El anuncio del envío al Parlamento argentino de un proyecto de ley que prevé la estatalización del 51% del capital social de YPF S. A. puede ser analizado desde diversas ópticas. Pero, teniendo en cuenta las restricciones de espacio y de tiempo, no queremos discutir tales cuestiones sin antes puntualizar lo que no puede dejarse de lado en el análisis de esta noticia:
1) Recuperar la administración de la energía (sinónimo de YPF en Argentina) apela a la percepción de soberanía nacional que tiene una fracción mayoritaria de la opinión pública y del electorado oficialista. En un contexto de fuerte caída de su aprobación como presidenta (pasó del 70 a al 55% en dos meses), un tema tan caro a los sentimientos argentinos como lo es su empresa más emblemática sirve para reencauzar el apoyo popular en uno de los peores momentos de Cristina Fernández de Kirchner desde que resultó reelegida. El anuncio persigue desviar la atención de la ciudadanía, centrada por estos días en la desaceleración del crecimiento económico y en las denuncias de corrupción que penden sobre el vicepresidente Amado Boudou.
2) El Gobierno sabe que la economía se está desacelerando y, aparte, que la energía es un problema (Argentina pasó de un superávit comercial energético de 4.000 millones de dólares a un déficit de 3.000 millones en los últimos 3 años). YPF es la empresa más grande de Argentina (es la que más factura, la que paga más impuestos, la que mayor empleo -directo e indirecto- genera, y es la marca más admirada y prestigiosa del país). Y además gana dinero. Por ello es vista por el Ejecutivo como un instrumento de política (no sólo económica) muy poderoso.
3) Pero la renacionalización conducirá a una menor inversión, a elevar algo la salida de capitales y, por ende, a mayores presiones sobre el tipo de cambio y los precios. Por otro lado, habrá que pagar las acciones... ¿Cómo? ¿Con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social o con reservas del Banco Central de la República Argentina? Porque ni el Tesoro nacional ni las provincias tienen fondos para hacerlo. Con estas consecuencias a la vista, lo más probable es que las autoridades argentinas sigan avanzando en esta dirección hacia un mayor populismo.
4) De lo anterior se desprende una conclusión central. Los anuncios del lunes enterraron un escenario hasta ahora posible (aunque a mi juicio poco probable): el escenario de cambio a tiempo de la política económica. La estatalización del 51% de YPF marca un punto de no retorno en la apuesta del Gobierno argentino por el modelo tal como lo conocemos.
5) Ahora bien, el Ejecutivo de Kirchner puede permitirse estos lujos porque tiene todo el poder, pero también porque no hay opositores. Si no hay debate, si la clase dirigente no muestra una agenda con ideas y discusión, si no aparece ningún tipo de contrapeso a la voluntad del Gobierno, no habrá capacidad de evitar más arrebatos populistas. El único escollo parece estar en la dinámica económica. En la segunda mitad de este año, cuando se termine de vender la cosecha agrícola, quizás ya la mayoría de los argentinos perciba los efectos de un modelo que cada vez tiene menos margen de maniobra: mayor inflación, menos importaciones, congestión creciente en los servicios públicos y en la infraestructura básica. Tal vez entonces aparezca la oposición.
6) La decisión de expropiar las acciones de Repsol no puede llegar en peor momento desde el punto de vista de la relaciones internacionales. Con España (y Europa) intentando salir de una crisis sin precedentes, y justo cuando las posibilidades de interacción entre empresas europeas y argentinas (latinoamericanas, en general) lucen más atractivas que nunca. Hoy, grandes empresas europeas y otras más pequeñas están analizando cómo diversificarse geográficamente, empezando por analizar el mercado latinoamericano. Obviamente, es de esperar que Argentina se quede fuera de estos flujos de inversiones.
Un hecho histórico
En síntesis, estamos frente a un hecho histórico de una magnitud solo comparable a la nacionalización de los ferrocarriles o la ley de alquileres del Gobierno de Juan Domingo Perón, las privatizaciones de los años 90 (entre las cuales YPF resultó la más emblemática), o la reestatalización y eliminación del régimen de pensiones de capitalización privada de fines de 2008. La diferencia es que ahora, como con la nacionalización de los ferrocarriles de Perón, se afectan intereses no sólo argentinos o nacionales. Está en juego la relación con el país de origen de las mayores inversiones extranjeras en Argentina y en la región.
Pero ¿puede haber una amenaza creíble proveniente de la comunidad internacional (a partir de las represalias que impulsaría el Ejecutivo español) cuando Argentina sigue con problemas de financiación en los mercados, no respeta los estatutos del FMI y hace caso omiso a los fallos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, perteneciente al Banco Mundial)? Las consecuencias las veremos en el corto y en el largo plazo. En perspectiva histórica, seguramente habrá un antes y un después de los anuncios de esta primavera que apenas comienza.
Luis Secco, economista.
