La Dirección General de Tráfico (DGT) ha adjudicado por segunda vez la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial del permiso por puntos, una parcela de fundamental interés para los miles de conductores que, desafortunadamente y por los motivos que sean, tienen que recuperar esos puntos perdidos por diferentes infracciones.
A este nuevo concurso, como a tantos otros de concesión de una licencia administrativa, se ha podido presentar cualquier empresa respetando y cumpliendo un exhaustivo y transparente pliego de condiciones. Siendo esto así, no se entiende cómo desde diferentes ámbitos se ha podido considerar que este nuevo concurso, que releva al anterior, es el fin de un monopolio de quien era hasta ahora su concesionario -es decir, CNAE y sus asociados- ya que, como en el anterior, la Administración ha fijado libremente las reglas de juego y las empresas que así lo han deseado se han presentado con igual libertad.
En resumen, el nuevo concurso se ha hecho bajo el régimen de concesión; y por tanto el sistema no ha cambiado ni va a cambiar drásticamente en los próximos meses, como se ha llegado a afirmar con total inexactitud: el modelo es el mismo que había.
Es más, el concurso que ahora ha concluido ha dividido la licencia en cinco lotes o demarcaciones geográficas; en el anterior hubo tres, lo que admite cualquier interpretación salvo la de una modificación sustancial del sistema.
Otra coincidencia: en ambas oportunidades podían presentarse todas las empresas que quisieran, y en cada lote, una y sólo una resultaría ganadora. De modo que CNAE o cualquier otro concursante podía haber sido la adjudicataria de los cinco lotes, sin por ello merecer que la tachasen de monopolista, como algunos han hecho. En consecuencia, es falso de toda falsedad que la DGT "haya decidido abrir el negocio a nuevos actores", como alguien ha difundido interesadamente, pues no está en mano de la DGT hacer tal cosa mediante la Mesa de Contratación.
Además, CNAE -que no hay que olvidar que agrupa en 55 Asociaciones Provinciales a 8.000 pequeños y medianos empresarios que emplean a 37.000 personas- no se ha presentado al nuevo concurso en solitario, sino en el seno de una UTE integrada por ella misma, ECT, Formaster e ITT. Juntas, representan al 90% de sector de las escuelas particulares de conductores.
También hay que aclarar que la Administración había fijado, en el concurso último, un número mínimo de centros para cada lote: 270 en total (con una mejora voluntaria puntuable hasta los 295), dejando al criterio de los licitantes superar esta última cifra. Por cierto, el número de centros que propuso CNAE para el conjunto de los cinco lotes fue de 360, una cantidad muy superior a la de cualquiera de los otros concursantes. Para no hablar de la cantidad de población a la que se da servicio con al menos un centro a 30 kilómetros por carretera, muy superior en el caso de nuestra oferta.
CNAE tampoco adjudica los centros a quien quiere, como se ha llegado a aseverar falsamente. La UTE encabezada por CNAE -como el resto de las empresas concursantes- llevaba en su candidatura una serie de centros distribuidos por todo el territorio de la DGT- objeto del concurso de referencia. De modo que, sea cual sea la empresa que desarrolle el programa en cada lote, serán los centros que iban con ella y sólo ellos los que impartan la formación. O sea, de nuevo una coincidencia plena con el concurso anterior.
Por último, pero no de menor importancia, hay que hacer constar que la decisión de la mesa de contratación de la DGT -que ha adjudicado a CNAE tres lotes de los cinco lotes que salían a concurso- es recurrible, y hasta que no se resuelvan los eventuales recursos que pudieran presentarse, resulta como poco aventurado dar por hecho que tal o cual empresa llevará la gestión de tal o cual lote, como alegremente se ha publicado. De hecho, CNAE va a recurrir los resultados por lo que considera graves incumplimientos del pliego de condiciones y otras irregularidades.
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