En septiembre el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2013, y la reducción de déficit público que en ellos debe operarse no va a ser fácil de aceptar por la opinión pública. Por esta razón, antes de esta presentación va a acometerse la negociación de una segunda operación de condicionamientos al rescate financiero (se acuerdan ustedes, ese que no tenía condiciones), que en la práctica es la segunda parte del inmenso ajuste de gasto que la Hacienda española debe emprender para cuadrar las cifras.
Cuando hablo con los responsables comunitarios, me indican que existe una opinión favorable acerca de la voluntad del Gobierno español de acometer las reformas necesarias, y una opinión desfavorable tanto sobre la adecuación y pericia de las medidas adoptadas (con excepción de la reforma laboral) como sobre la marcha global de la economía española y de los principales indicadores macroeconómicos y presupuestarios. La debilidad de la demanda interna, incrementada por los efectos contractivos del gasto, junto con la aparente ingenuidad del Ejecutivo sobre la inmediatez o intensidad de los efectos de algunas medidas (reforma laboral, amnistía fiscal), llena de desconfianza a nuestros interlocutores, y algunas declaraciones intentando vender como éxitos propios las obligaciones impuestas han bordeado la sensación de ridículo. Como conclusión, están dispuestos a otorgarnos el beneficio de la duda en cuanto a la buena voluntad, y no van a pasar ni una sola cifra que ponga en riesgo el cumplimiento de nuestros compromisos.
Los Presupuestos de 2013, por tanto, van a ir precedidos de una nueva tanda de ajuste. No sólo porque este Gobierno no está preparado para adoptar algunas medidas sin una suerte de camuflaje y de descarga de responsabilidades (en las autoridades europeas, en el plano de la acción positiva, y en el Gobierno anterior, en el plano de causas y culpas). También porque los Presupuestos deben ir acompañados de una previsión de liquidación del ejercicio en curso, y nuestras cifras, que ya fueron objeto de impugnación con su simple presentación, no soportan otro ejercicio de maquillaje. La desviación de los datos de déficit de comunidades autónomas, Seguridad Social y desempleo, e ingresos del subsector Estado nos van a llevar, es de temer, por encima del 6% de déficit público, y lo que conocemos de actividad económica en el tercer trimestre no hace sino confirmar los peores augurios.
Medidas espasmódicas en vez de permanentes
En todo caso, sí conviene señalar que las medidas puestas en marcha son más espasmódicas que permanentes. Pongamos como ejemplo lo sucedido con el Plan Prepara. Tendría sentido que el Ministerio de Empleo negociara con sindicatos y empresarios cómo derivar parte de las prestaciones no contributivas de desempleo hacia políticas activas, de un lado, y prestaciones familiares compatibles con empleos ocasionales para las familias más vulnerables, de otro. Ello nos permitiría tener un sistema de protección social más similar al del resto de Europa, disminuir el fraude y dar prioridad a las situaciones más necesitadas. Pero, como queremos simplemente gastar menos y hemos renunciado a gastar mejor, primero anunciamos la continuidad de la medida, para disfrazar nuestros propósitos en la mejor enseñanza orwelliana, luego la descafeinamos para reducir intensidad y costes, y después la revestimos de matices presuntamente compensadores de carencias de renta, que exigirían para ser eficaces una reformulación integral y su segregación de las prestaciones de desempleo.
Esta misma falta de densidad reformista es perceptible en la reforma laboral, que no va a reducir el principal problema del mercado de trabajo español, su dualidad, sino a incrementarla. En las reformas educativas, en las que seguimos pensando que los conocimientos tecnológicos son los propios de los peores estudiantes, cuando son todos, y especialmente los que van a cursar estudios menos aplicados, quienes deben preparar su inserción en el mercado de trabajo con un bagaje más diversificado. En las reformas sanitarias, en las que la búsqueda del ahorro se traduce en ocurrencias que ocasionarán nuevos gastos. En la falta de medidas de reforma administrativa que no se refieran sólo a la mengua de los salarios.
La falta de perspectiva y el agotamiento producido por el abuso de las muletillas más habituales, que sólo aceptan ya los incondicionales, tienen un reflejo notable en los estudios sociológicos. La desconfianza en el futuro, en los dirigentes políticos, en los empresarios, etc., puede convertirse, con esta nueva tanda de ajustes que nos espera en septiembre, en el mejor caldo de cultivo para los enfrentamientos: jóvenes contra mayores, empleados públicos y privados, parados y trabajadores... En septiembre nos aguardan nuevas reducciones en el empleo público, las inversiones de las diferentes Administraciones, y de alguna forma en el gasto en pensiones. Pero, si no se adoptan a la vez medidas indiquen que existe un proyecto más allá de la gestión de la decadencia, el tono vital de este país puede caer en la desesperación.
Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social en 2004 - 2011.
