Decir energía es equivalente a decir medioambiente. O mejor dicho: decir energía es equivalente a decir cambio climático, ya que el 80 por ciento de las emisiones de efecto invernadero que lo provocan -el CO2, el metano y otros gases- son resultado del consumo de combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas natural- y es imperioso sustituirlos por otras fuentes de energía sin emisiones.
Es el reto que se afronta con la llamada Transición Energética, que alcanzó un punto de no retorno tras el Acuerdo de París de 2015, que vincula a 195 países y persigue contener el calentamiento de la temperatura planetaria por debajo de los dos grados centígrados al final del presente siglo.
Los estados signatarios de París han anunciado objetivos de reducción de emisiones y y se han comprometido a cumplirlos con actuaciones concretas -aunque la ONU acaba de alertar de que son insuficientes-, para las que están articulando las políticas que deberían permitir alcanzarlos. La UE, concretamente, tiene el objetivo de reducir un 40 por ciento sus emsiones de CO2 en 2030 en relación a los niveles de 1990; con vistas a 2050 quiere reducirlas un 90 por ciento.
Objetivos de carbono y energía
Para alcanzar esos objetivos de reducción de CO2, la UE ha marcado objetivos secundarios para sectores económicos concretos, como el industrial o el eléctrico -sujetos al mercado europeo de compraventa de CO2- y para los llamados sectores difusos, como el transporte o la edificación, que vinculan directamente a los Estados. En el caso de España, el país tendrá que reducir el CO2 difuso en un 26 por ciento.
Adicionalmente, los socios comunitarios han aprobado objetivos concretos para la penetración de las energías renovables -el 32 por ciento de la energía consumida- y la eficiencia energética -reducir un 32,5 por ciento el consumo tendencial- y están en proceso de culminar un paquete legislativo para alcanzarlos.
Así, España lleva más de un año trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética -cuyo primer borrador saldrá pronto a información pública- que, con carácter transversal, debe alumbrar un marco de refe- rencia para reducir al máximo las emisiones de carbono de la economía. Y antes de que termine el año debe remitir a Bruselas el primer borrador de un Plan intergrado de Energía y Clima en el que se detallen las medidas que se van a acometer hasta 2030 para cumplir los objetivos referidos.
El Ministerio de Transición Ecológica, además, está trabajando en lo que denomina Estrategia de transición justa, que no deriva de la normativa comunitaria, para proteger a la población de los territorios que sufrirán la parte negativa del proceso de cambio, como las comarcas de la minería de carbón.
A grandes rasgos, el Ministerio quiere facilitar la canalización de unos 100.000 millones de euros de inversión, a cambio de los que se produciría un ahorro de unos 400.000 millones, en los que las importaciones de energía tienen una peso muy relevante.
Ahora bien, para cumplir los objetivos es necesario incrementar el consumo de electricidad, porque las tecnologías renovables que pueden permitirlo de un modo asequible son eléctricas: la eólica y la solar fotovoltaica.
Si en la actualidad la electricidad representa alrededor de un 25 por ciento de los usos finales de la energía, a finales de la próxima década debe incrementarse hasta casi el 40 por ciento, lo que implica una importante electrificación de los usos térmicos, mediante las bombas de calor -los aires acondicionados, también usados como calefactores-, y del transporte, con los vehículos eléctricos.
Así pues, todo el sector energético está en ebullición, al calor de las inversiones en nuevas instalaciones de generación limpia -la ministra Teresa Ribera baraja construir de 6.000 MW a 7.000 MW renovables al año, unos niveles inéditos- y en nuevas redes para absorber su producción verde y gestionar unos flujos energéticos crecientes y multidireccionales, donde la generación distribuida tendrá un papel relevante.
A la par, los perjudicados tratan de minimizar el impacto venidero y de ganar tiempo para acometer el cambio, mientas que se mantienen grandes incertidumbres, como el futuro de las centrales nucleares o las herramientas que se aplicarán para orientar las decisiones del mercado, donde descuella la fiscalidad. Obviamente, no todos parten de la misma situación ni abordan la transformación de la misma manera.
Entre las empresas eléctricas, Iberdrola sale con ventaja; lleva años invirtiendo en energías limpias -es el primer productor eólico del mundo y también el mayor emisor privado de bonos verdes- y ha abrazado totalmente la filosofía de la sostenibilidad, hasta el punto de querer cerrar plantas térmicas rentables por sus elevadas emisiones. Entre sus últimas actuaciones con vistas al proceso de transición destaca el lanzamiento del mayor plan de despliegue de puntos de recarga de vehículo eléctrico, 25.000, con 200 de recarga rápida, uno cada 100 kilómetros en las principales vías del país. No ha participado en las últimas subastas de renovables por desconfianza en relación al marco regulado, pero sigue creciendo en energías limpias, sobre todo con contratos de compraventa de energía.
Endesa, tras vender muchas de sus instalaciones renovables a Acciona y haber incorporado, posteriormente, centrales limpias de su matriz, Enel, está volcada en la generación limpia: ya instala los 879 MW que se adjudicó en las subastas y tiene planes para desplegar 4.000 puntos de recarga para vehículo eléctrico.
Por otro lado, es la empresa más afectada por el cierre de las centrales térmicas de carbón, responsables de casi el 60 por ciento de las emisiones del sistema eléctrico.
El gas, clave en la transición
Naturgy mantiene una posición doble. Por un lado, quiere crecer en generación limpia -se adjudicó 917 MW en las subastas- y, por otro, poner en valor el gas natural como gran vector de la transición energética, desde el momento en que es el combustible fósil menos contaminante, tiene recorrido en vehículos de GNL y las centrales eléctricas de gas se revelan como indispensables para garantizar el suministro en un escenario muy elevado de penetración de renovables intermitentes. Además hay usos térmicos industriales -en la actualidad representan el 60 por ciento del consumo nacional de gas- que no parecen fáciles de electrificar.
A estos mismos hechos se refiere Enagás, el gestor técnico del sistema gasista. También busca potenciar las infraestructuras del país, como las regasificadoras, que pueden ser claves para alimentar un transporte marítimo muy contaminante y dependiente del fuelóleo. Y se interesa por las renovables no eléctricas, como el biogás, y por el hidrógeno como opción para almacenar electricidad puntualmente excedentaria.
REE, operador del sistema eléctrico, ya ha anunciado su deseo de duplicar con creces su ritmo inversor anual en España -limitado por la regulación- hasta los 7.000 millones en 2025, precisamente para absorber el enorme desarrollo previsto de fuentes renovables. Algún análisis de prospectiva indica que considerando tanto las redes eléctricas de alta como las de baja tensión, habrá que invertir más de 35.000 millones hasta el año 2030, incluyendo en esa cifra su digitalización y la electrificación de transporte y los otros usos energéticos finales.
Por el lado de las petroleras -a priori en el bando de los perdedores en el proceso de transición energética- se está produciendo un cambio relevante en el modelo de negocio; a fin de cuentas, son suministradores de energía y quieren seguir siéndolo en un futuro, con independencia del tipo de energía que suministren.
El caso más claro es el de Repsol. La empresa -ya más gasista que petrolera por el tipo de hidrocarburo que explota-, ha entrado con paso firme en el mercado eléctrico, adquiriendo activos de generación de Visego y una importante bolsa de clientes. Igualmente, está comprando instalaciones renovables y toma posiciones para alcanzar una cuota del cinco por ciento en los mercados minoristas de gas y electricidad en 2025. En el ámbito de la movilidad, sin olvidar los vehículos de GLP, participa en varias iniciativas de recarga eléctrica y movilidad compartida.
Cepsa y BP, las otras dos petroleras con cuotas relevantes en España, no están tan avanzadas en el cambio de modelo, aunque la primera ya comercializa electricidad e invierte en renovables, mientras que la segunda apuesta por la inversión en los combustibles tradicionales para reducir sus emisiones, teniendo en cuenta que segurián teniendo mucho peso durante años.
En un país como España, en el que la industria del automóvil representa algo más del 10 por ciento del PIB, la electrificación del parque de vehículos tiene una importancia enorme. Y en este punto los fabricantes hacen piña con las petroleras: aunque se preparen para el cambio, piden prudencia, alertan del riesgo de pérdidas de empleo y de tejido empresarial -sobre todo en la industria auxiliar- y reclaman un enfoque tecnológico neutro, con un buen tratamiento de incentivos y penalizaciones.
Pequeños y medianos actores
El proceso de transición energética y de electrificación, por otro lado, propicia la aparición de numerosos actores de mediano y pequeño tamaño, tanto en el ámbito de la generación renovable convencional -desde firmas como X-Elio hasta Forestalia, ganadora de las últimas subastas de renovables- como en el ámbito de las pequeñas instalaciones y los servicios energéticos, en el que las inmobiliarias, las ingenierías y los instaladores tienen un tremendo recorrido.
Mención aparte merecen los fabricantes de equipos -como Siemens Gamesa o Ingeteam- y las constructoras, que han encontrado en el desarrollo de proyectos un campo abonado para el desarrollo; ACS, sin ir más lejos, se hizo con 1.550 MW solares en la última subasta.
Pero entre las constructoras destaca Acciona. A caballo entre las infraestructuras y la energía, también ha hecho bandera de la sostenibilidad; de hecho, sólo genera electricidad con fuentes renovables. No ha participado en las subastas por recelo con el marco regulatorio, pero también prevé crecer en España al margen de la regulación.
