
"La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación o patrimonio". Artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LEC).
El lector recordará la que se montó cuando un juez ordenó a la Guardia Civil que rodeara la Sociedad de Autores, como si fuera un nido de narcotraficantes. Luego encerraron a su presidente, Teddy Bautista, y las especulaciones mediáticas lo colocaron al nivel de Al Capone. Pues bien, tres años después, Bautista sigue en el limbo: ni libre de cargos ni procesado. Eso sí, la SGAE quedó destrozada.
En el caso de Rodrigo Rato, las cámaras e incluso "el pueblo" ya estaban convocados antes de que saliera de su casa hacia el coche que le llevaría al juzgado. El ojo mediático captó el humillante tratamiento y en la banda sonora se grabaron los gritos llamándole "sinvergüenza". "En la imagen del hombre demacrado, insultado por la turba y cuya cabeza, privada ya de voluntad, mete el policía en el coche como si fuera la de un títere, no hay lugar para la presunción de inocencia"( Arcadi Espada).
En efecto, el circo mediático ha eliminado uno de los más importantes derechos de la democracia y lo ha sustituido por el linchamiento moral. Quienes encomian la transparencia por encima de todo tienen la obligación de contestar a una simple pregunta: ¿quién monta esos circos?, ¿quién filtra a la prensa la hora en que comienza la función?
Tenemos derecho a saber quiénes se saltan la ley y exigimos que paguen por ello, que se les ponga en la picota y que se les expulse de la Función Pública. Jiménez Losantos se hizo el lunes estas mismas preguntas y concluyó: "Naturalmente, Hacienda es la responsable, pues de los 710 expedientes de la amnistía fiscal sólo remitió a la Fiscalía uno, el de Rato". Si es así, los odios del PP contra Rato están por encima de los de Caín y, desde luego, algo está muy podrido y no precisamente en Dinamarca.