Gran parte de la sociedad española, incluida buena parte de los medios de comunicación, sucumbe a los cantos de sirena que sobre el sistema de pensiones lanzan continuamente los tres monos sabios -políticos de toda índole, sindicatos y patronales-, que no quieren ver, oír o hablar de los problemas de un sistema quebrado y en quiebra permanente, pues financieramente es una estafa, y todo, a pesar de los esfuerzos de algunos economistas o profesionales, que como siempre terminarán siendo acusados de no percibir o alertar sobre tales problemas.
Entiendo que, para ciertos grupos de presión que se benefician directa e indirectamente de la regulación, control y administración del actual sistema de pensiones, y que no son ni los pensionistas ni los trabajadores, sea duro tener que abandonar su posición estratégica en este asunto y su resistencia, que de momento sale victoriosa, sea máxima, incluyendo falacias de todo tipo como la protección o solidaridad intergeneracional.
Más allá de gastos propios en defensa, justicia, policía y algunos administrativos, el gasto del Estado, cualquiera que sea éste, incluido el de pensiones, se ha justificado desde sus inicios como protección al desamparado o marginado. La paradoja es que ese gasto no ha dejado de aumentar desde principios del siglos XX, con especial velocidad desde el final de la II Guerra Mundial, y los marginados nunca desaparecen ni lo harán, incluso aunque no sean tantos como la izquierda pretende. Y lo cierto es que el conflicto artificialmente creado por la intervención de las pensiones y el actual sistema de reparto, entre jóvenes u ocupados que pagan y jubilados o pensionistas que perciben, es todo lo contrario a un sistema fomentador de la solidaridad, dado que esas pensiones y sus contribuciones son coactivas y bajo pena de cárcel.
Como es sabido, nuestro sistema de pensiones es de reparto, de manera que el devengo de tales prestaciones no se percibe ni por razón ni por cuantía de lo que cada uno aportó en su momento, sino en virtud y posibilidad de las aportaciones de los que en ese momento pagan cotizaciones o impuestos (ambos vienen a ser lo mismo a efectos económicos). Tal sistema de financiación es de tipo piramidal o un esquema Ponzi, de manera que la cuantía de lo percibido en la cúspide, es decir, por los que salen del sistema laboral o se jubilan, depende únicamente de la cuantía (en número de personas y en aportaciones dinerarias) pagada por los que entran en la base (actuales y nuevos ocupados). Esto hace que ese sistema de pensiones, y no cualquier otro, dependa fundamentalmente de la demografía, pero a su vez esté quebrado.
Porque para mantener las condiciones, las cuantías, los derechos, etc., prometidos originariamente (en España se establecieron a principios del siglo XX -1919- y se desarrollaron en el franquismo de los cuarenta, con Girón como ministro de Trabajo) debería preservarse una proporción de pensionistas/empleados imposible de sostener demográficamente. Un cálculo tosco de tales condiciones iniciales podría establecer una ratio de 1 a 3 para mantener un mínimo de capacidad adquisitiva en las actuales pensiones y, desde luego, con unas cotizaciones mayores -en cuantía y tiempo- de lo que ahora son. Eso supone que si hay 8,5 millones de pensionistas (el número de pensiones es de 9,3 millones, porque se incluyen diversas contingencias), deberían cotizar unos 25,5 millones de trabajadores. ¡Eso no se ha dado en toda nuestra historia laboral!
La solución por la que han optado todos los Gobiernos desde principios de los 80, con la UCD, varias veces con Felipe González, así como con Rodríguez Zapatero y, por supuesto, con Aznar (ejecutor del Pacto de Toledo) o Rajoy, quien ha establecido mejoras de la pensión del 0,25%, ha sido reducir o eliminar los derechos iniciales mediante ampliaciones en los plazos de cálculo de las prestaciones o para el propio derecho de cobro; minoración de cuantías; topes máximos; cambios de base y de fórmulas para el cálculo; retardos o ampliaciones en los períodos de jubilación, etc. Nunca la solución fue devolver el sistema de pensiones a sus verdaderos propietarios: cada trabajador.
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha sido muy criticado por aquellos que no quieren oír, ver, ni hablar de problemas en nuestro sistema actual de pensiones, pero lleva toda la razón y su aviso fue certero, dando muestras de ser un gran economista.
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