Desde octubre pasado estoy jubilado, aunque trabajo más porque quiero seguir aportando mi conocimiento. Para ello me di de alta como autónomo y renuncié a la mitad de la pensión mientras siga activo; pues la legislación española sólo permite compatibilizar el total de la pensión con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (9.182,70 euros anuales).
Hasta ahí todo legal. Jubilación activa o flexible. Cuando me acogí a ella sabía que estaba discriminado. Ingenieros industriales y abogados colegiados antes de un determinado año compatibilizan el cobro de su jubilación total con cualquier ingreso. Hace poco los "creadores" se quejaban porque descubrieron que lo que parecía reducido a dos profesiones se utiliza en otras por subterfugios como el cobrar a través de sus colegios profesionales y mutuas ¿por qué a unos sí y a otros no?
Luego que nadie se asombre
Como la pirámide poblacional envejece es útil que los que están en edad de jubilación y quieren trabajar lo hagan. Con sus impuestos ayudan a cubrir los gastos del Estado. Además, de lo que pagan de IRPF una parte puede ir al Fondo de Reserva de las pensiones y aliviar el problema de su desfase. En este caso los españoles no somos iguales, porque la ley es discriminatoria.
Mi pensión la he ganado pagando religiosamente las cuotas durante años (casi 40) y ahora me la reducen sustancialmente. Una discriminación que el Estado debe cambiar. No somos muchos los que estamos en esta situación, porque estoy seguro que ante tamaña injusticia otros han buscado caminos para sortear la ley: sociedades interpuestas, cobros por determinados consejos de administración (¡también exentos, toma ya!), cuando no fraude puro y duro con economía sumergida.
Y es que si hay privilegiados, cada uno se busca la forma de equilibrar su posición. Yo seguiré fiel a la ley, pero me parece una tomadura de pelo; luego que nadie se asombre si se destapan irregularidades en este campo.
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