La mejora económica se debe a las familias y a las empresas, no a la acción del Gobierno.
Todo aquel que intenta aguar los resultados, claros y cada vez más contundentes, de la recuperación económica que exhibe el Gobierno menciona dos graves problemas que presenta nuestra economía: paro y deuda.
El del paro no es propio de una coyuntura -aunque ésta pueda agravarlo-, ni siquiera de la profunda crisis iniciada a partir del último cuarto de 2007, pues incluso entonces, cuando nuestra tasa de paro llegaba al 8 por ciento, era de los más altos en Europa. El problema del paro es mucho más grave que eso, trasciende períodos o procesos económicos y se hunde en nuestro marco institucional y legislativo laboral. Mucho daño han hecho a nuestra economía aquellos que desde antaño han construido dicho marco y se resisten a modificarlo. Pero nuestro crecimiento y desempleo no son aspectos al margen de la deuda y su origen fundamental, el déficit.
Vaya por delante que aunque el Gobierno hace alarde de la mejor marcha en la economía no ha sido él ni las Administraciones Públicas, sino los agentes privados, quienes han cambiado tendencias y resultados, e incluso en muchos aspectos a pesar del comportamiento y las decisiones de las autoridades. Si acaso, este Gobierno ha contribuido con algunos cambios, sobre todo de tendencia, pero de forma insuficiente y timorata. Han faltado verdaderas reformas que la economía reclamaba, incluso relativas a la justicia.
El obstáculo de la deuda, que afecta a todo el tejido económico constriñendo la actividad y el empleo, es un problema tanto privado como público. La deuda privada (familias más empresas no financieras) cerró 2007 en cifras de 2,088 billones y ha llegado en torno al 240 por cien del PIB durante la crisis (2,397 billones en 2010). A febrero de 2014 y según el Banco de España, las familias mantienen una deuda de 777.801 millones de euros y las empresas de 1, 056 billones (1,833 billones). Este esfuerzo importante se ha hecho, sin duda, a pesar del Gobierno y de todas las Administraciones Públicas que, como no han reducido gastos sino que incluso los han incrementado, se han visto obligados por nuestros compromisos en Europa a compensar los efectos que ello tenía sobre el déficit y nos han cosido a impuestos, al tiempo que la deuda pública crecía exponencialmente.
Las espectaculares subidas de impuestos han dificultado sobremanera el ajuste (desapalancamiento) de unas familias que, además veían caer sus ingresos y riqueza como nunca antes, bien por el paro, bien por reducciones salariales, bien por caídas de sus activos. Y a ello se unen los efectos de una deuda pública que oficialmente es del 96,5 por ciento del PIB (36,3 por ciento en 2007), pero que en realidad sobrepasa el 100 por cien del PIB si tenemos en cuenta muchas deudas acumuladas que no se consideran según el Protocolo de Déficit Excesivo de la UE o que no se consolidan en los PGE, tales como las deudas -y los correspondientes déficit que las generan- del sector eléctrico, del sector financiero, de las empresas públicas de todas las administraciones, así como organismos o entes públicos tales como televisiones o radios..., todas ellas garantizadas por el Estado en conjunto.
Esta inmensa y creciente deuda ha absorbido gran parte de las cuantiosas facilidades de liquidez y crédito otorgadas por el BCE durante la crisis, permitiendo la financiación del conjunto de nuestras AAPP. El Estado ha dado la cara en muchos pagos a proveedores, FLA y otros, al tiempo que estrangulaba o dificultaba las posibilidades de financiación o acceso a créditos de los reducidos proyectos seguros y solventes.
El Gobierno se ha encontrado con que los costes financieros de esa deuda pública han caído. De la prima de riesgo a punto del rescate total hemos pasado a un tipo de interés en el bono a 10 años del 3,07 por ciento, más que razonable. Tal descenso no supone una mejora cuantitativa del montante total del pago por intereses. Así, la caída de la prima sirve para que el Gobierno se encuentre con una disponibilidad de fondos presupuestados para 2014 como "intereses de la deuda" que ahora dedicará a cualquier partida, desde pensiones a cualquier cosa. En año electoral, échenle imaginación. Y es que la deuda, su actual nivel y evolución, no es sino una prueba de los errores de bulto en lo político o administrativo.
La deuda pública sí es renegociable
