El 2% del PIB, más de 20.000 millones de euros, es el impacto que los técnicos de Hacienda y los responsables de las organizaciones de autónomos estiman que tendrán las subidas fiscales aprobadas por el Gobierno en el aumento de la economía sumergida.
Una cifra que equivale a casi la tercera parte del ajuste total que pretende el Ejecutivo de Rajoy y que elevará el volumen global del fraude y la competencia desleal en España a una horquilla de entre el 25 y el 27% de nuestro Producto Interior Bruto, lo que traducido en euros supone entre 250.000 y 270.000 millones de euros.
Esta cantidad consolida a España como el país con mayor volumen de economía sumergida de la UE, y casi duplica la media de esta actividad fraudulenta en el conjunto de la Unión, donde es del 15%. Y el cálculo se deriva de los estudios que manejan los técnicos de Hacienda, que estiman que cada punto de subida del IVA incrementa el volumen de economía sumergida en un punto de PIB. Sin embargo esta proporcionalidad disminuye cuanto mayor es la subida, lo que, en el caso actual, permite apuntar esa estimación de 20.000 millones, similar a la que se produjo con ocasión de la subida anterior del gobierno de Rodríguez Zapatero, en julio de 2010.
Retenciones a profesionales
Pero el ajuste que nos viene no sólo toca el IVA, sino que la medida más dura ha sido el aumento de las retenciones en el IRPF a las actividades profesionales que pasa del 15 al 21% desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2013 y al 19% en 2014.
La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), las dos principales organizaciones del sector, coinciden en calificar este incremento de "abusivo y desproporcionado" y han anunciado que recurrirán judicialmente la subida.
Recurriendo a la jurisprudencia existente en la materia se comprueba que el Tribunal Supremo ya declaró nula la subida de estas retenciones al 20% en julio de 1999 (sentencia 6626/2000) por entender que el incremento fiscal era contrario al principio constitucional de capacidad económica o de pago, además de ser desproporcionada e incurrir en posibles efectos "confiscatorios". ATA y UPTA recuerdan que en el caso de los autónomos, estas retenciones se aplican sobre los ingresos brutos, sin tener en cuenta los gastos necesarios para poder realizar la actividad.
Ambas organizaciones coinciden también en denunciar el grave problema de falta de liquidez que las medidas del Gobierno van a producir en los autónomos y micropymes, que declaran por el sistema de estimación directa del IRPF.
Un colectivo que esperaba en estas fechas que hubiera cambiado el sistema de liquidación del IVA, para hacerlo efectivo en el momento del cobro de las facturas y no de la emisión, y que pensaban que se hubieran recortado ya los plazos de pagos de las empresas privadas, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Morosidad, y que se encuentran ahora con que estas medidas no están aplicadas y que deben sufrir un fuerte incremento del IVA. "Por lo que tendrán que adelantar más recursos propios a la Hacienda Pública, estrechando de esta forma su capacidad de liquidez y circulante para el pago a los proveedores y las nóminas, en su caso".
Por lo que respecta a la Seguridad Social, la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA) denuncia que las bases máximas y mínimas de cotización de autónomos subirá un 5 y un 1% en 2013, lo que implica que el Estado recaudará más impuestos de los autónomos, sin recibir ninguna prestación a cambio.
La subida del IVA ahogará a los autónomos
