El valor que tradicionalmente ha prestado la sucursal bancaria al cliente se está reduciendo de forma progresiva debido a diversas causas relacionadas con la digitalización empresarial, en este caso, en versión financiera.
Al imponerse el uso de la banca online, las gestiones bancarias desde los smartphones son más frecuentes, las fintech se están posicionando, etc. Todo afecta directamente al empleo del sector financiero, que reducirá a corto plazo el número de oficinas, y afectará en consecuencia a las plantillas de los bancos, que se verán mermadas.
Así, la reducción de costes que provoca la digitalización permite contrarrestar la ingente inversión que está haciendo la banca en tecnología.
La digitalización afecta a todos los sectores productivos, independientemente de su carácter. De hecho, la situación del segmento de actividad financiero se puede extrapolar, en mayor o menor medida, al resto de sectores.
La revolución tecnológica, como suciedió con la revolución industrial, advierte a los profesionales del Siglo XXI de la necesidad de reinventarse para poder adaptarse a la transformación que sufrirá el mercado de trabajo. Tanto que se crearán nuevas fórmulas y posiciones laborales, mientras que otras quedarán obsoletas.
De esta forma, el sector privado evoluciona al ritmo que experimenta el entorno, en este caso en clave tecnológica.
Digitalizando la Administración
La Administración Pública también sufre su propio proceso de transformación digital. La mayoría de las instituciones han puesto en marcha proyectos tecnológicos encaminados a la digitalización, como el 'Proyecto piloto de papel cero en la Administración de Justicia', desarrollado por la Junta de Andalucía.
Pero, al contrario que en el sector privado, dicha digitalización no está teniendo ninguna consecuencia en el terreno laboral, es decir, en forma de reducción de puestos de trabajo.
Hay que recordar que se trata de una aspecto de vital importancia, teniendo en cuenta que España tiene pendiente ante Bruselas el cumplimiento de los objetivos de déficit, y la única forma de lograrlo es reduciendo el gasto de las improductivas Comunidades Autónomas.
Negativa a hacer más recortes
Pese a la negativa de las autonomías a hacer más recortes (alegando desfases en el actual sistema de financiación), es insostenible que las mismas tengan en plantilla a cientos de miles de enchufados: es decir, empleados públicos sin oposición, o funcionarizados mediante a oposciones a medida y, por tanto, ilegales.
Sobre todo sabiendo que el enchufismo en la Administración es "la madre de todas las corrupciones" en España, porque se trata de un tipo de corrupción con efectos a largo plazo, ya que el gasto público destinado al pago de sueldos de estos enchufados representa un permanente hándicap económico.
Enchufismo en Andalucía
La prueba del enchufismo en la Administración la aportó recientemente el portavoz de la Junta de Andalucía, la institución líder en "colocaciones a dedo", reconociendo que tiene actualmente a 1.800 empleados en nómina sin ninguna asignación laboral. Es decir, trabajadores que no tienen trabajo que desarrollar, porque provienen del entramado empresarial público andaluz.
En 2011, la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, conocida popularmente como 'la Ley del Enchufismo', permitió la incorporación a la Junta de Andalucía de más de 20.000 empleados (entre los que se encontraban multitud de familiares y allegados a altor cargos de la Junta) provenientes de empresas públicas y fundaciones.
Pero no existe ninguna intención de corregir este corrupto desfase laboral, porque la Junta ha desoído el fallo que en 2015 emitió el TC declarando inconstitucionales varios preceptos incluidos en el decreto ley en el que se basó la redacción de la 'Ley del Enchufismo', teniendo en cuenta que el contenido de los mismos sigue vigente a través de la citada ley.
Si España quiere cumplir el déficit, reducir la deuda y equilibrar las cuentas públicas, debería aprovechar la digitalización de la Administración para optimizar el funcionamiento de las CCAA, recortando el gasto innecesario y ajustando la plantilla, vía expulsión de los empleados públicos enchufados.
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