Madrid
España recibirá hasta 140.000 millones de euros del programa de recuperación aprobado por la Unión Europea para hacer frente a la crisis del Covid-19. El Gobierno ha presentado un plan para gastar la primera mitad: su éxito dependerá de su concreción y las reformas que aplique.
El pasado 21 de julio, los líderes de la Unión Europea (UE) suscribieron un acuerdo histórico para hacer frente a la profunda recesión económica ocasionada por la pandemia de Covid-19. Tras una reunión extraordinaria del Consejo Europeo -de más de 90 horas de duración-, los Veintisiete sellaron la respuesta comunitaria a la crisis con un paquete de recuperación y el presupuesto para el periodo 2021-27.
Nada menos que 1,82 billones de euros, entre el marco financiero plurianual -los presupuestos de la UE-, que totalizan 1,07 billones, y las medidas extraordinarias recogidas en un nuevo instrumento para la recuperación, Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros -de los que 390.000 serán préstamos y 360.000, subvenciones-. Todo ello dirigido, como es lógico, a la superación de la pandemia, pero también a la inversión en las transiciones ecológica y digital.
El plan de Next Generation EU dedicará el grueso de sus recursos, 672.500 millones, al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de los que un 46% será en forma de subvenciones. Dichas subvenciones, que suponen 312.500 millones se asignarán en un 70% en el periodo 2021-22, tomando como referencia criterios de desempleo, PIB per cápita y porcentaje de población. El 30% restante se desembolsará en 2023, en función de la caída real del PIB en 2020 y 2021, PIB per cápita y población.
Los fondos que finalmente reciban los Estados miembros dependen de la elaboración de planes nacionales que detallen las reformas y los planes de inversión pública para los que se solicitan. El Consejo Europeo ha establecido cuatro requisitos básicos para los planes: que potencien el crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia; que dediquen al menos el 37% de los recursos a la acción climática y la sostenibilidad ambiental; que reflejen las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para el país, y que dediquen al menos el 20% a avanzar en la transformación digital.
Con anterioridad, los ministros de Finanzas de la eurozona (el llamado Eurogrupo) había acordado el 9 de abril un programa específico de respuesta a la crisis del Covid-19 con tres "redes de seguridad" para los trabajadores, las empresas y los Estados miembros. Se movilizaría un total de 540.000 millones de euros: el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) podría usar hasta 240.000 millones para prestar a los Gobiernos; el Banco Europeo de Inversiones recibiría un aumento de capital de 25.000 millones, a fin de poder prestar hasta 200.000 millones a empresas afectadas por la crisis; finalmente, mediante un mecanismo temporal llamado SURE, la UE podría facilitar un máximo de 100.000 millones a los Estados miembros para mitigar el impacto sobre el empleo. En total, la respuesta económica de Europa a la crisis del Covid-19 supera los 2.300 millones de euros.
El caso de España
Si hacemos abstracción de las razones que motivan las ayudas, se podría decir que España ha salido bien parada en el reparto. En el caso del SURE, a 25 de septiembre el Consejo de Europa había aprobado ayuda financiera a 16 Estados miembros por importe de 87.400 millones: de ellos, España recibirá un préstamo de 21.325 millones para hacer frente a los ERTE y otras medidas excepcionales. El 22 de octubre, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que nuestro país sería uno de los primeros en recibir los fondos.
Por otra parte, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE llegó el pasado 22 de octubre a un acuerdo sobre la Política Agraria Común, dentro de los presupuestos del periodo 21-27. La futura PAC -se empieza a aplicar en 2023- estará dotada con unos 390.000 millones de euros, de los que España recibirá 47.724 millones, una cifra parecida a lo percibido en el periodo anterior.
En cuanto al MRR -verdadero plato fuerte de las ayudas-, España podría acceder a algo más de 140.000 millones de euros -más del 11% de su PIB-, de los que 72.700 millones serán en forma de ayudas directas. El pasado 7 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó oficialmente su Plan de recuperación, transformación y resiliencia, orientado a movilizar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023.
La hoja de ruta del Gobierno busca alinear los fondos europeos con las "cuatro transformaciones" de su programa económico: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Además de satisfacer los requisitos europeos para su aprobación: la inversión verde supone más del 37% del plan y la transformación digital cerca del 33%. Sánchez se ha fijado el objetivo de crear 800.000 puestos de trabajo en 2023 -idéntica cifra a la prometida en 1982 por el entonces presidente, Felipe González, que se tradujo en 800.000 empleos menos-.
Las mayores partidas de este plan serán las destinadas a educación (cerca del 18%); ciencia, innovación y Sistema Nacional de Salud (17%), y digitalización de las empresas (17%). El plan impulsará 25.000 millones de euros de los fondos europeos en 2021, contempla la creación de más de 65.000 plazas de educación infantil, 1.460 unidades de acompañamiento para atención de alumnado vulnerable o la formación en capacidades digitales del 80% de la población. También acelerará en un 40% los objetivos cuantitativos del Plan Nacional de Energía y Clima, adelantando a 2023 los objetivos de 2025.
Philippe Waechter, economista jefe de la gestora de activos Ostrum Asset Management, el plan de recuperación alterará el papel de la UE, al permitirle enfocarse en sectores y regiones concretos dentro de un país. En el caso de España, el plan "será una oportunidad para impulsar la actividad en regiones que dependen demasiado de factores externos, como el turismo". Al mismo tiempo, supone un desafío doble: por una parte, ser capaz de distribuir los recursos "para mejorar la situación en muchas regiones, aparte de Madrid y Barcelona"; por otra, limitar la dependencias regionales de los servicios del turismo. "España tiene capacidad para hacerlo, pero llevará tiempo", y habrá que poner el acento en la educación para "facilitar la transición".
Los economistas Eduardo Bandrés, Lola Gadea, Vicente Salas y Yolanda Sauras señalan en su análisis para Funcas SEFO que la magnitud de los retos que el Covid-19 ha planteado en España exigirá emplear todo el arsenal de medidas expansivas, monetarias y fiscales, para reparar el daño económico y social ocasionado por la pandemia, facilitar la vuelta al crecimiento económico y "hacer frente a las reformas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos gemelos de la transición verde y digital".
Si bien la parte monetaria estaría cubierta satisfactoriamente por el Banco Central Europeo (BCE), los autores señalan que la política fiscal sigue siendo competencia de cada Estado, lo cual "significa que la crisis sanitaria tiene el potencial de convertirse en un shock asimétrico que deteriore la posición de aquellos países con menor munición para reactivar sus economías respectivas".
Por su parte, Alfonso Novales, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Carlos Sebastián, de la Universidad Complutense de Madrid, señalan en una entrada reciente del blog Nada es Gratis que "los fondos van a ser muy importantes, se van a ejecutar en un período relativamente limitado, y nuestra experiencia de gestión de programas no es precisamente buena. Muchos buenos proyectos se han visto frustrados por una deficiente gestión". Por tanto -apuntan- "tan necesario como elaborar una cuidada estrategia es hacer un buen diseño de la gestión de los fondos y, en ese sentido, es totalmente conveniente que se organice una agencia independiente capaz" de atraer profesionales cualificados para desarrollar los programas y, sobre todo, de realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas".
