Si las competencias municipales pasan a las diputaciones se contratarán más servicios privados.
Una vez más se ha aplazado la reforma de los ayuntamientos, contenida en el anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y será, según parece, el próximo consejo de ministros el que la eleve al Parlamento. La Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que no oculta su disconformidad con la reforma -pese a estar actualmente controlada por el PP-, está presionando para impedir que prospere la filosofía que impregna el proyecto, que es altamente impopular y que choca con nuestras tradiciones democráticas: laminar el escalón municipal, sobre todo el del mundo de los pequeños entes locales, y potenciar el ámbito administrativo provincial, transfiriendo las competencias de los pequeños municipios a las Diputaciones, unas instituciones opacas que han sido históricamente propensas al caciquismo y a la corrupción.
La FEMP ha recordado que la Carta Europea de Autonomía Local (ratificada por España el 20 de enero 1988 y, por tanto, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno) establece que "las Entidades Locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático", en tanto que es en este nivel territorial en el que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos puede ser ejercido más directamente; pero para ello es necesario que dichas Entidades estén investidas de competencias efectivas, lo que "permite una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano".
Como es conocido, la futura norma, que aspira a evitar duplicaciones competenciales y a reducir el gasto, prohíbe a los ayuntamientos asumir competencias impropias (como sanidad o educación) y pretende que las diputaciones asuman todos los servicios que los pequeños municipios no puedan prestar a precios competitivos. Además, desaparecerán las mancomunidades y los pequeños entes locales (pedanías, parroquias, etc.), y se reducirá el número de concejales. En definitiva, se adelgazará la administración municipal, que en muchos casos sigue siendo el último apoyo público de los ciudadanos, y se engordarán los escalones más distantes de la base social. El proyecto plantea también la determinación de unos baremos de costes de servicios homogéneos para todos los ayuntamientos, lo cual es tan absurdo como imposible: dichos costes deben depender inevitablemente de la composición de la pirámide demográfica, de la ubicación geográfica del lugar, del clima, etc., etc. El municipio es la entidad que acoge directamente al ciudadano en el primer nivel de la democracia política. Alejar los centros de decisión en el caso de los pequeños y medianos municipios hasta la capital de la provincia debilita objetivamente la aplicación del principio democrático.
Máxime cuando las diputaciones se forman mediante elecciones de segundo grado, y sin que haya en ellas una representación corporativa de la ciudadanía capaz de escenificar el debate y de canalizar la crítica. Dicho esto, es claro que hay que aportar una solución a los pequeños ayuntamientos que no son autosuficientes, pero el camino más razonable no es anularlos sino impulsar las mancomunidades de servicios, fortaleciéndolas e institucionalizándolas de manera reglada, potenciando un asociacionismo que ya existe en muchos casos, aunque no ha contado con el apoyo público necesario por lo que se mantiene renqueante. Habría, en fin, que forzar la concentración municipal hasta alcanzar una masa crítica de población capaz de prestar a precios razonables los principales servicios de su competencia.
No se debería ocultar, de cualquier modo, que el trasvase de competencias a las diputaciones tiene, sin duda, un objetivo ideológico: la atribución a estos entes de muchas más tareas de las que actualmente desempeñan sin incrementar su dotación funcionarial obligará a contratar la prestación de servicios con el sector privado. Estamos, en definitiva, ante una privatización indirecta y subrepticia de los servicios básicos municipales, que no habrá sido consultada previamente con la ciudadanía.
La Federación de Municipios y Provincias, en sus documentos, ha manifestado la pretensión de que a través de este proyecto de ley se fortalezca la autonomía municipal en lugar de laminarse, pero todo indica que el camino que tiene emprendido el gobierno no va en la dirección que pretenden recorrer los propios municipios. De aplicarse el proyecto en ciernes en su redacción conocida, podría darse el caso de que una mayoría de municipios de los más de 8.000 existentes siguiera contando con una corporación municipal -el alcalde y los concejales- aunque sin competencias. Éstas estarían en manos de la Diputación, un ente que no debería responder políticamente de ellas ante sus beneficiarios.
Y en estas circunstancias, se entenderá que, pese a los sucesivos aplazamientos, el Gobierno no termine de conseguir el apoyo de sus propias organizaciones de rango municipal.
Más en Opinión
