Andan las regiones levantiscas. Las 17 comunidades y dos ciudades autónomas han encontrado un filón: vociferar ante las cámaras que el ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas les pone en Madrit. El ministro se presta a que le toreen. Pensará Montoro que siempre es bueno salir en el telediario, aunque sea rejoneado y medio desollado. El problema es que quien sale trasquilada de estas cumbres es España.
También el caso catalán empezó voceando Madrit ens roba, pasó a ens volen aixafar y se desea culminar en la independència. Aunque este supuesto fin último no se producirá, conocemos bien lo que ya se ocurre ahora por causa de este desafío: quiebra del principio de legalidad y de neutralidad, abuso del poder por un ente subestatal, desconocimiento de sentencias judiciales, imposición de una inmersión lingüística contraria a la ley (que dispone la conjunción de lenguas en la enseñanza) y contraria a la educación en la lengua materna (sólo el 52% de los catalanes son castellano hablantes), persecución del disidente, desaparición y ninguneo de los símbolos españoles, quema de la Constitución Española en TV3, medios de comunicación públicos y subvencionados cacareando el día entero la desconexión, y el nou pais, y corrupción al 3% y más.
En suma, el Madrit ens roba preludió la quiebra del Estado de derecho y, en particular, de los derechos de los catalanes, abandonados desde hace lustros por los gobiernos de España. También sabemos el coste económico y social de la confrontación separatista: huida de empresas, -3,5% del PIB, así como que Barcelona se halle en la posición 142 en el ranking de competitividad de las regiones europeas cuando Madrid está en la posición 57.
En este contexto, y en el impasse de la política española en este 2016, tienen lugar las bravatas a coro de los ministriles de Hacienda las CC.AA., encantados de haberse conocido en el reto al Gobierno de España. Aseveran que no acatarán más "recortes", esto es, que no se someterán a las reglas fiscales para la reducción de su déficit presupuestario, acordadas en cumbres anteriores y a cambio de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica. Qué más les da: el bono catalán y de otras CC.AA., tienen la calificación de bono basura, pero es el Gobierno central quien asume el pago de intereses y la amortización. De modo que el incumplimiento de los acuerdos fiscales y el griterío no sólo les sale gratis, sino que es premiado y muy rentable. Siguen recibiendo recursos del Fondo de Liquidez Autonómica y demás facilidades, más cuanto más bramen.
En las tardes de faena del ministro y los consejeros de Hacienda hay un elemento más: no solo se reta al Gobierno de España, también a la Unión Europea. Efectivamente, en la nueva gobernanza económica la Comisión Europea establece con los gobiernos de los Estados miembros el procedimiento para reducir los desequilibrios macroeconómicos y fiscales, en particular el déficit del sector público. Luego, las tenidas autonómicas de Hacienda versan también sobre los compromisos del Estado español. La Comisión y el Tribunal de Justicia europeos han puesto en su mira al Estado español por causa de los desafueros de sus CC.AA. Incluso ya menudean las sentencias condenatorias, desde las vacaciones fiscales vascas a la creativa contabilidad valenciana, pasando por el leasing naval. Como para los españoles, para la UE las CC.AA., se han convertido en un problema de envergadura.
Recapitulemos, pues, en qué consiste y qué efectos tiene la rebelión inicialmente fiscal de las regiones. Uno, con el pretexto de las cuentas se persigue un efecto político: el poder omnímodo, sin tasa de las CC.AA., y, finalmente, la deconstrucción de España. Es, pues, un doble desafío al Estado de derecho y a la unidad de España, es un jaque a la democracia española.
Dos, en este reto fiscal-político se funden el separatismo y el populismo. Así vinculan la reivindicación política (más poder), la social (más dinero para mis pobres), y la regional (más dinero para mi pueblo).
Tres, el populismo separatista es un modo de eludir las responsabilidades propias y de crear un nuevo nivel político, la región, que propende a la nación y reivindica su Estado, creando su imaginario ideológico y mediático. Las élites locales y las baronías cantonales de los partidos han encontrado en las CC.AA., un abrevadero de votos, de presupuesto y de prebendas.
Cuatro, el desafío fiscal-político tiene un fuerte riesgo moral, favorece el incumplimiento de la ley y las reglas, estimula el poner en jaque al Estado, conlleva la quiebra de las haciendas autonómicas y española, y es una manera de cargarse la progresividad fiscal propia a los Estados democráticos avanzados, como España ha llegado a ser.
Cinco, las CC.AA., españolas deben adecuarse y respetar el sistema multinivel de gobierno que es la Unión Europea.
Seis, el sistema de CC.AA., se ha hecho insostenible, es centrífugo, tiende a la ruina fiscal y la desintegración de España. Cuando el sistema de CC.AA., deje de ser un tabú de la política española estará próxima su solución.
En esta primavera todos van a Madrit al concurso ¿Qué hay de lo mío?, retransmitido en directo. Ahí medra por sobresalir el miura separatista catalán, de modo que los otros han de pujar lo suyo. Pensará el ministro que cada toro tiene su lidia, que es justo lo que busca cada ministril, su momento de bilateralidad, su gloria, por sus pobres y su nación. Pero en estos lances quien queda para el arrastre es España.
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