La primavera anuncia el Día del Libro o, más precisamente, el día del editor y del librero. Pero no es el día del lector, ni de la política de fomento de la lectura. En definitiva, no es el día de la cultura, pese a que se venden muchos libros. También se venden muchas flores, como en el día de los difuntos, sin que hablemos del día de la floricultura. Es el día que permite recordar nuestra pobreza cultural y el fracaso de la política cultural; una decepción que ya tiene historia y, sobre todo, costes para el conjunto de la sociedad. También trae el recuerdo de un malhechor cultural, alumbrador de uno de los peores ataques a la instrucción de los ciudadanos: el exministro francés Jack Mathieu Émile Lang y su maldita ley, de agosto del año 1981, que impuso el precio fijo de los libros en Francia y la consiguiente prohibición de aplicar libremente descuentos sobre el precio fijado por el editor. Ley que tuvo su réplica pegajosa en España.
La regulación del precio del libro en España impone -con alguna excepción propagandística- un descuento máximo del 5%. Dado que el margen de intermediación en el mercado del libro puede alcanzar el 60%, la limitación de los descuentos -ampliables con libertad de precios- se traduce en un mayor precio de los libros y, como consecuencia de ello, en un menor índice de lectura, en mayor fracaso escolar y en una mayor pobreza cultural. Justo lo contrario de lo que España necesita en un contexto de competencia global y del necesario fomento del talento y la excelencia.
Los datos, de acuerdo con el CIS, son tumbativos: un 35% de españoles no lee nunca o casi nunca. Este hecho compromete nuestro futuro, pues dificulta que España sea un país de ciudadanos formados y libres. También lastra nuestra capacidad de crecimiento con efectos devastadores sobre nuestra competitividad. Frente a este desastre, en contrapartida, el 29% de los encuestados dice leer todos o casi todos los días. En este caso se trata de ciudadanos con futuro; con afán de emprender y voluntad para reflexionar en libertad. Tal diferencia en los hábitos de lectura termina dificultando -y encareciendo- el desarrollo de políticas de solidaridad.
A mi juicio, entre las causas de los bajos índices de lectura se encuentran nuestra deficiente formación primaria y el elevado precio de los libros. La secuencia es clara: sin el fomento del hábito de leer en los primeros años del ciclo educativo y libros caros, la demanda de libros se reduce. A menos demanda, menor aprovechamiento de las economías de escala, mayores costes medios y, en consecuencia, mayores precios. Y así sucesivamente en un movimiento diabólico que sólo se rompe mejorando la calidad de la enseñanza y rebajando el precio de los libros es decir, liberalizando los descuentos en una etapa previa a su liberalización total. Un ejemplo ilumina cuanto se dice. Tomando como referencia un best seller como La chica del tren (The girl on the train), de Paula Hawkins, los datos de Amazon y los mercados español, británico y norteamericano, observamos comportamientos y precios distintos, manifiestamente más bajos en aquellos mercados donde el precio no está intervenido. En efecto, en Gran Bretaña, adquirir el libro cuesta entre 4,74 y 23,54 libras, en el caso de tapa dura, y 5,59 libras en el caso de tapa blanda. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el precio varía entre 8,99 y 26,95 dólares en el caso de tapa dura, y entre 7,17 y 17,45 dólares si el libro tiene tapa blanda. Este recorrido de los precios refleja tanto las diferentes condiciones de los mercados y de la competencia como la posibilidad de que los lectores puedan decidir, de acuerdo con sus preferencias y su nivel de renta. En España, por el contrario, el precio está fijado en 18,52? (en catalán y en castellano) sin que quepa la posibilidad de adquirir el libro a un precio inferior ni superior. El fétido aroma del precio fijo se maquilla para que parezca una buenaventura para el lector cuando en realidad es una tragedia. Como se ha puesto de manifiesto, la competencia contribuye a reducir los precios y a fomentar la lectura, el bienestar del lector y la competitividad del conjunto de la economía. Dada la reticencia de los poderes públicos a modificar la ineficiente regulación española sobre el precio de los libros, tales poderes son corresponsables, en última instancia, de la menor competitividad de la economía española. Los nefastos efectos de la pereza y la desidia administrativas no podrán ser compensados por las sonrisas de los estómagos agradecidos. La codicia rompe el saco: en este caso, del progreso y la igualdad.
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