Tras el habitual batacazo del mes de enero donde perdimos más de 57.000 empleos, febrero ha suavizado la caída y ha dado como resultado una nueva subida de 2.231 nuevos desempleados (el peor dato desde el año 2013), situando en 4.152.986 el número de personas apuntadas en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Las citadas cifras nos han arrojado algunos datos positivos: ha subido de manera significativa el número de afiliaciones a la seguridad social, mejora en los contratos indefinidos, etc. Parece ser que la inestabilidad política que nos acecha, empieza a notarse en el mercado de trabajo. Probablemente, si no tuviésemos la situación política actual mantendríamos la senda de mejoría de los meses de febrero de los dos últimos años. En un mercado tan regulado como el que tenemos, la inversiones, contrataciones de trabajadores, etc. están a la espera de que se despeje el panorama para decidir la puesta en marcha o no de sus proyectos.
Uno de los grandes caballos de batalla en los últimos días de los partidos políticos, ha sido la lucha contra el desempleo y la precariedad laboral. Hemos leído propuestas que han ido modificándose con el paso de los días. En principio, parecía que el Partido Socialista iba a derogar la reformar laboral; parece que después del acuerdo con Ciudadanos, esto se ha diluido y se va a quedar en un pequeño maquillaje que pretende no desvirtuar el hilo argumental trazado hasta ahora. Además hemos escuchado algunas propuestas interesantes relacionadas con las cotizaciones de los autónomos, reducción de los tipos de contratos, bajadas en el IRPF, etc. Esperaremos a su posterior desarrollo en caso de que se materialicen. Entre los aspectos que parece que se van a modificar de la Reforma (de momento), me gustaría destacar dos que por su relevancia, merecen una reflexión: por un lado primar la negociación colectiva sobre los convenios de empresa, supone desde mi punto de vista un gran error. imaginemos, por un momento, que en un convenio sectorial de artes gráficas, se llega al acuerdo de que todas las empresas del sector, deben suscribir un seguro de vida para todos los trabajadores, que para una empresa de 10 trabajadores, supone un coste añadido de 4.000 euros al año.
Esta empresa está sufriendo todos los meses para poder pagar sus nóminas, y de repente se encuentra con esta obligación. Lo más probable es que se vea obligada a despedir a algún trabajador o reducir alguna jornada de trabajo para poder hacer frente esa obligación que no afecta a su productividad, rentabilidad...
Por otro lado, y siguiendo con la argumentación anterior, se quiere eliminar la capacidad del empresario para abordar alteraciones sustanciales del contrato laboral de manera unilateral. Limitar esta capacidad, puede hacer que el desempleo aumente igualmente. Cuando un empresa se ve obligada a bajar un sueldo normalmente es porque, como se suele decir vulgarmente "está con el agua al cuello", y lo que se pretende con esta medida es que en vez de despedir trabajadores, se puedan ajustar salarios y mantener plantillas.
En cualquier caso, la decisión de mantener gran parte de la reforma, es a todas luces acertada, como hemos argumentado en artículos anteriores. La reforma laboral ha sido clave para flexibilizar el mercado laboral y ha contribuido sobremanera a la recuperación del empleo que se ha dado en los dos últimos años.
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