"No me consta", "no sabía", "no era consciente" o "no tenía noticia". Todas les valdrán para escurrir el bulto a Manuel Chaves y José Antonio Griñan, expresidentes de la Junta de Andalucía en su próxima comparecencia en el juicio por el conocido como "caso de los ERE de Andalucía". Les valdrá como le está valiendo a Rita Barberá, por cierto, que hoy ha comparecido ante la prensa para decir que no tiene nada que decir y que para corrupto, el PSOE. Ojalá Manuel y José Antonio le pusieran un poco de humor al asunto, un "eso lo llevaba mi marido", pero no parece probable. Más bien podemos esperar esas caras de gestores imperturbables, de hombres de Estado compungidos por el insoportable e injusto trance jurídico.
Se librarán. Por H, por B o por inocentes, se librarán. Y un día se presentarán ante las cámaras con el fallo, clamando por el intolerable juicio paralelo al que se les habrá sometido para entonces. Pero la responsabilidad penal no es la política.
El truco contable
En este sentido conviene dejar algo claro, es solo una cosa, pero es importante. El fraude de los ERE funcionaba gracias a un artificio contable que transfería fondos desde una partida presupuestaria auditada por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), en los presupuestos de la Consejería de Empleo, a otra no auditada, en el presupuesto del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). De hecho, el artificio comenzó a usarse tras cuestionar la IGJA la concesión de una subvención a la empresa cárnica HAMSA por parte de la Consejería. Desde ese momento y mediante distintas fórmulas legales, la Consejería de Empleo transfirió cientos de millones de euros a un ente público que se encargaba de asignar las subvenciones sin necesidad de cumplir los requisitos legales que sí le eran obligados a la Consejería. Esto pasaba a plena vista, con luz y taquígrafos en el más literal de los sentidos.
Consulte el suplicatorio del Supremo para imputar a Chaves y Griñán.
Las transferencias se aprobaban en Consejos de Gobierno a los que, presumiblemente, asistían Chaves y Griñán. Y pasaban por el Parlamento de Andalucía, donde presumiblemente trabajaban 109 parlamentarios dirigiendo y fiscalizando la gestión del Gobierno.
Durante diez años, no menos de 100 cargos electos (con sus correspondientes asesores y periodistas) vieron como se sacaba dinero público destinado a subvenciones del alcance de la auditoría. Durante diez años, el IFA presentó disparatados presupuestos que debían cubrir sus gastos corrientes y que encajaban al milímetro con las tranferencias previstas pero que, a la hora de la verdad, apenas se ejecutaban al 20%. El resto quedaban como meras operaciones de caja, coger de la Consejería para soltar en la empresa de turno por orden del Consejero de turno.
Diez años de anomalías contables obvias deliberadamente apartadas de los ojos fiscalizadores del IGJA y, en última instancia, del escrutinio público. Hizo falta un pacto de Gobierno con IU, para que eso que aparentemente era tan difícil de ver se manifestara de pronto, enorme y bochornoso.
La responsabilidad penal no es la política. Chaves y Griñán sabían, tenían que saber, que cientos de millones de euros públicos se invertían en subvencionar a empresas de manera arbitraria. La justicia dirá lo que tenga que decir pero "inocentes" es una palabra que les viene un poco grande. ¿Lo aceptaron?, ¿Lo soportaron? ¿Lo promovieron? ¿Lo excusaron? ¿Lo idearon? Eso es materia para la justicia. Para los ciudadanos hay bastante con lo que se sabe, que nuestros representantes (por nuestro bien, o no) esquivaban nuestro escrutinio y tensaban nuestras normas en el manejo de nuestro dinero cuando no, directamente, hacían dejación de las funciones que les hemos encomendado.
