España afronta el reto de la Agenda 2030 con el desafío de acometer inversiones por más de 130.000 millones de euros en infraestructuras relacionadas con el medio ambiente, según las estimaciones del sector privado. Para ello, los fondos europeos se revelan capitales.
España afronta en los próximos diez años el reto de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 que, en 2015, aprobaron 193 jefes de Estado y de Gobierno de distintos países de Naciones Unidas en Nueva York. Para alcanzar estos objetivos, España debe invertir en infraestructuras más de 157.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos realizados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).
En este desafío emerge como una oportunidad histórica el Plan de Recuperación de la Unión Europea (UE), con el que se pretende salir más fuertes de la pandemia, transformar la economía y crear oportunidades y trabajos para Europa. El Fondo Next Generation contenido en este plan tiene una dotación para todos los Estados miembros de 806.900 millones de euros. El presupuesto a largo plazo de la UE será el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa. Un total de 2,018 billones de euros a precios corrientes ayudarán a reconstruir la Europa posterior a la Covid-19. Será una Europa más ecológica, más digital y más resiliente.
La lucha contra el cambio climático toma un papel primordial, con el 30 % de los fondos de la UE, el mayor porcentaje en la historia del presupuesto europeo
En esa reconstrucción, la lucha contra el cambio climático toma un papel primordial, con el 30 % de los fondos de la UE, el mayor porcentaje en la historia del presupuesto europeo. Del volumen total entre el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y el Fondo Next Generation, el capítulo de recursos naturales y medio ambiente recibirá casi 420.000 millones de euros (401 000 millones de euros del MFP y 18.900 millones del Fondo Next Generation).
En el caso de España, el Plan de Recuperación de la UE le asigna una dotación cercana a los 140.000 millones de euros, repartidos prácticamente a partes iguales entre ayudas directas y préstamos. La digitalización y la sostenibilidad son los elementos protagonistas de las inversiones financiadas por la vía del Fondo de Reconstrucción. Se abundará así en una estrategia encaminada al cumplimiento de los ODS, en un contexto en el que España ha de multiplicar los recursos puesto que en algunos casos incluso la falta de infraestructuras está provocando sanciones por parte de las autoridades comunitarias.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar una multa de 12 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas en 17 núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes, que incluyen a municipios de Asturias, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, así como a la aplicación de otros 11 millones de euros€ por semestre de incumplimiento, en caso de no haber revertido esta situación. Posteriormente, la Comisión ha instado nuevamente a España, en febrero de 2020, a que cumpla los requisitos de la Directiva ya que, a pesar de algunos avances, no prevé que cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo, y le envía un dictamen motivado solicitando que acelere el cumplimiento. Así, la multa a España por la falta de depuración de las aguas residuales supera ya los 53,4 millones de euros y este importe seguirá creciendo semestre a semestre si no se adoptan medidas con carácter urgente.
Ecosistemas
Las inversiones necesarias estimadas por Seopan para infraestructuras, a ejecutar durante el periodo 2021/2030, generarían 144.870 millones de euros? de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 millones.
Dentro de los 157.000 millones se incluyen 23.600 millones de euros para resolver las carencias en hospitales y ampliar la capacidad sanitaria, además de reducir las víctimas por accidentes de tráfico. Excluyendo esta cantidad, que tiene una relación más alejada de las infraestructuras destinadas a la mejora del medio ambiente, el volumen de inversiones estimado por la patronal de las grandes constructoras se sitúa en aproximadamente 133.400 millones de euros.
Unas necesidades que derivan de los limitados volúmenes de inversión realizados por España en comparación con el resto de economías desarrolladas. Así, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea correspondientes a 2019, la inversión en protección del medio ambiente por parte de las Administraciones Públicas españolas establece un nivel de 24 euros por habitante, en la misma línea que el registrado en el periodo 2011-2018. Esto representa un nivel de inversión un 47% inferior al de la Unión Europea. Una distancia que se hace aún mayor, hasta el 53%, si se compara con las cuatro mayores economías europeas. En el quinquenio precedente, al inicio de la consolidación fiscal, en España el ratio de inversión por habitante en protección del medio ambiente fluctuaba entre 56 y 73 euros por habitante, habiéndose reducido la inversión por este concepto en más de un 62%. Esto explica que España también lidere el ranking europeo de sanciones ambientales abiertas por la Comisión Europea, superando ya a Grecia en el número de expedientes de infracción abiertos (30) en 2020.
La solución a estos problemas requiere no solo de la implementación de medidas de gestión, sino también de medidas urgentes estructurales inversoras. Según Seopan, revertir drásticamente esta preocupante situación medioambiental requiere invertir en torno a 3.500 millones de euros en más de 190 actuaciones en depuración lo que, además de cumplir la normativa europea, beneficiaría a más de 2.100.000 personas (900.000 viviendas), proporcionando un beneficio social medido por la mejora de la calidad ambiental del agua de 52,5 millones€ cada año.
En el marco de los fondos Next Generation, Seopan y Tecniberia elaboraron un informe detallado y más acotado en sus prioridades en el que se recoge un plan de inversiones en infraestructuras por valor de 100.428 millones de euros a través de la colaboración público-privada. Con ello pretenden maximizar los fondos europeos Next Generation. El programa se compone de 10 macroproyectos tractores, con más de 2.277 actuaciones, que requerirían 12.740 millones de euros del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) y 87.649 millones de la iniciativa privada. Su viabilidad está supeditada a que el Ejecutivo modifique las limitaciones a la rentabilidad que impone en la actualidad la Ley de desindexación de la economía española.
Los 12.740 millones que Seopan y Tecniberia reclaman de los fondos europeos representan el 17,8% de los 71.604 millones totales
Seopan y Tecniberia diseñaron el plan, susceptible de ser ampliado con más actuaciones, que permitiría generar 30.000 nuevos empleos en ingeniería y 1.396.498 en construcción. Asimismo, estas inversiones generarían, según los cálculos de las patronales, un retorno fiscal de 46.292 millones de euros y una actividad económica inducida de 190.583 millones.
Los 12.740 millones que estas organizaciones reclaman de los fondos europeos representan el 17,8% de los 71.604 millones en subvenciones que recoge el programa Next Generation a través de sus diferentes mecanismos. Este dinero se complementaría con la inversión privada, a través de la participación de fondos de inversión, de pensiones y soberanos y de las entidades financieras.
Los 10 macroproyectos tractores identificados en el plan son los siguientes: rehabilitación de viviendas y regeneración urbana; depuración de aguas y redes de saneamiento; prevención de avenidas e inundaciones; plan de residuos; transporte público; transporte ferroviario de mercancías; movilidad urbana; movilidad segura, conectada y sostenible; Equipamiento público y refuerzo de infraestructura sanitaria y transformación digital y ecológica del sector de la construcción.
Para rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, el plan contempla una inversión de 15.000 millones de euros, de los que 6.000 millones (el 40%) procederían del MRR y 9.000 millones de fondos privados que deberían contar con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se instrumentaría a través de iniciativas con al menos 500 viviendas para tener un alcance de 750.000 rehabilitadas hasta 2023. Las líneas de inversión pivotarían en cinco ejes: accesibilidad y habitabilidad, eficiencia energética (envolvente térmica), eficiencia energética (climatización eléctrica), autoconsumo de electricidad e infraestructuras para la movilidad eléctrica.
Agua y residuos
Para depuración de aguas y redes de saneamientos, la propuesta asciende a 3.810 millones, de los que únicamente 470 millones provendrían del MRR. Del total, 3.417 millones corresponden a 191 acciones en depuración y 393 millones a 22 en abastecimiento, conducciones y reutilización. Las patronales advierten de la urgencia de invertir en este segmento ante el incumplimiento de la Directiva Marco, de manera que sólo el 32% de los municipios de España con menos de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios. En el área de prevención de avenidas e inundaciones, el plan contempla 1.397 millones, con 1.112 millones de subvención europea. Del total, 797 millones serían para 127 medidas de prevención, íntegramente soportada por dinero público, y 599 millones para la construcción de 20 presas, en la que la iniciativa privada aportaría 285 millones. Mientras, el plan de residuos elaborado por las patronales implica 5.390 millones, repartidos en 4.312 millones en plantas de valorización energética, y 1.078 millones en plantas de tratamiento. Los fondos europeos se harían cargo de apenas 270 millones.
Por último, el macroproyecto de transformación digital y ecológica del sector de la construcción aborda necesidades por un volumen de 750 millones, completamente subvencionado por los fondos europeos. El sector de la construcción, que tiene una producción anual de más de 124.00 millones de euros y ocupa a 1.770.000 trabajadores directos, considera que, al igual que otros, y en base a su relevancia económica, debe incorporarse al proceso de transformación digital para ganar competitividad y productividad en grandes empresas por su capacidad de arrastre y pymes. En este punto, apunta inversiones en digitalización de entornos (150 millones), digitalización de infraestructuras lineales (50 millones), robótica en la construcción (250 millones), economía circular (200 millones) y materiales (100 millones).
