Se agotan los calificativos para describir lo que acontece en Venezuela. La catástrofe económica, política y social es absoluta. La pregunta es cómo se producirá el derrumbe final del régimen bolivariano.
Pese a la represión, una oposición movilizada ha logrado entregar una petición a uno de los miembros del ente electoral para acelerar la revisión de firmas e iniciar de esa forma el proceso revocatorio. Con el decreto de estado de excepción y emergencia económica, el presidente Nicolás Maduro busca desesperadamente ganar tiempo e impedir a toda costa que la Asamblea Nacional delibere.
El propósito del chavismo es claro: si el proceso de referéndum revocatorio comenzara después del 10 de enero próximo, como intenta el Gobierno, el vicepresidente cumpliría los dos años que quedan de mandato. Si, por el contrario, se iniciara este año, podrían convocarse elecciones anticipadas. Unos comicios en los que la opositora Mesa de Unidad Democrática llevaría todas las de ganar, como ya hizo de manera aplastante en las parlamentarias de diciembre.
La alarma del régimen es grande. Valga como muestra una -hay muchas- medida antidemocrática. Estableció, al margen de la legalidad, una comisión ad hoc para "monitorear" (léase bloquear) la recolección de firmas que abriría el camino al revocatorio, procedimiento establecido por la Constitución. En pocos días, la coalición MUD recogió 1,8 millones de firmas, nueve veces más que las 200.000 requeridas. Optó entonces por usurpar la tarea de revisión, que corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, donde tiene mayoría, pero no control total.
Resulta grotesca la justificación que el mandatario hace de este abusivo estado de excepción para "derrocar el golpe de Estado y la guerra económica y enfrentar las amenazas internacionales". Los poderes desmesurados que tendrá el gobernante -sin fecha precisa de expiración, y que bien podrían extenderse hasta 2017- no harán más que agravar el desastre.
Es Maduro quien desautoriza al poder legislativo, democráticamente elegido. Con amenazas: la Asamblea "perdió vigencia política" y "es cuestión de tiempo para que desaparezca". Y mediante los hechos: controlando el poder judicial encarcela a dirigentes políticos contrarios, interpreta a su favor la justicia electoral y veta la totalidad de las leyes. Un reciente estudio de Human Rights Watch considera que el estado de la justicia venezolana es una "clara alteración del orden constitucional". Ni el respeto a los derechos humanos, ni el principio de separación de poderes están garantizados.
Desde el exterior, la mediación internacional encuentra serias dificultades. Así el viaje imposible del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para poner en marcha el "diálogo" ha acabado sin resultados tangibles.
Y la visita del canciller vaticano, Paul Richard Gallagher, fue cancelada "por motivos que no dependen de la Santa Sede".
Mucho más importante es el mayor examen que está empezando a realizar la comunidad interamericana. Es usual que Venezuela objete las críticas internacionales, escudándose tras el principio de soberanía y no intervención. Sin embargo, el argumento no se sostiene cuando se está hablando de un compromiso multilateral que Venezuela ha asumido como miembro de la Organizacón de Estados Americanos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó a Maduro a someterse al "escrutinio del pueblo", para no transformarse en "un dictadorzuelo más", de los muchos que ha habido en la región. Almagro, insultado por Maduro con las diatribas de costumbre ("traidor", "agente de la CIA"?), debe convocar con la máxima urgencia el Consejo Permanente de la OEA. Lo que está sucediendo justifica plenamente la invocación de la Carta Democrática Interamericana del organismo.
No puede seguir dándose la complicidad latinoamericana -activa de algunos, pasiva de muchos- con los desmanes de Maduro. No se trata sólo de un torpe e incompetente fanfarrón. Es un dictador que se ha quitado todas las caretas democráticas, cuyo régimen ha sumido Venezuela en la debacle y la ruina. La riqueza de recursos ha llevado a la dilapidación y el derroche primero y, finalmente, a la miseria. A la quiebra por la corrupción y la ineptitud.
Además de prestar atención a la petición de los opositores venezolanos, tal como establece la propia Carta, los Estados miembros de la OEA tienen la obligación de impulsar la normalización institucional y democrática. Es decir, garantizar que Maduro acepte la celebración este año del referéndum revocatorio al que está convocando la oposición y abandonar el poder cuando lo pierda, como ocurrirá con toda probabilidad si se desarrolla con limpieza. De no hacerlo, puede haber un estallido social violento de consecuencias impredecibles.
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