Digitalizarse ya no es una opción que las empresas puedan tomar o no, sino una imperiosa necesidad. Entre los sectores que tiran de la economía, las empresas tecnológicas brillan en el panorama bursátil con alzas cercanas al 50% en este año. La famosa recuperación en K que se produce en tecnología, transformación energética, distribución online –y no en hostelería o líneas aéreas– es una realidad que llegó para quedarse.
El problema español es que apenas contamos con empresas de tecnología. Si descontamos a Indra y a Telefónica, que pertenece más al ámbito de las telecomunicaciones, el resto de las grandes sociedades del sector son extranjeras, sobre todo de origen americano o chino.
Con todo, este no sería el problema si el resto de sociedades de sectores tan variopintos como la alimentación, la sanidad, las infraestructuras o el transporte estuvieran digitalizadas.
El escollo está en que solo las medianas o grandes empresas pueden acceder a la tecnología y más del 98% de nuestro tejido industrial está compuesto por pymes o micropymes, de menos de cinco empleados.
¿Cómo lograr que estas pequeñísimas empresas, vapuleadas por la crisis en un momento tan complicado como el presente, puedan acceder a los avances tecnológicos?
El reto de llegar al todo microcosmos de pymes será vital para el futuro. En medios próximos a La Moncloa, desde donde se distribuirán los fondos europeos, reconocen la dificultad del reparto de estas ayudas para que revitalicen de verdad el tejido productivo.
Aproximadamente, un tercio de los 140.000 millones procedentes del Fondo de Próxima Generación irá a la digitalización. El riesgo es que el dinero se quede en grandes proyectos de las empresas del Ibex sin que se produzca una capilaridad suficiente hacia sus proveedores de material o de mano de obra, reconocen fuentes oficiales.
La intención del Gobierno es que la mayor parte de estas ayudas vaya al sector privado y solo una pequeña parte se destine a la Administración pública, muy anticuada, como hemos visto en el colapso del Servicio Público de Empleo (SEPE).
¿Cómo puede competir una pyme con una multinacional a la hora de presentar un plan de modernización a Europa? Es difícil de imaginar. La Ley de Contratos del Estado no favorece precisamente a las pequeñas sociedades, como se ve en la adjudicación de las obras públicas.
En estos momentos, reina una gran confusión porque nadie sabe a dónde dirigirse para optar a estas ayudas. El Gobierno tiene que redactar unas normas y una legislación complementaria que permita que la digitalización sea común a todas las sociedades, desde el autónomo a la multinacional presente en varios países.
