En 1983 se celebró el primer centenario de la muerte de K. Marx (1818-1883), el autor del siglo XIX cuyas ideas provocaron las transformaciones más importantes en la humanidad en el siglo siguiente. En las mismas fechas se celebró el primer centenario del nacimiento de J. M. Keynes (1883-1946), sin duda el economista más influyente del siglo XX. Desafortunadamente, sólo dos tópicos de estos pensadores han quedado en el imaginario de la progresía: de Marx, que las ideas son el producto de los intereses de clase; de Keynes, las políticas de reactivación de la demanda a través del aumento del gasto público. Ambos tópicos, como ha demostrado la prueba empírica, han resultado ser tan falsos como dañinos.
En el caso de las ideas, el tópico sólo se cumple en los nacionalismos y en los integrismos religiosos. Por lo que se refiere al tópico de Keynes, su puesta en práctica en las políticas pseudokeynesianas de la demanda del último tercio del siglo XX provocó altos niveles de inflación con insoportables niveles de paro, que sólo se corregirían tras la puesta en práctica de las políticas de oferta que se generalizaron desde el inicio de la década de 1980.
Sobre la relación entre intereses e ideas tenemos, en la historia del pensamiento económico, algunos ejemplos muy ilustrativos sobre la falsedad de tal tópico, pero tal vez el más claro y relevante lo encontremos en T. R. Malthus (1766-1834) y D. Ricardo (1772-1823), dos amigos cuya honestidad intelectual les llevó a defender posiciones antagónicas en la controversia sobre las leyes de granos que tuvo lugar en Inglaterra en torno a 1810-1815, uno de cuyos resultados sería la elaboración de la teoría de la renta diferencial de la tierra basada en la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura. Pues bien, siendo Ricardo un rico terrateniente, dedicó las más duras críticas a las leyes de granos defendidas por el lobby agrario; ya que pensaba Ricardo que sólo la posibilidad de conseguir alimentos baratos a través del libre comercio de granos podría librarnos de la llegada del estado estacionario. Por su parte, Malthus, un clérigo de la iglesia anglicana reivindicado por Keynes, y que pensaba que por la naturaleza de las cosas las crisis de sobreproducción eran inherentes al sistema capitalista, veía la necesidad de encontrar una fuente adicional de demanda efectiva que sólo podía provenir del consumo improductivo de los terratenientes; de ahí su defensa de la protección de la agricultura y de las leyes de granos.
Todo esto viene a cuento por el comportamiento, cada vez más insoportable, de la casta política de uno y otro bando, así como de los opinadores que defienden cada bandería, agitando el fantasma, o más bien el espantajo lamentable de las izquierdas y las derechas o de las dos Españas.
Era patético observar al jefe de la oposición criticar los ajustes y los recortes del Gobierno por ser el producto de su ideología de derechas, que sólo pretende la depauperación de las clases trabajadoras y aumentar el ejército de reserva de los parados en el más rancio y vulgar estilo marxista, como si el partido del Gobierno estuviera imbuido de una especie de saña ibérica contra los más desfavorecidos de la sociedad; eso sí, un Gobierno siempre sumiso a las pretensiones del sector más reaccionario de la Iglesia católica.
Es cierto que el partido del Gobierno tampoco se queda corto a la hora de criticar no sólo la herencia recibida, sino también la defensa numantina por parte de los socialistas de un Estado de Bienestar insostenible. Sólo hay una cosa en la que están de acuerdo los dos partidos mayoritarios, esto es, en no renunciar a los privilegios y prebendas que les proporciona el control de las Administraciones Públicas. La oposición critica los recortes, y algunas de tales críticas son razonables, pero jamás se les escucha una sola propuesta que implique poner orden en el disparate autonómico, diputaciones y ayuntamientos.
Como hemos denunciado varias veces en estas mismas páginas, hasta ahora sólo vemos recortes, pero las reformas no acaban de llegar. Y sólo una reforma seria y profunda de las Administraciones Públicas puede reducir el gasto estructural, que es el verdadero problema. Pero es que esto, a su vez, arroja serias dudas sobre el controvertido problema del conflicto de la sanidad pública. Pues mientras persisten multitud de organismos públicos multiplicados por 17, que llevan aparejado un disparatado gasto superfluo, sin que se vean indicios de poner coto a los mismos, parece que se opta por lo más fácil, esto es, los recortes en servicios sociales poniendo en peligro la cohesión social.
Victoriano Martín, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Universidad Rey Juan Carlos.
