Madrid
El pasado 11 de diciembre, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, definía alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 como "la misión mundial más urgente" en el marco del quinto aniversario de la aprobación del Acuerdo de París. Guterres emplazaba a "cada país, ciudad, institución financiera y empresa" a adoptar planes para llegar a las cero emisiones netas y a actuar ahora para "reducir las emisiones globales en un 45% en 2030 respecto de los niveles de 2010".
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) realiza cada año un informe para medir los avances en la reducción de emisiones. En su último trabajo, relativo a 2020, este organismo apunta a un "breve descenso" debido a la pandemia de Covid-19, descenso que, no obstante, "no tendrá un efecto significativo" sobre el cambio climático a largo plazo.
Que se requieren más esfuerzos es ya algo obvio. El PNUMA alerta de que, pese a los avances, el mundo se encamina a un "catastrófico" aumento de la temperatura global en este siglo, de 3 °C. El Acuerdo de París establecía un límite de 2 °C y un objetivo deseable de que el calentamiento no superara los 1,5 °C.
La buena noticia, de acuerdo con Naciones Unidas, es que el objetivo de cero emisiones netas en 2050 es factible, porque la tecnología requerida para ello ya existe y es asequible. Muchos Gobiernos están actuando ahora en la dirección correcta. La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, juntamente con otros 110 países, se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050; China se ha dado de plazo hasta 2060.
Una de las medidas fundamentales en el camino a la neutralidad es la transición energética: sustituir en todo el mundo la generación por carbón -pero también las plantas de petróleo y gas- por fuentes de energía renovables. La generación limpia no solo tiene ventajas medioambientales, sino que, generalmente, es más barata que la producida con combustibles fósiles.
La electrificación del transporte es otra pieza clave. Además de suponer una reducción drástica de las emisiones, contar con medios de transporte eléctricos -alimentados con energía renovable- tendría el beneficio adicional de minimizar la contaminación del aire en las grandes ciudades. Y los vehículos eléctricos son cada vez más asequibles y eficientes.
Disminuir el resto de emisiones exigiría medidas más controvertidas. La agricultura representa algo más del 18% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Teniendo en cuenta que el ganado produce significativas cantidades de metano, una de las fórmulas más eficaces para minimizar el impacto del sector sería comer menos carne y, en consecuencia, promover una alimentación más basada en productos vegetales.
El plan de la Unión Europea
El pasado 11 de diciembre se presentó el Pacto Verde Europeo, la "hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible". Entre sus principales elementos figuran la Ley Europea del Clima, que consagra en una ley el objetivo de neutralidad climática para 2050; el Pacto Europeo sobre el Clima, que pretende que los ciudadanos y todas las partes de la sociedad se comprometan en la acción por el clima; el Plan del objetivo climático para 2030 con vistas a seguir reduciendo las emisiones netas de GEI en un mínimo del 55% de aquí a 2030; y la Nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE para hacer de Europa una sociedad resistente al cambio climático de aquí a 2050, plenamente adaptada a los efectos inevitables del cambio climático.
La Ley Europea del Clima -la primera de la historia- expresa, precisamente, el compromiso vinculante de alcanzar las cero emisiones de GEI netas para 2050. El pasado abril, el Parlamento Europeo alcanzó un acuerdo provisional sobre su contenido, cuya aplicación preparan ahora los Estados miembro. La ley, en efecto, establece la meta de neutralidad climática para la Unión en 2050; el objetivo de lograr en 2030 una reducción de las emisiones de GEI del 55% respecto a los niveles de 1990; el compromiso de los Estados miembros para garantizar que las emisiones de GEI resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura queden compensadas, como mínimo, por absorciones equivalentes de CO2 de la atmósfera; el compromiso de establecer un objetivo climático para 2040; el compromiso de lograr emisiones negativas a partir de 2050 y el establecimiento de un consejo consultivo científico europeo sobre cambio climático, entre otras.
España, por su parte, aprobó el pasado 13 de mayo la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España en el Congreso de los Diputados -tras su paso por el Senado-. El texto, que ha recibido los elogios del presidente de la COP26, Alok Sharma, cifra el compromiso de nuestro país con la descarbonización en la reducción de las emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) en un 39%, 13 puntos por encima de la meta fijada por la UE.
Por otro lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece una penetración de renovables del 42% en el consumo final de energía para 2030 y fija un aumento del 39,5% en la eficiencia energética, en ambos casos objetivos más ambiciosos que los establecidos por la UE. 
