Cuando el poder se alía con lo económico este tipo de desmanes se acentúan.
Dedicarse a la política es labor digna, sin duda sacrificada y valiente, pues en democracia supone dar la cara y ser juzgado por tus conciudadanos. Pero el político maneja auténtico poder, que aplica o usa de forma legitimada; no siempre legítima.
De ahí la importancia de que las sociedades pongamos o impongamos reglas, cortapisas, para que quienes administran, dictan las leyes o pueden condenar y apresar lo hagan con todas las garantías, mesura, sin el menor atisbo de arbitrariedad y, sobre todo, respetando los derechos que, en nuestra condición de individuos y personas ostentamos, incluso mucho antes de que el Estado existiese. Pues nuestros derechos individuales ni nos han sido otorgados por ningún Estado, autoridad u organización humanitaria o social (léase, por ejemplo, sindicatos), ni pueden estar sujetos a los votos de los demás o al albur de una regla mayoritaria. Ello es clave para entender lo de los usos supuestamente ilícitos y fraudulentos en los fondos de Caja Madrid y Bankia, que podrían no ser exclusivos de dichas entidades, realizados tanto a través del uso de tarjetas sin límite y opacas, como en la financiación de fundaciones y proyectos de dudoso fin o destino o la concesión de créditos con condiciones sospechosas o de peculiar favor, algo que por cierto realizaron en varias ocasiones las entidades financieras con partidos políticos de todo el rango ideológico, incluyendo algunos ya extintos, sin que, como siempre, haya pasado nada.
Este es un fraude de 15,6 millones de euros que, en comparación con otros supuestos fraudes, robos o apropiaciones indebidas que andan en los medios, como el caso Puyol-CiU-Generalitat (que podría afectar incluso al tripartito), lo de Andalucía (extendido en el espacio y el tiempo, en forma de régimen) o el caso Bárcenas (todo un sistema de financiación supuestamente corriente en el ámbito político), e incluso en comparación con el propio rescate por 22.000 millones de Bankia, resulta irrisorio. Pero con una repercusión de calibre al menos similar a ésos, podría resultar el caso de corrupción marginal.
Inmediatamente, cualquiera aprovecha para resaltar lo perverso del capitalismo o lo ruin que es el mercado, caracterizado en todo caso por el pillaje, el robo o el fraude. Pero esas son cualidades de la condición humana, no de un sistema institucional concreto, y de ahí mi apelación a los límites antes referidos. En todo caso, lo que nos enseña este asunto concreto de las tarjetas black es que cuando lo político, cuando el poder irrumpe o se alía con lo económico tales desmanes y robos se acentúan y tienen menos cortapisas. Máxime si la autoridad se ejerce en forma de "régimen", como en el franquismo o como ha ocurrido en algunas autonomías donde los gobernantes han mantenido el poder por décadas.
Tal fue el propósito de la Ley de Cajas, promulgada en 1984 por un gobierno socialista, con el fin de que esas entidades sirviesen como banca pública a autonomías y ayuntamientos para financiar proyectos políticos y otros que ahora salen a la luz. Dado que en esa Ley quedaba expresamente indefinido el carácter, titularidad y propiedad de las cajas, esas instituciones fueron tomadas por el poder político; verdadero poder y no, como suele decirse, el de los banqueros o las "oligarquías", quienes no pueden obligarnos a ser clientes suyos si no lo deseamos (si no quiero no entro en el Santander, en Zara o en El Corte Inglés), cosa que el Estado, el gobernante, sí.
Y no es, como también se ha publicado, que la mitad de nuestro sistema financiero, las cajas de ahorro, fuesen refugio de o tuviesen colocados a muchos políticos o afines (incluyo organizaciones empresariales, sindicatos y hasta asociaciones de impositores); no. La Ley de Cajas de 1984 establecía específicamente una estructura jerárquica, organizativa, administrativa, de gestión y hasta de control constituida por esos grupos u organizaciones, supeditando toda su gestión a dichos intereses. Lo mismo que, por cierto, sucede en las televisiones públicas.
Aparte de las responsabilidades individuales en cualquier ámbito (tributario, financiero, de gestión, etc.), la única conclusión posible de todo esto no es, como muchos proponen, nacionalizar del todo el sector financiero sino ¡nunca más las manos de los políticos o afines en ese sector (u otros)! ¡Nunca más banca pública! y sí más reglas de competencia y mercado, de las que adolece el sistema financiero y monetario. La ley de cajas de 2013 no ha terminado de paliar y aclarar o definir algunas de esas sombras.
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