El incremento de la presión fiscal ha sido una de las primeras medidas utilizadas por los gobiernos europeos para tratar de sanear las cuentas públicas y hacer, de esta forma, frente a la situación de crisis en la que estamos inmersos. Sin embargo, el aumento indiscriminado de los impuestos, concretamente de tipo indirecto, crea un agravio comparativo a todos los contribuyentes que, con independencia de sus rentas, soportan las mismas cargas. El resultado es una pérdida del poder adquisitivo del ciudadano que repercute negativamente en el consumo y, por ende, en la recaudación. Por lo tanto, es evidente que mayores tributos en productos de consumo no aseguran incrementos recaudatorios. Al revés, en la mayoría de los casos provocan impactos negativos en el empleo y el comercio.
De este hecho, se ha dado cuenta el gobierno danés, el cual anunció hace unos días la supresión del impuesto sobre los refrescos como parte de una conjunto más amplio de iniciativas para incentivar tanto el empleo, como el crecimiento económico. La marcha atrás en la medida responde a que el coste y la negatividad de los efectos, en términos tanto de puestos de trabajo perdidos como de caída de la economía, eran muy superiores al de cualquier beneficio esperado. Esta decisión pone de manifiesto el impacto perjudicial de determinados tipos de impuestos en la sociedad, sobre todo cuando se aplican en sectores como el de las bebidas refrescantes que juegan actualmente un papel clave como elementos dinamizadores en la economía.
La política económica seguida por Dinamarca debería servir como un buen ejemplo a otros países europeos que se enfrentan a una situación muy parecida, con una grave crisis y un alto nivel desempleo. Se trata pues, de que los gobiernos intenten reactivar el consumo para que sea éste el que genere aumentos en la recaudación y no gravar al azar productos como los refrescos pues las consecuencias pueden resultar únicamente negativas. Además, tratar de respaldar las medidas impositivas, como en el caso de los refrescos, en razones en el ámbito de la salud, lo único que provoca es un desvío de la atención momentáneo. Pues, en otros países se ha demostrado que las subidas de impuestos en las bebidas refrescantes no han logrado modificar los hábitos de consumo de los ciudadanos, como en principio se sugería. Por ello, es necesario considerar que en España, además de no reportar ningún tipo de beneficio seguro para la salud, la aplicación de este tipo de impuesto podría, incluso, poner en peligro los 63.000 puestos de trabajo que directa o indirectamente genera el sector. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que la falta de empleo es, actualmente, uno de los principales problemas que enfrenta España. Así, en estos momentos de crisis que estamos viviendo, lo que se debe exigir a los gobiernos es el planteamiento de medidas que realmente conlleven efectos positivos para la economía.
Josep Puxeu, director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra).
