Aunque sin apenas hacer referencia al tema de un modo expreso, algunas de las medidas que se están proponiendo en la negociación para los pactos con los que se trata de formar el futuro Gobierno pueden tener consecuencias importantes para el futuro de nuestras empresas.
Partimos del supuesto de que en el modelo económico y social, que ha de caracterizar a nuestro país como miembro de la UE, la empresa ha de jugar un papel esencial. Un sistema político democrático ha de contar con empresas privadas que compitan en un mercado libre para poder ofrecer a sus ciudadanos, con la utilización más eficiente de los recursos disponibles, los bienes y servicios que garanticen su bienestar. Pero como esto no se puede conseguir con cualquier tipo de empresa privada o de mercado libre y competitivo, se necesita que haya un Estado que establezca las reglas oportunas para que las empresas, que son los agentes principales en el funcionamiento de cualquier mercado, actúen de forma que sus resultados contribuyan verdaderamente al bienestar de toda su población.
En las propuestas de los diferentes partidos que aspiran a formar el Gobierno que ha de dirigir la nueva legislatura, se echa de menos una preocupación por favorecer el desarrollo de las empresas que necesitamos para estimular un crecimiento económico que fomente la cohesión social y que pueda crear esos puestos de trabajo, tan necesarios en nuestro país.
Hemos de comenzar por reconocer que las políticas que se han aplicado en España para superar las dos recientes crisis, que tanto han afectado a los países comunitarios, han prestado más atención a los aspectos económicos que a los sociales y, por eso, es de desear que el nuevo Gobierno trate de corregir las desigualdades generadas, pero con sentido realista y el equilibrio imprescindible para que no nos precipite a una situación todavía peor que la que tenemos.
La derogación de la reforma laboral, que expresamente se ha propuesto llevar a cabo Pedro Sánchez, y las subidas del SMI afectarán muy directamente a la gestión de las empresas y, por eso, deben ser analizadas con objetividad, si se admite el papel que, según lo dicho, pueden jugar en la solución de los problemas apuntados.
Corregir la caótica legislación sobre la contratación laboral afectará a un aspecto vital para el funcionamiento de una empresa, pero querer que sólo haya un tipo de contratación es ignorar que hay negocios muy condicionados por las épocas del año, y que no todos los horarios laborales corresponden a las distintas actividades posibles. Hacer que prevalezcan los convenios colectivos sectoriales sobre los que pueden acordar los directivos de una empresa con su personal, es desconocer las singularidades que pueden caracterizar a determinadas compañías de un mismo sector. Por la misma razón, fijar un tope mínimo para los salarios de todas las empresas, en vez de complementar con ayudas públicas las retribuciones que imponen bajos rendimientos involuntarios, o impedir que la dirección modifique las condiciones de trabajo para adaptarse a los múltiples cambios del entorno, es condenar la flexibilización de una gestión que pretenda ser sostenible en el tiempo. Sería ingenuo suponer que los casos mencionados, y otros muchos que se podrían añadir, no puedan ser aprovechados injustamente por los que detentan el poder y sus allegados en estas organizaciones, causando así graves desigualdades. Por eso, en el modelo que nos hemos creado los europeos para realizar los valores de nuestra inveterada cultura, se da una gran importancia al llamado diálogo social para que esas decisiones, que afectarán de un modo o de otro a los integrantes de cada organización empresarial, sean resultados de acuerdos razonables y responsables, que no beneficien desproporcionalmente a unos grupos perjudicando al resto. Pero para que esto funcione se necesita que los responsables del personal laboral y del directivo se acomoden en sus pretensiones a las posibilidades reales de unas empresas, que ya no sólo compiten con las de su propia nación, y por tanto bajo las mismas reglas, sino con las de un mercado global con regulaciones muy distintas.
Esperemos que el nuevo Gobierno que salga de tanto pacto en vez de interferir en la vida interna de las organizaciones empresariales con reformas inoportunas, contribuya a que ese necesario diálogo entre trabajadores y empresarios estimule el desarrollo de nuestras empresas en el presente escenario de una economía globalizada.
