Si algo parece incuestionable es que los distintos agentes que operan en el sector se han adaptado de manera exitosa a las condiciones y reglas que los mercados y los reguladores han ido marcando. Otra cuestión es que esas normas y señales dadas hayan sido las óptimas y que la situación actual sea sostenible. La regulación vigente, modificada con recientes normativas que afectan al futuro del sector de energías renovables, a la retribución de determinadas actividades reguladas como la distribución y otros recortes que pretenden contener el incremento del déficit de tarifas en 2012 no invitan al optimismo en la ardua tarea de enmienda del problema endémico del sector eléctrico español, no consiguen la contención de precios energéticos para los consumidores y para las industrias, y están lejos de permitir un escenario planificable para los agentes que operan mirando al largo plazo.
La reforma global del sector energético tiene una gran importancia para el futuro tanto de las empresas del mismo como para el tejido industrial que debe generar empleo si los precios de la energía les permiten ser competitivos. Probablemente los pilares sobre los que se construyó el modelo vigente desde 1998 tengan que ser revisados profundamente para contemplar la realidad del país. La situación es lo suficientemente complicada como para andarse con ligerezas. Hay que realizar un trabajo profundo y con vocación de perdurar al menos otros 20 años, que sirva al país y al sector. Es peligroso en situaciones de crisis querer solucionar problemas como el del déficit con decisiones que pueden terminar contaminando absolutamente todo. Y pueden echar a perder lo que sí está funcionando.
A la debilidad de los tres pilares de nuestra política energética: sostenibilidad, seguridad de suministro y competitividad, se unen otros tres grandes problemas de índole interna: la debilidad del papel activo de la demanda, el incremento de la oferta con más participantes (25.000 megavatios de energía renovable intermitente que necesitan tecnologías de respaldo) y el problema financiero del déficit. En este contexto, el ejecutivo no debería perder de vista una serie de principios en los que probablemente todos los agentes estén de acuerdo:
1. Es necesario recuperar la confianza y la seguridad jurídica parcialmente dañada. No caben medidas que impliquen retroactividad y modifiquen reglas con las que los inversores toman las decisiones. La herencia es la que es, los compromisos y derechos adquiridos en relación a la retribución, construcción o explotación de determinados activos de distribución y generación no pueden ser modificados ni minorados salvo acuerdo con las partes.
En este contexto no cabe hablar de quitas ni de beneficios llovidos del cielo, ni tampoco de primas excesivas a la potencia ya instalada o comprometida. Solo cabe negociar, intentar llegar a acuerdos que sean razonables sin vulnerar derechos adquiridos. El pasado no hay que reabrirlo.
2. Hay que evitar que el problema actual del déficit vaya en aumento. Compatibilizar el objetivo de contención de tarifas y de déficit no es posible si mantenemos todos los elementos que hoy conforman la tarifa de acceso. Por transparencia, para facilitar el mejor entendimiento del consumidor final debería aplicarse una máxima que dijera: "La tarifa debe pagar sólo y todos los costes asociados al servicio eléctrico". El cliente eléctrico paga decisiones políticas, compromisos medioambientales supranacionales y otros componentes que en parte nada tienen que ver con el kWh que consumen. ¿Y quién paga estos importes que dejarían de sufragarse con la tarifa de acceso? Difícil respuesta, no valen soluciones que parecen evidentes, cualquier medida de financiación parcial del coste de las primas a las renovables, de apoyos sectoriales (carbón nacional) o de servicios que prestan grandes consumidores deben estudiarse profundamente en un marco de equidad en el esfuerzo de los distintos sectores y sobre todo en términos de competitividad de las industrias. La referencia de nuestros socios europeos en el tratamiento de este asunto puede marcar directrices viables.
Aunque se redujeran ciertos elementos no eléctricos del cálculo de la tarifa de acceso puede que no se consiga el objetivo de déficit cero y recuperación del acumulado, por ello se hace evidente que todas las empresas del sector deben pensar en hacer un esfuerzo económico en la negociación y construcción del nuevo modelo eléctrico con el gobierno. No cabe defender ni atacar la situación actual, hay que transformarla completamente.
3. La reforma estructural del modelo debe regirse por principios que doten al sector de mayor transparencia, que fomenten la competencia y permitan que las fuerzas del mercado actúen con las menores restricciones posibles. Hace más de quince años el sector de las telecomunicaciones vendía minutos en la red fija a través de un operador dominante y a un precio fijo. Sufríamos congestiones de tráfico en determinados momentos del día, la red crecía sin parar consumiendo inversión para atender a la demanda punta. Hoy el sector de las telecos está conformado por múltiples operadores, alguno no tienen red y mayoritariamente se vende capacidad y servicios de valor añadido. Cuando se venden minutos (tráfico) los precios varían desde la gratuidad en momentos del día o de la semana de baja demanda a precios disuasoriamente. No hay un paralelismo total entre el sector de las telecomunicaciones y el eléctrico, pero no es una mala referencia para orientar algunas de las reformas estructurales necesarias.
En la situación actual de crisis económica con serias dificultades de financiación de nuevos proyectos y suficiente capacidad del sistema eléctrico (fundamentalmente potencia de generación) tiene sentido dar prioridad a políticas que minimicen la necesidad de nuevas inversiones en generación (salvo las necesarias para alcanzar los compromisos asumidos de energía primaria de origen renovable para la cual es necesario definir una senda fiable y un sistema de asignación que tenga como fin reducir costes y acercar al mercado estas tecnologías). De esta manera y como primera medida, extender la vida útil de todo el parque generador actual dentro de los límites marcados por criterios de seguridad y eficiencia económica redundando en beneficio del sistema, de las compañías y de los consumidores.
Adicionalmente, y como segunda medida, es necesario aplanar el pico de la curva de demanda que es el que condiciona la potencia a construir y el mix de generación para atender a esa punta en las condiciones más adversas. Para ello, el nuevo marco regulatorio debe permitir que al consumidor le lleguen señales de precio que desincentiven el consumo en esos momentos punta, es decir, es necesario forzar a modelos tarifarios con discriminación horaria mucho más segmentados que los actuales, que pongan de manifiesto que el coste del kWh en cada momento del día varía en función del parque generador que atiende la demanda, y cuanto más próximo sea el consumo a la punta más caro deberá ser el precio final de los consumidores. De esta manera se penaliza no al que más consume sino al que peor consume.
Pero para que las tarifas con discriminación horaria existan es necesario que el regulador fomente y anticipe al máximo la introducción de inteligencia en la red de distribución y en los contadores. Cada cliente tendrá un perfil de consumo determinado y discriminado que permitirá a los comercializadores realizar ofertas de precios diferentes en función de la curva de demanda de cada cliente y de los contratos bilaterales que sea capaz de firmar con distintos generadores, o adquisiciones que haga en el mercado organizado, para atender a su demanda específica y agregada. En este futuro, la competencia será más intensa y el propio consumidor final intentará, si se incentiva de manera razonable y se desarrolla la regulación apropiada que lo permita, generar parte de su propia electricidad, mejorar su forma de consumir y ahorrar energía
Excepto para la minoría más desprotegida que siempre debe tener acceso a la electricidad como servicio de primera necesidad, las tarifas reguladas al consumidor final deberían ser historia en breve, y entre las medidas de corto plazo procede una revisión profunda de los objetivos perseguidos y realmente conseguidos con la tarifa de último recurso (TUR) y el bono social.
Por último, los esfuerzos diplomáticos y tecnológicos tendentes a que nuestro país deje de ser una isla energética son tan importantes como las dos medidas anteriores. Incrementar lo antes posible nuestra interconexión con Europa implica tener al menos la posibilidad de dar salida al exterior a la producción de nuestras instalaciones de generación, significa que una parte del backup que hoy nos procuramos por nuestros propios medios con baja o nula rentabilidad para las empresas y con costes para el sistema también puede ser ofrecido más allá de nuestras fronteras.
Las experiencias internacionales de los países que han seguido buenas prácticas regulatorias para la introducción de reformas en las reglas de funcionamiento de los mercados de electricidad o la definición de esquemas retributivos de las actividades reguladas se caracterizan por desarrollar procesos continuos, transparentes y participativos previos a la implantación de los cambios, entre los reguladores, agentes involucrados y expertos independientes.
Francisco Álvarez-Ossorio, socio responsable de Energía en KPMG.
