Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, y a muchos les sangra el pie de perseverar con tenacidad en resolver problemas económicos con medidas o propuestas que, si no han causado esos mismos problemas, al menos han coadyuvado a su extensión e intensidad.
La última cumbre del G-20 en Turquía, donde ni siquiera se logró una postura común en materia de seguridad para el devenir de nuestras economías, alertó sobre la debilidad del crecimiento económico en los países desarrollados, seguido de un llamamiento a "hacer más" y de una declaración de intenciones sobre aumentos del gasto público, manejos -inconvenientes e innecesarios- de las monedas y mayor presión fiscal sobre las grandes compañías o multinacionales, ¡no vayan a alarmarse los contribuyentes en general!
Ya en la reunión de 2014 (Australia) se trataron los mismos asuntos y se propusieron 800 -sí, 800- medidas para lograr, hasta 2018, un aumento del 2,1 por ciento adicional sobre los objetivos de crecimiento del PIB -y, por supuesto, sobre el empleo-, mediante más gasto público, estímulos fiscales selectivos -sobre todo inversiones- y el aplauso a los impulsos monetarios en marcha, incesantes. Pero resulta revelador que los organismos encargados de supervisar su cumplimiento (FMI, OCDE y BM) hayan admitido en el informe de 2015 que más de la mitad de aquellos objetivos y reformas ya se han cumplido o acometido, aunque su efecto a penas se haya notado. ¿Conclusión? Reincidir y "más madera".
Terminará notándose; pero, si siguen por ahí, para mal. Se insiste en proponer estímulos de la demanda, las inversiones, el comercio... y ambas cumbres inciden en constreñir la actividad empresarial con más impuestos. No se trata de un estímulo de demanda, que de por sí es un error, por el lado de los agentes privados, sino de burdas propuestas y acciones de política económica intervencionista sobre bases analíticas falaces.
Aduciendo que las multinacionales pagan pocos impuestos, lo que no es delito si buscan las oportunidades que les permite la legislación de los países, los gobernantes han acordado endurecer todo tipo de normas, legislación o criterios para aplicar un principio que debiera eliminarse de los sistemas tributarios, por suponer confiscación más que recaudación: la doble imposición (así como la imposición en cascada). Cosa distinta es que las empresas falseen, no paguen lo que deben o incumplan la ley; pero tratar de evitar pagar o pagar menos no es per se un delito: los trabajadores rechazan a veces ascensos o cambios de trabajo por razones fiscales, lo que supone "eludir" o "evitar", pero ni es ilegal, ni es un delito.
Igual sucede con la muy aplaudida política del BCE, que ahora comprará deuda hasta de ayuntamientos o regiones (comunidades) para aumentar su impulso monetario porque pretende estimular el crédito privado, que ya estaba siéndolo y no es necesario en tal dimensión, y quiere mejorar la rentabilidad de las entidades financieras, que siguen manifestando ciertos problemas pese a que se proclama la conclusión de la crisis financiera; lo que es incierto pues se están creando las bases y elementos para que la inestabilidad en este ámbito perdure o se produzcan nuevos episodios de problemas -sin saber cuándo o en qué cuantía-. A este respecto, la política monetaria resulta contradictoria: abundancia de liquidez, enviando señales de aumentar préstamos u operaciones de negocio a los bancos, al mismo tiempo que mayores restricciones en dichas operaciones o nuevos requisitos de solvencia y riesgo más estrictos para evitar el pasado reciente, pero que restringen su capacidad operativa, de negocio y sus resultados. Efecto y motivo: la profusa y desmedida liquidez recala en los gobernantes, en su capacidad de endeudamiento, manteniendo esta locura que impide salir completamente, o al menos con fuerza, de la crisis.
Por último, un caso nativo de persistencia en el error: Abengoa. Animada por y desde el intervencionismo, las transferencias (nuestras) y las "políticas de Estado", y con una muy mala gestión económica y financiera, de la que lo anterior no es ajeno, su quiebra ha excitado soluciones de intervención pública -¿más? Sí, claro-; políticas franquistas del INI, propuestas y justificadas con los mismos argumentos (empleos, empresas auxiliares, localización y desarrollo regional, repercusiones de demanda...); y, quienes temen enfrentarse a los contribuyentes, de intervención y participación obligada de los bancos acreedores para su rescate. Es decir, de nuevo los bancos en manos de políticos (cajas de ahorro). ¿Cómo puede pedirse al sector financiero que financie los desmanes públicos, deuda o este citado, y que luego sea eficiente y realice su verdadera función: proveer de servicios financieros, crédito incluido a la economía?
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