Entre la opinión pública son pocos los que conocen qué es la Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA). Sin embargo deberían, pues al contribuyente le puede suponer un descalabro de entre 4.500 a 8.000 millones. La razón: la quiebra y liquidación de las autopistas radiales. Un precedente: debido a esta cláusula en el futuro los consumidores de gas pagarán los platos rotos del almacén Castor en el que el recibo asciende a unos 1.400 millones.
A la hora de abordar las Administraciones una obra civil, pongamos una autopista, se puede optar por dos vías. La primera, construir la infraestructura ella misma por lo que la titularidad desde el primer momento estará a su nombre y se pondrá a disposición del ciudadano para su uso de forma gratuita, al haber sido pagada con dinero del contribuyente. A esta forma se conoce como presupuestaria; frente a ella está la concesionaria. En ésta, el Estado incentiva o promueve entre el sector privado la realización de la autovía, siendo las mismas quienes pagan la obra y quienes por tanto ostentan la titularidad. En el caso concesionario, estamos ante un negocio privado donde el usuario que circule por ellas deberá pagar un peaje.
La autovía se convierte en un negocio. Como negocio que es las compañías tienen que asumir el riesgo, es decir la pérdida y en última instancia la quiebra. Las constructoras saben que, en el mejor de los casos, la infraestructura tardan en ser rentables; se tratará en este caso de hacer frente durante los primeros años a las pérdidas donde la recaudación posterior enjugará el quebranto acumulado y permitirá el saneamiento y equilibrio. Sin embargo, también saben que puede ser inviable; en este caso la ley contempla la denominada RPA; de forma que en caso de quiebra la titularidad pasa a manos del Estado y las empresas reciben una compensación por la inversión realizada. Señalan los juristas que existe razones para esta compensación, además de ser justa, puesto que sin ella habría un enriquecimiento injusto, dado que los ciudadanos tendríamos una autopista gratuita sin pagarla. En la época de la bonanza económica se llevaron a cabo obras concesionarias por, prácticamente 700 kilómetros, ostentando la titularidad de las mismas 8 empresas. Estas autovías son conocidas con el nombre de las radiales, pues alrededor de Madrid se concentran gran número de kilómetros realizados. De estas empresas, insisto creadas ad-hoc para tener la titularidad de las vías circulatorias, dos han resultado ya en quiebra y por tanto han activado la RPA. Concretamente la AP-36 de Ocaña a La Roda y en esta semana los nueve kilómetros que van de Madrid al Aeropuerto Adolfo Suárez. Ambas son las primeras, pero todas están bajo amenaza y es muy probable que los juzgados terminen dictaminando su quiebra. La factura para las arcas públicas se estima en un monto que va entre 4.000 y 8.000 millones. Todo ello teniendo presente que las compañías quebradas asumieron unos costes de más de 12.000 millones; que los acreedores de estas compañías aceptaron una quita del 50 por ciento y, como cobro, un bono a 30 años, aunque se discrepa del interés a ofrecer. Esos 12.000 millones están muy lejos de los presupuestados inicialmente por los sobrecostes sobrevenidos, especialmente por la expropiación forzosa de los terrenos. Nuevamente los famosos sobrecostes. Uno, como economista, se pregunta cómo se hacen los presupuestos de estas obras, pues de todos es conocido los problemas que genera la expropiación de terrenos y el sesgo de las posteriores sentencias de los tribunales que, generalmente, incrementan el coste de la expropiación.
Surge como siempre el enorme enfado del contribuyente que, por decisiones políticas y no de bien común, deberá pagarlas, y ya sabemos que cuando eso ocurre se buscarán responsables. Una vez más estamos ante la injerencia de los políticos en temas que el libre mercado regula muy bien. Estas radiales fueron incentivadas activamente por los políticos, que en aquella época de bonanza se les fue la cabeza sin haber realizado convenientemente un estudio necesidad y viabilidad, con la aquiescencia de las grandes constructoras y entidades financiadoras de las mismas. A nadie pueden engañar: sin la RPA estas infraestructuras, al igual que otras, no se hubieran llevado a cabo por iniciativa privada. Cualquier informe serio y preciso de viabilidad firmado por una entidad independiente y comparando el coste de otras alternativas hubieran rechazado su construcción. Cierto es que el actual Gobierno ha llevado a cabo una reforma amplia de la RPA en abril, limitando la responsabilidad al valor de la concesión y evitar los, dichosos, sobrecostes. Sin embargo, no hay ningún movimiento para crear una agencia u organismo independiente, muy importante lo de independiente, que sea quien establezca la conveniencia o no de llevar a cabo la infraestructura o posibles alternativas. Sin este instrumento, antes o después, los ciudadanos volveremos a sufrir las consecuencias de decisiones políticas exuberantes y que nos dará dolor de bolsillo a todos. Son esos organismos supervisores independientes los que garantizan que no se produzca el llamado "capitalismo de amiguetes".
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