Dilma Rousseff ha dilapidado su capital político. Su índice de aprobación superaba el 70% en 2011, cuando asumió el poder. Hoy, con el Partido de los Trabajadores enfangado en escándalos de corrupción y multitudinarias manifestaciones al grito de "Fora Dilma", su popularidad ha caído hasta un exiguo 7%. Desde el principio ha intentado presentar la crisis de forma engañosa como golpismo por parte de la oposición. Se ha instalado en el victimismo. No ha convencido. Una reciente encuesta revela que el 68% de los brasileños quiere que el impeachment culmine en inhabilitación. Dilma sostiene no haber intervenido en la operación de sobornos a la petrolera estatal, Petrobras. En el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, los sobornos suman 3.500 millones de dólares. Hay 38 miembros del Parlamento bajo investigación judicial, y 140 empresarios y ejecutivos privados han sido acusados de soborno o lavado de dinero.
Hasta ahora no hay evidencia que involucre a la presidenta directa o indirectamente en el escándalo. Afirma que nunca supo nada de lo que estaba pasando. Cuesta creerlo: era ministra, dirigente del PT y directora de Petrobras cuando los sobornos en Petrobras nacieron, crecieron y se multiplicaron para financiar a su partido. Y, en cualquier caso, eso no la exime de responsabilidad política como jefa del Estado. Y, por si fuera poco, está el otro litigio abierto en el Tribunal Electoral sobre el origen corrupto de los fondos de la última campaña.
Todavía, hasta mediados de marzo, pudo haber corregido el rumbo. Entonces nombró a Lula da Silva como ministro, sólo días después de que fuera llamado a declarar en relación a los sobornos de Petrobras. El propósito de blindarle era claro. Una inmunidad con sabor a impunidad. La justicia bloqueó la nominación. Ponerse en contra del poder judicial fue un error garrafal de Rousseff.
Su Gobierno se ha desmoronado con la retirada de los socios de coalición. La presidenta continuó negándose a renunciar cuando hubiera sido el mayor favor que hubiera podido hacer a su país, actualmente paralizado. Brasil con Dilma a la cabeza se ha vuelto ingobernable porque ella misma se ha convertido en obstáculo para generar consensos y alcanzar acuerdos. Luego están sus equivocaciones en la economía. No son, desde luego, motivo de inhabilitación, aunque explican las protestas populares ante el desempleo y la inflación.
Brasil padece una recesión sin precedentes desde 1930 que se esta comiendo en apenas dos años el 8 por cien de la riqueza nacional. Dos millones de parados perderán su subsidio en junio. El gigante latinoamericano está más expuesto que muchos de sus vecinos a las fluctuaciones de los precios de materias primas que representan un porcentaje mayor de sus exportaciones. Dilma no creó ésta y otras debilidades estructurales brasileñas. Un complicadísimo régimen tributario. Alta remuneración del funcionariado con pensiones grotescamente altas. Escasa competititividad local amparada por el proteccionismo y las trabas a la importación. Excesiva regularización. Pero en vez de ahorrar, la mandataria gastó más y asignó mal los recursos. Sin prestar atención a la disciplina fiscal dio prioridad a intervenciones microeconómicas cuestionables en este momento, como controlar los precios de la gasolina o subsidiar los créditos de la banca estatal. Lo que acontece es un grave síntoma de podredumbre de los poderes ejecutivo y legislativo, los partidos políticos y la clase empresarial. Sin embargo, ha afianzado dos instituciones clave: la ley y el orden. En el presente caos se está mostrando que estas instituciones sí funcionan. Y esa fortaleza se debe precisamente a los diversos proyectos implementados por Lula y su PT. El país también les debe haberse convertido, por primera vez, en una sociedad de clases medias. El problema es que los 40 millones de brasileños que salieron de la pobreza corren el peligro de volver a caer en ella.
El dirigente del PT, Rui Falcão, ha resumido la enorme tensión: "El domingo vamos a tener clima de final de Mundial de fútbol. Si ganamos, como espero, va a ser como si Brasil se convirtiera en hexacampeón; si perdemos, va a ser peor que la derrota 7 a 1 contra Alemania". La pertinente afirmación es válida para ambos bandos. La Corte Suprema no ha avalado las demandas en contra del impeachment, con lo que el Gobierno ha quemado uno de sus últimos cartuchos en su intento de impedirlo. Las esperanzas de la presidenta se desvanecen. La probabilidad de que la Cámara Baja decida a favor del juicio político es grande. Si lo hace, la ratificación del Senado es casi segura.
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