Mucho de lo tiene que ver con los paraísos fiscales son términos marítimos. Por ejemplo, la propia palabra inglesa tax haven. Un haven no es un paraíso sino un puerto-refugio. Ahí, se refugiaban piratas y corsarios hace siglos; al igual que ahora se refugian narcotraficantes, blanqueadores, evasores fiscales, y entre otros grupos, también ministros y presidentes de algunos países. Eso sí, estos últimos que públicamente eran azotes de defraudadores, ahora afirman que tener una sociedad off-shore es perfectamente legal. Como tantas otras cosas, eso es una verdad a medias que necesita muchas explicaciones adicionales.
La primera explicación es que off-shore significa fuera de la costa. En la jerga financiero-fiscal, una sociedad off-shore es una sociedad para operar fuera del país. En este tipo de centros financieros off-shore, traduciendo paraísos fiscales, estas sociedades tienen confidencialidad "reforzada". Esto quiere decir que no hay forma de saber quién está detrás de una determinada sociedad. Esta opacidad se consigue, por ejemplo, con acciones al portador que eran perfectamente legales en Panamá hasta hace unos meses. Sin embargo, el sistema más usual es a través de testaferros.
Nadie puede dar lo que no tiene. Esto quiere decir que si un país no puede saber quién está detrás de una sociedad, sencillamente porque no lo sabe nadie, no tiene ningún sentido pedírselo. Así, el Gobierno de Zapatero sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales firmando un convenio de doble imposición, que incluía una cláusula de intercambio de información. Sin embargo, Panamá no podía saber quién estaba detrás de sus sociedades off-shore que tenían acciones al portador. Además, la cláusula de intercambio de información no se adaptaba al estándar de la OCDE. De hecho, el propio secretario general de la OCDE declaraba hace poco que "Panamá es el último gran reducto que sigue permitiendo la ocultación de fondos en paraísos fiscales".
Ante todo esto, el director general de la Agencia Tributaria declaraba que el intercambio de información con Panamá estaba funcionando, y que por esa razón no se podía volver a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales. Sorprendentemente, esto no ocurre con ningún otro país. Además, la cláusula del convenio no permite el intercambio automático de datos. Por otra parte, la propia Agencia Tributaria ha requerido la información de los papeles de Panamá a La Sexta y a El Confidencial, lo que sería innecesario si ya tuviese la información. Por último, los inspectores que conozco se quejan amargamente de las trabas de Panamá para contestar a los requerimientos. En conclusión, las razones para no volver a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales no se sostienen.
Mi grupo, Ciudadanos, ha solicitado la comparecencia del director general de la Agencia Tributaria, y del secretario de Estado de Hacienda, para que expliquen estos fenómenos insólitos, y en vista de que el ministro Montoro no quiere comparecer, como es su obligación, completen las parcas explicaciones de su última comparecencia. Así cuando le pregunté sobre la cuestión, Montoro quiso "tranquilizar" a la opinión pública señalando que gracias a la "Declaración Tributaria Extraordinaria", que los demás llamamos amnistía fiscal, y a la Declaración de Bienes en el Exterior, estos contribuyentes están tributando.
La Declaración de Bienes en el Exterior fue claramente un avance, pero la regulación chapucera que hizo el PP, que ya he explicado en estas páginas, hizo que la Comisión Europea haya abierto un expediente que puede acabar privándonos de una fuente fundamental de información. Lo que no tiene un pase es presumir de que perdonando los impuestos a los defraudadores se consigue que tributen. Especialmente porque se perdonaron ilegalmente 2.800 millones de euros, la amnistía de la amnistía, y porque no se investigó sistemáticamente el origen de los fondos. Con esta actuación no sólo se amnistió y se perdonó el fraude fiscal, sino probablemente, a la vista de algunos nombres que salen en los papeles de Panamá, también se pudo estar perdonando la corrupción.
Hay muchas más explicaciones pendientes, porque hay más cabos sueltos off-shore. Por ejemplo, el presidente Rajoy debería explicar cómo va a funcionar el Gobierno en funciones sin el exministro Soria, y por qué nunca le retiró la confianza, por lo menos según ha proclamado Soria reiteradamente. Otra explicación pendiente es la validez del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2015 que aprueba el intercambio de información con Jersey, en el que participó un ministro con una sociedad opaca en ese territorio. Rajoy y Montoro también deberían explicar por qué quieren, siguiendo el modelo de Panamá, sacar a Jersey de la lista de paraísos fiscales; y por qué no aplican la moción del Congreso de 16 de marzo, a iniciativa de Ciudadanos, que podría resolver algunos de estos "cabos sueltos off-shore".
Los españoles se merecen un gobierno que, aunque esté en funciones, dé explicaciones, que luche contra la opacidad y que no deje cabos sueltos off-shore. ¿Es pedir tanto?
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