El denominado "giro social" que el Gobierno quiere darle a sus políticas en al recta final hacia las elecciones generales plantea varios interrogantes. En primer lugar, cabe preguntarse por qué se plantea ese giro. Supone un reconocimiento de que sus políticas han sido valoradas por buena parte de los ciudadanos como antisociales. De hecho, en el imaginario colectivo el Gobierno del PP se asocia con recortes, principalmente en educación y sanidad, dos de los servicios básicos más apreciados por los ciudadanos. También se le responsabiliza de las bajadas de sueldos y de aumentos fiscales que han afectado a la capacidad adquisitiva de los trabajadores y empobrecido a la clase media. Consciente del flanco tan débil en materia social, el Gobierno intenta lavar su imagen, sobre todo ante los malos resultados electorales.
Aún así, no hay mucho tiempo para lavar la cara actual del Ejecutivo. Una imagen que se ha labrado en más de tres años y medio de Gobierno difícilmente puede cambiarse en los pocos meses hábiles que quedan, que en la práctica son dos, julio y septiembre, pues durante el mes de agosto se paraliza el país y en el mes de noviembre, a más tardar se producirían las elecciones, si acaso no se adelantan a septiembre. Con tan poco margen, el Gobierno buscará titulares, pero apenas podrá ejecutar gasto significativo que pueda llegar a ser apreciado por los ciudadanos.
Además, a estas alturas el cambio de Gobierno sólo induciría desconcierto en el electorado, sin que pudiera trasladarse a medidas concretas. Por otra parte, sería como reconocer que, en la práctica, las medidas adoptadas por el equipo saliente no eran las debidas, cuando se mantiene que la política aplicada ha sido la más correcta. Habiendo cambiado las carteras de justicia, sanidad, agricultura y educación, nuevos cambios de calado sólo podrían afectar a las económicas o a otras de menos visibilidad. Si la economía se supone que está mejorando gracias a las políticas realizadas, no sería entendido que hubiera cambios en industria, economía o hacienda.
Es obvio que la mejora en la recaudación fiscal debido al desbordamiento de las previsiones de crecimiento va a ofrecer mayor margen al Ejecutivo para aplicar políticas de incremento del gasto sin comprometer en exceso los objetivos de déficit. Además, el Gobierno cuenta con un entorno de mayor flexibilidad por parte de sus socios del euro, en un entorno político que deplora la irrupción del populismo. Así, el incumplimiento del déficit, mientras no sea escandaloso, que no es previsible, será políticamente tolerado.
Sin embargo, este giro social no se transformará en más votantes. Muchos de los votos perdidos por el PP no van a volver, porque corresponden a nichos que tenía prestados por la mala gestión del Gobierno anterior. La atracción de los electores no es claro que pueda venir de un giro social, porque por mucho que ofrezca el PP más van a ofrecer otras formaciones. La estabilidad y la centralidad, junto con la utilidad del voto para frenar el avance de la izquierda radical, podría concentrar el voto centrista en el PP y para eso no es necesario más gasto social, sino excitar el miedo y hacer política, una asignatura pendiente tanto del partido como del Gobierno, que difícilmente puede corregirse con tan poco margen de tiempo. Ya se ha puesto en evidencia que la macroeconomía no mueve el voto, y aunque el Gobierno intenta trasladar la mejora macro al ciudadano, no resulta creíble que eso pueda lograrse en apenas dos meses hábiles. Luego el giro social, tenga finalmente el contenido que tenga, que es lo de menos, sólo se convierte en una idea que repetir para cambiar la percepción de los votantes, pero que apenas influirá en un reducido número de ellos.
Por otro lado, adelantar la presentación de los presupuestos es una nueva medida propagandística que repercutirá en que el Gobierno acapare los titulares y mantenga una iniciativa de comunicación sobre todas las mejoras que introducirá en el futuro. Es poner un altavoz al programa electoral en forma de medidas concretas que mucho antes de la campaña intentarán lavar la imagen del PP para presentarlo como el partido que mejor puede administrar el crecimiento para convertirlo en gasto social.
Bajar impuestos libera renta disponible siempre y cuando afecte a amplias capas de la población.
Pequeños cambios cosméticos no pueden dar resultado, así que las medidas habrán de ser profundas y extensas para conseguir un efecto multiplicador sobre el consumo y, en definitiva, la demanda. El incremento del gasto público tiene menos efecto sobre el crecimiento y el empleo, pero también contribuye positivamente. De ejecutarse una política expansiva, con cierto equilibrio presupuestario, las expectativas de crecimiento en 2016 serán claramente mejores. Vender esta vocación de gestión a los electores no es fácil, ya que este Gobierno se identifica con austeridad.
