El principal desafío energético y medioambiental que el planeta tiene encima de la mesa es responder de manera adecuada a la necesidad de descarbonizar la economía: se tiene que cambiar el modelo actual hacia a un modelo energético libre de emisiones de CO2, de manera que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades energéticas de una forma eficiente y sostenible. Y esto ha de hacerse sin perder de vista otros dos objetivos fundamentales (que a veces han parecido olvidados): asegurar el suministro de energía, y mantener un precio competitivo para ésta.
Los recientes compromisos vinculantes adquiridos en la Cumbre del Clima en la COP21 de París, acordados por 195 países, constituyen un hecho histórico en la lucha de la humanidad contra el cambio climático, con el fin de contener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2ºC respecto a la era preindustrial, y alcanzar un equilibrio entre las emisiones GEI de origen humano y la capacidad de absorción del planeta. En este objetivo de detener el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera en 2050, la UE quiere jugar un papel ejemplar. Para esto ya en 2011 se fijó el objetivo de reducir sus emisiones entre un 80 y un 95% en 2050 respecto a las registradas en 1990. Para lograrlo es imprescindible actuar en tres frentes. Primero, electrificar nuestra sociedad, lo que permitirá desplazar combustibles fósiles: la electricidad ha de ser el vector energético casi exclusivo, en nuestros domicilios, nuestro transporte y nuestras empresas. En 2013, estos sectores fueron responsables del 76% de las emisiones GEI producidas en España. Segundo, conseguir que toda nuestra electricidad esté libre de emisiones. Y esto significará que toda nuestra producción de electricidad sea renovable. Tercero, fomentar la eficiencia energética como palanca clave para el cambio hacia una nueva cultura de la energía.
Electrificar nuestra sociedad es la única forma de conseguir la descarbonización y tiene, además, otras ventajas. Por una parte reduce la dependencia energética, que en el caso español sigue siendo muy elevada (72,9% en 2014) como consecuencia de la escasez de recursos energéticos autóctonos y competitivos. Por otra parte, la electrificación de la sociedad incrementa la eficiencia y el ahorro energético, gracias a que la sustitución de casi cualquier aplicación por su versión eléctrica ofrece un mayor rendimiento energético, como por ejemplo el transporte por ferrocarril frente al transporte por carretera o el vehículo eléctrico frente al vehículo con motor de combustión.
El segundo punto es conseguir que la electricidad esté libre de emisiones. Y para eso es necesario que el parque de generación sea 100 por cien renovable. Las renovables, como todos sabemos, presentan también la ventaja de ser autóctonas y sostenibles, lo que representa un valor añadido en lo que respecta a la seguridad energética.
Llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es si efectivamente es posible ese futuro que estamos visionando para 2050, si el planteamiento de que todo el mix de generación sea de tecnología renovable o de almacenamiento es algo realmente posible y probable o, por el contrario, estamos construyendo un futuro de ciencia-ficción. Podemos realizar el ejercicio, casi nostálgico, de mirar al pasado y revisar cómo era el mundo en 1982, es decir, hace 34 años, que son los mismos que faltan para llegar a 2050.
Y la realidad es que el mundo, en estos 34 años, ha cambiado tanto que gran cantidad de aspectos o tecnologías que hoy en día forman parte de nuestra vida cotidiana, sin los cuales prácticamente no podemos vivir (o eso creemos), no existían en 1982. Los ejemplos son infinitos. Demos un paso más. Tenemos ya un escenario completamente definido en 2050 por nuestros compromisos medioambientales. La pregunta es: ¿cómo asegurar que el proceso al nuevo modelo se hace de manera sólida y eficiente, mientras se asegura el suministro? La política energética que necesita el sistema eléctrico será la que facilite esta transición. Para ello, ésta debe garantizar una estabilidad del marco regulatorio que incentive de una manera competitiva y transparente la nueva inversión requerida, a la vez que reconozca la importancia de contar con todas las tecnologías de generación actuales durante la transición, garantizando así la seguridad del suministro y la competitividad mientras que el sector evoluciona hacia un modelo bajo en carbono. Asimismo, la modernización de la red de distribución -que permita la integración de las energías renovables- y la existencia de una tarifa libre de sobrecostes, son otros dos retos fundamentales que la política energética debe abordar.
En mi opinión, es muy importante no cometer errores en todo este proceso de transición, ni precipitarse en alcanzar los objetivos finales, que están claros. Tomar las decisiones adecuadas ahora nos permitirá garantizar el objetivo final.
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