Con unas elecciones generales previstas para finales de año, toda prórroga presupuestaria supondrá, en la práctica, que el Gobierno mantiene el año que viene la fiscalidad definida al entrar en vigor las cuentas del actual ejercicio, con lo que se aplazan las bajadas de impuestos anunciadas.
Es decir, implicaría que el Ejecutivo de Mariano Rajoy mantiene decisiones como la actualización de los valores catastrales -que ha repercutido en una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y ha afectado también a Patrimonio o Transmisiones Patrimoniales-, como el final de la reducción del 40 por ciento a los contribuyentes que rescaten su plan de pensiones en forma de capital, o la desaparición de la exención de tributar por los 1.500 primeros euros obtenidos a través de dividendos.
Fuentes del Ministerio de Economía aseguran a elEconomista que el Ejecutivo se verá obligado a prorrogar el año que viene los Presupuestos de 2015, ante lo apretado del calendario y, en medio de la situación política que se avecina, con procesos electorales aún pendientes a escala general y en Cataluña.
Con normalidad
Esta visión es radicalmente opuesta a la que ofrecen las fuentes del Ministerio de Hacienda, consultadas por este diario. Desde el Departamento que encabeza Cristóbal Montoro cuentan ya con el nuevo cuadro macroeconómico y tienen elaborado el techo de gasto que va a presentar a finales de junio. Es más, inciden en que el equipo de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás está trabajando hasta la fecha de forma normal. Las mismas fuentes inciden en que los Presupuestos de 2016 pueden presentarse en septiembre sin ningún problema. De hecho, ya se contempló la posibilidad de convocar seis sesiones extraordinarias a lo largo del verano para poder cumplir con el trámite presupuestario.
Por otra parte, los expertos consultados inciden en que, en caso de ser prorrogados, los Presupuestos estarían tremendamente condicionados, dado que en ningún caso podrían exceder el techo de gasto que fijó el año anterior (que se redujo ya en relación a 2014 un 3,2% hasta los 129.060 millones de euros). Con todo, sí existe la posibilidad de que el Ejecutivo redistribuya de forma diferente esa cantidad tope entre las distintas partidas y ministerios.
En opinión de Valentí Pich, el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, el Gobierno de la nación tiene funciones determinadas, capacidad para elaborar unas nuevas cuentas y, además, "no hay elementos que permitan pensar que hace falta una prórroga presupuestaria", sentencia.
Incide en que, al margen del juego político y de las elecciones municipales y autonómicas, lo normal y lo conveniente es que cada actor haga su trabajo, principalmente porque el Gobierno ya ha enviado a Bruselas su Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas.
En lo relativo a los impuestos, entiende que la situación actual -con un problema de déficit público que persiste e importantes compromisos con nuestros socios comunitarios que deben cumplirse- no permite albergar demasiadas esperanzas sobre la posibilidad de una rebaja significativa de tributos, al margen de la aplicada ya en el Impuesto sobre la Renta, que Valentí Pich considera positiva.
Del mismo modo y, sobre los resultados electorales o sobre las convocatorias por venir, remarca que los nuevos gobiernos que se constituyan deberán adaptarse a las leyes y, sobre todo, a las condiciones financieras que se encuentren.
Si tenemos en cuenta lo previsto en el apartado tercero del Artículo 134 de la Constitución, éste establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".
Al problema de si se prorrogan o no las cuentas de 2015, hay que añadir el hecho de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene que reducir el déficit público del 5,5 al 4,2 por ciento este año, lo que conlleva un ajuste próximo a los 13.000 millones. El Gobierno que salga elegido en las urnas a finales de este ejercicio deberá reducir aún ese agujero hasta el equivalente al 2,8 por ciento del PIB. Esto supone un ajuste adicional en el entorno de los 14.000 millones. La mitad de ese esfuerzo recaería directamente en comunidades autónomas y Seguridad Social. Los buenos datos de recaudación permitirán no tener que recortar los gastos como en años anteriores.
Un vistazo al Nikkei.
