¿Quién pagará esta vez el coste de la reducción de las emisiones?

España es uno de los países que más contamina de Europa. En 2017 expulsamos 367,3 millones de toneladas de CO2, equivalente a poco más del 8% de las emisiones de los 28 países miembros de la UE. Un porcentaje que nos coloca como el cuarto país más contaminante, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Una reciente encuesta elaborada por el Real Instituto Elcano muestra cómo los españoles situamos el clima como el principal preocupación, por encima de otras como los conflictos armados o el desempleo. Sólo un 17% de la población defiende los coches con combustibles fósiles y el 90% considera que el Gobierno, las empresas y, sobre todo, los bancos debería destinar más recursos al medio ambiente.

Una predisposición que decrece a medida que la clase social es más baja. La paradoja es que la mayoría considera que España no hace lo suficiente para luchar contra el cambio climático, sin embargo, sorprende comprobar que muy pocos están dispuestos a pagar de su bolsillo por reducir los niveles de CO2.

A los españoles no les importan, sin embargo, que el Gobierno incluya una partida importante en su gasto para el clima. Ya nos ocurrió en la legislatura del Gobierno de Zapatero .El ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, destinó miles de millones en subvencionar los aerogeneradores de las renovables para colocar a España entre los países punteros en este sector. El esfuerzo presupuestario creó un agujero cercano a los 25.000 millones, que obligo a los gobiernos de Mariano Rajoy a cortar la remuneración de estas energías a la mitad.

Los españoles no abonarán de su bolsillo el cambio climático, pero puede que tengan que pagar con sus empleos las políticas agresivas para la reducción del carbono

Las últimas subastas de energía eólica han salido a un coste prácticamente de cero para el Estado. Es decir, que si hubiéramos esperado unos años, nos hubiéramos ahorrado miles de millones en las arcas del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez no está pensando en subvencionar la energía a futuro, pero el proyecto de ley de Cambio Climático fija unos objetivos de reducción de emisiones de carbono diez puntos por encima de la media europea. Concretamente, del 42% hasta el año 2030.

Eso significa que la Industria y el resto de sectores tendrán que sufragar los costes de reducción de emisiones con una velocidad muy superior a la de otros países. En algunos sectores, obligará al cierre acelerado o la reconversión de sus instalaciones. Decisiones así pueden provocar el despido de miles de personas sin un plan alternativo de recolocación, como en las cuencas mineras del carbón. Los españoles no abonarán de su bolsillo el cambio climático, pero puede que tengan que pagar con sus empleos las políticas agresivas para la reducción del carbono.

La preocupación por el medio ambiente es esencial para preservar la salud del planeta y de las futuras generaciones. Pero en un país como España, donde la Industria apenas alcanza cuotas equivalentes al 14% del PIB, es preciso andar con pies de plomo para preservarla.

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