Desde que asumió el poder en diciembre de 2015, Mauricio Macri ha aplicado medidas correctoras de los desequilibrios heredados. La recuperación ha tardado en llegar, pero comienza a verse en sectores como el agrícola.
La Argentina se encuentra en transición desde hace 18 meses y el país espera el anunciado despegue económico con ansiedad y tensiones sociales en aumento. El periodo comenzó el 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia después de 12 años de gobiernos kirchneristas.
Primero Néstor Kirchner y luego dos veces su esposa, Cristina Fernández, lograron forjar un país con una expansión casi sostenida desde el quiebre político, social y económico de 2002. Un periodo en el que el empleo, el producto interior bruto y la cobertura social a sectores vulnerables creció tanto como la corrupción, la inflación y las peleas con decenas de países en el mundo. Semejante expansión derivó en un país dividido, aislado del mundo, en suspensión de pagos, en el que la pobreza superó el 30% de la población y el saqueo al Estado asqueó hasta al ciudadano menos informado.
A los ojos del mundo, Macri cambió la historia en muy poco tiempo. Hijo de un multimillonario, expresidente del club de fútbol más popular del país y dos veces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el otrora empresario logró en cuestión de semanas lo que parecía una quimera. Unificó el tipo de cambio -cuando asumió, era ilegal comprar dólares y los que lo conseguían en el mercado informal pagaban un 80% más que el oficial- y eliminó todas las trabas a la compra de moneda extranjera. Acordó un juicio histórico con los llamados fondos buitres, relanzó la relación con España y Estados Unidos -los dos países con mayores inversiones en Argentina- y se alejó de Venezuela e Irán, aliados del kirchnerismo.
La economía llevaba cuatro años sin crecimiento y con tasas de inflación superiores al 25% cuando Macri llegó al poder. El déficit fiscal y externo, sumado a la imposibilidad de pedir créditos en el extranjero, sólo auguraban una crisis inevitable, según decían entonces al unísono los principales analistas económicos locales y del extranjero. El nuevo Gobierno mostró un tamiz "gradualista" en sus medidas, pero la recesión ocurrió igual. El PIB se derrumbó en 2016 un 2,6% y la inflación llegó a un récord de 38% anual.
La clase media y baja fueron las que más sufrieron. Las tarifas de servicios públicos subieron más del 500% de media para al menos la mitad de las familias argentinas y el salario real cayó entre el 6 y el 11%, según sea el sector formal e informal. Se destruyeron más de 43.000 empleos y, cuando Macri cumplió un año al frente de la Casa Rosada, su capital político se había en parte licuado; el 43% de la población tenía una visión negativa del Gobierno.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Un plan de blanqueo de capitales, que terminó en marzo pasado, logró aflorar más de 100.000 millones de euros que los argentinos tenían sin declarar. Con lo recaudado, el Estado pagó cientos de miles de juicios a jubilados que tenía pendientes y mejoró el haber para más de un millón de personas en el sector pasivo. Además, se promulgó la Ley de Emergencia Social, lo que permitió derivar más fondos a agrupaciones que trabajan con el sector informal y extendió beneficios sociales a pequeños contribuyentes.
Con todo, el Gobierno reconoce que "no es suficiente", agradece el "esfuerzo de las familias" y el presidente dice que "sufre" por los cerca de 2,7 millones de personas que padecen hambre. Una cifra escandalosa teniendo en cuenta que Argentina, un país de 44 millones de habitantes, produce alimentos para más de 450 millones de personas.
La transición se hace larga y golpea en un año bisagra para el país. En octubre, se realizarán los comicios legislativos de mitad de término y las elecciones determinarán qué tan profundo caló el mensaje de cambio entre los argentinos. Macri, quien llegó al poder con un partido nuevo y en coalición con otras agrupaciones de centroizquierda republicanas, sabrá en pocos meses si es capaz de sostener la gobernabilidad y ver prosperar su proyecto. El descontento social no ayuda, aunque sí el pasar de sus contrincantes políticos. El kirchnerismo sigue siendo la fuerza minoritaria de mayor envergadura, con un 30% de apoyo, aunque sus mayores líderes discuten estos días más frente a los Tribunales -por causas por corrupción- que frente a su público. Además, Cristina Fernández, la líder que los agrupa, ya adelantó que no planea participar en las elecciones.
Un lento despertar
Aunque no se perciba todavía en las calles, la economía argentina comienza a ver un incipiente amanecer. Se ve principalmente en el campo, uno de los sectores más pujantes del país. Una de las primeras medidas de Macri fue quitar los impuestos a las exportaciones agrícolas y de otros complejos agroindustriales. El resultado es una cosecha que será récord histórico. Sumando cereales, oleaginosas y otros productos agrícolas, el país producirá en esta campaña casi tres toneladas por persona de alimentos. El crecimiento del sector es palpable en el interior, pero no llega a los grandes conglomerados de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde la pobreza llega al 34% y golpea a casi el 50% de los niños menores de 14 años, según cifras oficiales.
La gran apuesta de Macri son las inversiones extranjeras, que para la oposición no generan trabajo, son a largo plazo y tienen pocos beneficios para los locales. Es un fuerte cambio de giro respecto del kirchnerismo, que buscó en el consumo interno la solución a todos los males. En cambio, la combinación de devaluación, inflación, subida de tarifas y caída del salario real generó un derrumbe del consumo. Solo las ventas en el canal minorista sufrieron una caída del 7% en 2016 y pocos rubros se salvaron. Por ejemplo, los automóviles y los viajes al extranjero, favorecidos por el estancamiento del tipo de cambio en los últimos trimestres.
La apuesta por las inversiones tiene su razón de ser. En el período 2008-2014, países como Perú, Colombia, Brasil y México multiplicaron su captación de inversión extranjera directa por 4, 5 o incluso 6 puntos de su PIB, mientras Argentina se mantuvo estable. "Esto significa que se abren muchas oportunidades, ya que solo para alcanzar el promedio regional la inversión debería aumentar un 4,5% con relación al PIB, lo que equivale a unos 25.000 millones de dólares incrementales por año", dicen portavoces oficiales a elEconomista. Aseguran que los anuncios totales de inversión realizados desde diciembre de 2015 hasta marzo pasado, para los próximos años, alcanzan los 54.000 millones de euros.
Los sectores más interesantes son infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales y servicios y tecnologías. En el plano interno, el Gobierno apuesta a una reforma tributaria -hoy la presión fiscal total llega a 40 puntos del PIB, la más alta de la historia-, al fomento de emprendedores, al incentivo crediticio de las pymes y las explotaciones en materia de agroindustria, minería y energía, con el megayacimiento Vaca Muerta como estandarte.
El interés por Argentina en el mundo acompaña la transición, lo que se vio en giras recientes del presidente en Europa y Estados Unidos. Barack Obama y su familia pasaron el año pasado tres días en el país, y Donald Trump recibió a fines de abril a Macri en la Casa Blanca. La buena sintonía entre los empresarios -de hecho, se conocen de hacer negocios en los años 80- ya dio sus frutos: se habilitó la importación de limones argentinos a EEUU y se comenzó a revisar la posibilidad de levantar una denuncia por dumping para el biodiésel local.
La transición en Argentina lleva 18 meses y acumula más buenas intenciones que resultados concretos en la vida cotidiana de los votantes. El destino del país hacia una nación moderna, productiva e integrada al mundo está a punto de quedar a la vista y, esta vez, todos esperan que sea la vencida.
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