solidario y justo de los posibles, siendo las tres cosas falsas.
Para que exista solidaridad se requiere voluntariedad o libertad en las decisiones, por lo que cualquier sistema obligatorio y coactivo, estipulado o decretado por una autoridad, nunca podrá ser solidario. Podrá ser necesario, conveniente, útil..., como se quiera, pero no solidario. Nunca serán solidarias aquellas aportaciones a que nos obliga la ley bajo penas coercitivas. Para ser solidario con la Administración (local, autonómica o estatal), añada voluntariamente y por su cuenta una cuantía, la que sea, a su liquidación tributaria, porque ni los impuestos ni el mal llamado sistema de bienestar social son muestras de solidaridad ni solidarios.
Incluso cuando, como en Derecho, se emplea el término en sentido de adquisición de obligaciones, y podría entenderse que los impuestos son tal, se trata de obligaciones libremente adquiridas o aceptadas, aunque una vez reconocidas el sujeto quede obligado y comprometido legalmente por su decisión. Pero no son impuestas por la fuerza; en tanto que usted no puede aceptar, o no, pagar impuestos, tasas, multas o transferencias.
Para que un sistema sea justo debe procurar algún modo de equidad y racionalidad objetivas, o lo menos subjetivas y arbitrarias posible. No debería enfrentar generaciones dispares, como -se quiera o no- acontece con el actual sistema de financiación de las pensiones; no debería suponer gran disparidad entre lo aportado y lo recibido y, si admitimos que es preciso no dejar a nadie desatendido, tampoco a quienes apenas hayan aportado al sistema, esta parte debe ir con cargo a impuestos (obligatorios), como ya sucede con muchas prestaciones; no debería permitirse que por errores de gestión o administración, por fraudes o corruptelas, por falta de previsión o defecto inherente y de forma en la financiación (sistema de reparto) se cambien radicalmente los principios o condiciones sobre los que se estableció el sistema, cosa que ha venido ocurriendo desde los gobiernos de Felipe González, en más de una ocasión, y en todos y cada uno de los gobiernos posteriores, tanto con el sistema de pensiones como con la sanidad.
En el caso de nuestras pensiones, dado que el sistema de reparto -que funciona de facto como un sistema financiero piramidal- es inviable, quienes deciden su futuro por usted optan por reducir prestaciones, en cuantía o calidad, en forma de cambios en las bases o en las fórmulas de cálculo de todo tipo (cuantía, topes, revalorización, etc.), ampliación de cuantías o años de cotización, tanto para el cálculo de la pensión como para la edad de su jubilación forzosa o, lo que es totalmente injusto y expoliador, para adquirir derechos de cobro: quien haya cotizado menos de 15 años no tiene derechos de prestación y deberá acudir a una pensión no contributiva.
La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones tiene todo que ver con su estructura de financiación, y que se extraiga de las manos de sus propietarios y pagadores: los trabajadores. El sistema de reparto liga de forma determinante e injusta las pensiones a la estructura poblacional y hace que no baste con incorporar al sistema 158.000 cotizantes nuevos en un mes, como sucedió el pasado abril, pues depende también de la productividad y de los contratos. Para coadyuvar a la reforma de pensiones y a su viabilidad se requiere, además, una reforma del mercado laboral sustancial, profunda y contraria a la formulada por quienes proponen retornar a estructuras e instituciones del pasado, predemocráticas.
Si el sistema dependiera y estuviese en manos de cada uno (como una cartilla de ahorros o "mochila"), lo que importaría serían las aportaciones, productividad, capital humano, diligencia y previsión de cada uno, independientemente del tamaño o estructura de la población. Quien objete fenómenos de free riders o gorrones, tal reforma no es contraria a su obligatoriedad, incluso con cierta proporcionalidad en las aportaciones para pagar otros tipos de pensiones. Quien quiera confundir capitalización con privatización o recele, el sistema podría canalizarse a través de un banco o fondo público, ¿Banco de España?, lo que no es recomendable, porque buena parte de sus actuales problemas, incentivos perversos y su inviabilidad se asocian a su vigente administración y gestión. Y, aún más, se pueden introducir reglas o incentivos que animen la previsión y el ahorro prudentes, o un vigilante público. Pero hay que cambiar el sistema de reparto, porque la merma de prestaciones, que ya padecemos, será mayor en un futuro no tan lejano.
Entidades
