La subida del IVA que el Gobierno había anunciado era de tres puntos en el tipo general, pasando del 18 al 21%, y de dos puntos en el tipo reducido, al incrementarse del 8 al 10%. Pero, en realidad, la subida decidida por el Gobierno es mucho mayor porque el Ejecutivo ha redefinido los productos que tributan a uno y otro tipo y, en consecuencia, muchos de los productos que lo hacían al 8 van a hacerlo ahora al 21%. Por otra parte, el impuesto de sociedades eleva el pago fraccionado para grandes empresas, y se limita la deducción por gastos financieros. Además, las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 al 21%.
Esta subida general impositiva se va a aplicar en un momento en que la crisis económica y financiera sigue traduciéndose obstinadamente en una sensible merma de la actividad y en la consiguiente generalización del desempleo, que ha alcanzado ya niveles inéditos en nuestra historia. Los menores ingresos fiscales derivados de esta situación recesiva, junto con el correspondiente incremento de los gastos en prestaciones y servicios, han estado alimentando las cifras crecientes del gasto y, por consiguiente, del déficit público que pretende limitarse. Pero el significado de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar el vacío de las arcas públicas puede ser contradictorio porque, muy a menudo, ocurre que los efectos no deseados de las decisiones legislativas son percibidos demasiado tarde y pueden ser mayores que los efectos deseados o incluso anularlos.
Consecuencias indeseadas
Cuando se sitúa en niveles muy elevados o cuando esa elevación se produce de un modo acelerado -y este último es, precisamente, el caso español-, la presión fiscal se enfrenta con problemas de resistencia por parte de los ciudadanos afectados: crece la defraudación, aumenta la tasa de morosidad y también el trabajo clandestino, se generaliza como forma de actividad económica el trueque allí donde es posible y crecen modelos de intercambio de servicios para eludir el pago de los impuestos, todo como parte de un largo etcétera de comportamientos orientados a evitar la nueva tributación mediante el aumento general del trabajo clandestino y más ampliamente de la actividad económica subterránea o sumergida.
La consecuencia indeseada, por tanto, de un incremento tributario por encima de un cierto umbral es, paradójicamente, una merma de recaudación que hace que, finalmente, vuelvan a subir los impuestos y se agraven los niveles de presión fiscal, entrando en una espiral acelerada de cese de actividad, descenso del consumo y fraude extendido, o en una cadena de indeseables efectos que puede reproducirse durante largo tiempo. Cuando la elevación de los impuestos es tan notable, la medida que los establece actúa a la manera de un caballo de Troya que esconde en su interior efectos contrarios a los que pretende conseguir.
Juan Carlos Arce, profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Autónoma de Madrid.
La subida fiscal elevará la economía sumergida
