España necesita invertir en actuaciones prioritarias del ciclo integral del agua, de medioambiente, de salud y educación, de accesibilidad y movilidad urbana, de transporte interurbano y logísticas 114.000 millones de euros en los próximos años, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
Al ritmo inversor actual se tardaría 136 años en realizar las infraestructuras prioritarias de medioambiente, 40 años en realizar las de transporte y ciclo integral del agua, y siete años para recuperar el déficit inversor acumulado en las de salud y educación. Las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses "no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión en infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos", advierte la patronal de las grandes constructoras.
El sector demanda un pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas para la aprobación de un plan general de infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios de rentabilidadeconómico-social, establezca las prioridades y su financiación.
"No asumir este desafío inversor no es una alternativa responsable, pues los efectos de no afrontar la realización de las infraestructuras prioritarias, aparte del pago de multas que podrá imponer la UE por incumplimiento de nuestros compromisos en depuración de agua y medioambiente -las primeras ya han llegado este verano-, se traducirán en pérdida de competitividad, afectando a sectores clave como el turismo y las exportaciones, pérdida de impulso económico y de empleo, y reducción de los ingresos fiscales, repercutiendo todo ello negativamente en el bienestar social de todos los ciudadanos", ha alertado la organización que preside Julián Núñez.
En este escenario, el sector privado considera que el Estado y las Comunidades Autónomas deben valerse de otras fuentes de financiación extrapresupuestarias para la realización de sus planes de inversión en infraestructuras, impulsando de forma decidida las fórmulas de colaboración público-privada, cada vez más extendidas entre los países más desarrollados, aprovechando las circunstancias favorables existentes en los mercados financieros y el marco legal que ofrece la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Tras ocho años de consolidación fiscal, la inversión pública en infraestructuras no ha hecho más que reducirse, destinándose hoy 31.000 millones de euros al año menos que en 2007, al soportar el 46 por ciento del ajuste total operado en el gasto público. Como consecuencia de ello, la inversión en infraestructuras representa hoy un porcentaje sobre el PIB equivalente al de 1979. Ello ha provocado que las necesidades de infraestructuras prioritarias, las que España debe afrontar en el corto y medio plazo, se hayan incrementado.
En los informes encargados a A. T. Kearny y Sener, Seopan concluye en la necesidad de implementar más de 800 nuevas actuaciones, yaplanificadas, de 121.000 millones de euros de inversión, y seleccionadas en base a criterios de rentabilidad socio económica y de cumplimiento de las Directivas y normativa nacional. A pesar de la mejoría de 2017, el ritmo de licitación y contratación actual de las Administraciones Públicas se demuestra insuficiente para resolver el déficit inversor. El año pasado, el volumen de contratos ascendió a 292 millones, lo que implica que aún se tardarían 39 años para alcanzar los objetivos establecidos para 2021.
En el ciclo integral del agua destacan 510 actuaciones prioritarias de 12.000 millones con terminación programada en 2021 y de las que más de la tercera parte, el 37 por ciento, "son de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones de la Comisión Europea (CE)", expuso recientemente en el Congreso de los Diputados Julián Núñez. Cinco tipologías representan el 85 por ciento de la inversión anterior. Las más críticas corresponden a saneamiento y depuración, con 3.500 millones. Les siguen regadío (2.900 millones); conducciones (2.000 millones), presas (925 millones; e ingeniería fluvial (905 millones). Hasta 2033, las necesidades en este segmento se elevan hasta 23.781 millones.
Acometer su realización en un nuevo Plan Nacional de infraestructuras hidráulicas proporcionaría un beneficio social de 52.000 por ciento durante su periodo de vida útil, explicó. Resolver el déficit inversor hidráulico, permitiría a España incrementar la competitividad y exportación en productos de alto valor añadido, y, al mismo tiempo, preparar al sector agroalimentario para atender un aumento del 50 por ciento de la población global hasta 2050.
"Somos uno de los países europeos con mayor superficie bajo estrés hídrico severo, pero tenemos unas tarifas de agua equivalentes a la mitad de la media europea", señaló Núñez. Según la OCDE, "somos el único país desarrollado cuyas tarifas no cubren los costes de saneamiento y distribución, incumpliendo la Directiva Marco del Agua; y todo ello, es consecuencia de no disponer de un modelo homogéneo de gestión en todo el país, lo que ha generado, la variabilidad de tarifas más alta de toda Europa".
El pasado 25 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país. Los jueces europeos condenaron a España a "abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso", según un comunicado del Tribunal. La Corte declaró por primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011, después de que la Comisión Europea presentara un recurso contra el país al haber comprobado que 43 municipios españoles con más de 15.000 habitantes no disponían de sistemas colectores ni de tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Por su parte, las infraestructuras de medioambiente en lo relativo al tratamiento y valorización energética de residuos constituyen otro déficit inversor pendiente de resolver en España. Actualmente las ciudades españolas generan más de 20 millones de residuos cada año, de los que casi cinco millones y medio se depositan directamente en vertedero sin tratamiento alguno, contraviniendo con ello las directivas y normativa nacional. Algunas regiones no disponen siquiera de plantas de tratamiento con una tecnología adecuada, y en otras donde si está planificada su construcción, se va omitir la valorización energética de los rechazos por razones de coste e insuficiencia de recursos públicos.
Movilidad urbana
Al ritmo actual de contratación, de 48 millones anuales, España tardará 136 años en conseguir el objetivo de inversión para 2020. En la comparativa con los países europeos, el resultado es esclarecedor: 20 euros por habitante, frente a los 53 euros de media de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, lo que representa un 62 por ciento menos. España es el país que menos residuos genera de los cinco. Sin embargo, está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos con sólo el 39 por ciento de residuos urbanos y el 89 por ciento de residuos industriales tratados, frente al 66 por ciento y el 96 por ciento, respectivamente, de media de los países. En este contexto, la CE ha denunciado que existen 61 vertederos ilegales que funcionan sin supervisión. Continúa todavía sin proyectarse, aprobarse o iniciarse la mayor parte de las obras necesarias para su clausura, sellado y restauración.
Conseguir el objetivo de vertido directo cero y además valorizar energéticamente los más de ocho millones de toneladas anuales de rechazos procedentes de nuestras plantas de tratamiento requiere invertir más de 6.500 millones, de acuerdo con las estimaciones de Seopan. Ello sin duda contribuiría a reducir la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas dado que en protección del medioambiente España invierte actualmente en términos de habitante un 62 por ciento menos.
También la inversión en infraestructuras de transporte tiene una incidencia clara sobre el medioambiente. En este sentido, mejorar la accesibilidad urbana de nuestras infraestructuras (38.000 millones de euros) facilitará el objetivo vinculante de la Unión Europea (UE) para reducir en 2030 un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los niveles de 1990. Y Bruselas ha aprobado recientementeuna propuesta para reducir las emisiones de CO2 en vehículos y furgonetas un 35 por ciento por debajo del objetivo marcado para 2021 (95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido).
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