Una de las reformas más reclamadas, dentro y fuera de España, y que más se ha hecho esperar es la de las políticas activas de empleo. En diciembre de 2010 se abrió la posibilidad de que las agencias de colocación con ánimo de lucro colaboraran con los servicios públicos de empleo en la inserción de las personas desempleadas. La reforma laboral de 2012 y en julio el Real Decreto de Medidas Urgentes, incluyendo una reforma de la Ley de Contratos del Estado, avanzaban en la línea de regular la colaboración público privada en materia de empleo. Pero lo cierto, es que hasta el momento no se ha suscrito ningún convenio. Ahora por fin, parece que se activan los mecanismos normativos y presupuestarios que harán posible una colaboración efectiva con los operadores privados.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ultima un Acuerdo Marco, en torno al cual organizar un modelo nacional de colaboración público-privada en materia de empleo. El Acuerdo Marco, al que se sumarán la mayoría de las comunidades autónomas, seleccionará con transparencia y competencia a algo más de medio centenar de agencias, capaces de actuar en todo el territorio nacional, con suficiente solvencia técnica y financiera, que serán los pilares sobre los que tejer una red de apoyo de las personas que buscan empleo.
Por fin contaremos con un mercado abierto, competitivo y eficiente, un mercado unificado, con un precio que garantice el acceso en condiciones igualitarias en todo el territorio nacional, con reglas de juego homogéneas, que persiga siempre el mismo objetivo, la inserción de los desempleados, y que asegure un trato personal y diferenciado en razón a la edad o al tiempo de permanencia en desempleo.
Por fin el sistema español de empleo se liberará de cargas y costes administrativos, para centrarse en lo realmente importante, atender a los parados y, sobre todo, en conseguir resultados. Muy pronto las personas que necesitan encontrar un empleo podrán contar con la ayuda profesional de operadores privados, podrán beneficiarse de sus muy diferentes metodologías, de su experiencia y de sus redes comerciales y de colaboración con las empresas que crean empleo.
Con nuestras tasas de paro, no podíamos permitirnos por mucho más tiempo el lujo de ser el último país de la OCDE en movilizar los recursos del sector privado para ayudar a las personas que buscan empleo. No podíamos seguir manteniendo un incomprensible monopolio público de la intermediación laboral, que no garantizaba ni eficacia, ni prestigio, ni contaba con el reconocimiento social. Era urgente, después de casi tres años, poner en marcha la colaboración público privada en empleo. Se anuncia, es verdad, un Acuerdo Marco con recursos muy limitados, unos veinte millones por año, una cantidad que habría que multiplicar por cien si queremos que tenga impacto real en nuestro mercado de trabajo. Aquí el Gobierno tiene que actuar con decisión, valorando los ahorros en el gasto en políticas pasivas que las agencias de colocación le pueden generar, asegurar que todos estos retornos se reconducen de forma inmediata a políticas activas y establecer sistemas de evaluación por resultados desde el primer día.
Es cierto que aún queda mucho por hacer, pero hoy podemos felicitarnos porque, por fin, hemos empezado a hacerlo.
Francisco Rueda Sagaseta, director de Formación para el Empleo de Élogos.
