Es difícil comprender los acontecimientos de la eurozona para el común de los mortales. Parecía que lo único que faltaba para quedarnos tranquilos era que Draghi consiguiese del BCE la decisión de intervenir con medios "ilimitados".
Respiramos aliviados, pero dado que las intervenciones del BCE debían combinarse con las del fondo salva-Estados, el Tribunal Constitucional alemán debía dar vía libre a este fondo. Y una vez que lo hizo también se podía pensar que, por fin, podíamos estar tranquilos. Sin embargo, tras pronunciarse el Constitucional alemán los periódicos titulaban: "A Europa no le quedan más coartadas", o bien "ahora es el turno de la política".
Pero ¿cómo es posible que tras la decisión de Draghi y la sentencia alemana, que parecían decisivas, nos veamos obligados a empezar de nuevo? Quizás lo entendamos si pensamos en alguien que vive en la orilla de un torrente crecido y teme ser arrollado de un momento a otro. En el primer momento ve su salvación en quien le trae sacos de arena para levantar muros de contención, lo que seguramente será decisivo para evitar el desastre. Pero pronto comprenderá que, si no baja el nivel y la fuerza del agua, no habrá arena que lo salve.
Draghi, gracias a la vía libre del Tribunal alemán, es quien ha reforzado los muros de contención y ha conseguido incluso hacer entender a quien agita el agua para aumentar su volumen, que tenemos suficiente arena para resistir las olas y que, por tanto, es inútil intentarlo. Pero no se trata tan sólo de esto y el nivel del agua se reduce con la intervención, como suele decirse, río arriba. La pelota vuelve a manos de la política, que debe equilibrar en Europa la diferencia cada vez más pronunciada entre el nivel de integración implícito en los instrumentos aplicados en el terreno económico y financiero y el mucho más deshilachado en el ámbito político-institucional.
Una diferencia insostenible a la larga por dos razones clarísimas: la primera es que las decisiones que poco a poco deberán adoptarse para el uso de esos instrumentos confiados al actual tejido intergubernamental, es posible que no sean lo suficientemente oportunas y que se pierdan, tal como ha escrito Renaud Dehousse, en el "laberinto de decisiones" típico de dicho tejido.
La segunda es el escaso nivel de legitimidad democrática del método intergubernamental, que para remediarlo involucra siempre en el proceso a los parlamentos nacionales, lo que provoca que el laberinto sea aún más tortuoso. Debe perseguirse la unión política, y para poder salir de este laberinto debe tratarse de una unión de tipo federal. Me consuela que el presidente de la República de Italia y el presidente de la Comisión de Bruselas, Barroso, compartan esta necesidad de una "federación de Estados nacionales". La fórmula es manifiestamente ambigua, pero empieza a ir en la dirección adecuada.
Reconducción de deudas
A la política le corresponde también reconducir las deudas públicas que la alimentan a unos niveles más aceptables. No es una novedad, pero sí es importante señalarla ahora, al amparo del compromiso finalmente asumido por el BCE de utilizar el bazuca tan largamente esperado, aunque sea para que no nos ilusionemos de que con el bazuca nos basta y sobra. Pero no nos detengamos aquí, no basta que la política confirme la necesidad de no retrasar el saneamiento financiero o, paralelamente, de fomentar con idéntico compromiso el desarrollo para que la reducción del peso de la deuda empiece con el aumento del PIB.
Planteada así, la cuestión puede de hecho evaporarse en el vacío retórico y generar alineaciones basadas en contraseñas, no en propuestas y hechos concretos. Así lo ha expresado perfectamente Pascal Lamy: el dilema entre austeridad y crecimiento es absolutamente estúpido, y todo depende de las medidas que se adopten, ya que incluso puede conseguirse que el dilema desaparezca. He aquí el quid de la cuestión. Monti tiene razón cuando dice que las primeras medidas de austeridad que adoptó bajo el azote de la urgencia sólo podían tener un efecto recesivo.
Pero ahora, con el amparo del BCE, debemos ser capaces de adoptar medidas que garanticen nuestra solvencia futura, que sean compatibles con las adoptadas para el crecimiento y lo fomenten. Y es este aspecto, y no su abstracta pertenencia a la categoría de la austeridad o de crecimiento, por lo que las medidas son acertadas o erróneas.
Hace unos días estuve en Atenas y el ministro griego para la reforma de la Administración, Antonis Manitakis, un profesor no político decididamente contrario al clientelismo, me explicó su situación. Con la ayuda de los asesores de la Comisión Europea, ha puesto en marcha un proyecto de reforma dividido en varias etapas, que promete unas administraciones más exiguas, más eficientes y más capaces de producir en lugar de malgastar el PIB.
Pero los técnicos financieros de la troika le presionan para que en ningún caso comporte despidos, sin ningún interés por la funcionalidad de lo que quede. No es así como los particulares sanean sus empresas y Manitakis se pregunta a qué responde la torpeza de los funcionarios de la troika y a quién corresponde hacerles razonar. La política tiene la tarea de saber guiar las decisiones que se adopten en su nombre. Sería un buen punto de partida que las reducciones de los gastos se pensaran no sólo en función de los números sino de un uso más provechoso del dinero público.
Giuliano Amato. Primer ministro de Italia en 1992-93 y 2000-01.
