Red Eléctrica de España (REE) dejará de cobrar unos 300 millones de euros anuales en 2023, al vencer la retribución regulada de un 35% de sus activos en España, las infraestructuras anteriores al año 1998, que la normativa vigente considera totalmente amortizadas, por las que percibe más de 600 millones al año. Por esta razón, la empresa presidida por Jordi Sevilla -que se querelló contra el Estado en los tribunales en 2017 por las desavenencias en la materia- ha decidido limitar el horizonte de su Plan Estratégico hasta 2022.
La normativa de referencia para la actividad de transporte de electricidad, el Real Decreto 1073/2015, implantó un nuevo sistema de retribución que se basa en el valor neto de las infraestructuras de alta tensión y les otorga una vida útil de 40 años, periodo durante el cual tienen derecho a percibir unos ingresos económicos regulados.
Este decreto estableció que las redes puestas en servicio antes del año 1998 se consideran una única instalación. En el caso de REE, estas infraestructuras representan alrededor de un 35% del total de sus activos y tienen un valor de inversión de 12.235 millones, según recoge una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 2016.
A partir de ese valor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al aplicar las fórmulas matemáticas establecidas para calcular la retribución de la empresa por estos activos, concluye que le corresponde cobrar 615 millones durante este 2019, a razón de 392 millones en concepto de retribución a la inversión y 223 millones de retribución a la operación.
Sólo hasta el año 2023
El citado decreto también indica que los activos anteriores a 1998 tienen derecho a percibir la retribución a la inversión únicamente durante los 10 años posteriores al primer ejercicio en el que se aplicase, algo que sucedió en 2013. No obstante, la norma abría la puerta a que el Gobierno estableciese una prórroga a este plazo, siempre que lo solicitase la compañía a los dos meses de haberse promulgado y se cumpliesen determinados requisitos de inversión y mejora hasta finales del año pasado.
REE pidió la prórroga inicial, pero el entonces Ministerio de Energía, previo informe de la CNMC, rechazó otorgársela y la empresa decidió querellarse contra la Cartera -dirigida entonces por Álvaro Nadal- en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras haber interpuesto sin éxito un recurso de alzada ante el propio Ministerio.
Antes de que la situación derivase en los tribunales, REE ya intentó incrementar la retribución de estos activos cuestionando elementos de la fórmula matemática que los calcula -y que reduce progresivamente el nivel de los ingresos-, pero la CNMC rechazó sus argumentos.
El consejero delegado de REE, Juan Lasala, explicaba a los analistas, durante la multiconferencia posterior a la presentación de resultados de 2017, que, a pesar de haber recurrido, seguía conversando con el Ministerio y que confiaba en alcanzar algún tipo de acuerdo antes del fallo judicial.
Lasala comentó que se estaban barajando varias opciones, como prolongar la vida útil de todos los activos hasta los 50 años, establecer algún tipo de incentivo para que la inversión en los activos anteriores a 1998 no corriese a cuenta del sistema eléctrico y los consumidores, o subir la retribución correspondiente a la operación y el mantenimiento. "Estamos oyendo hablar de la extensión de las nucleares, ¿por qué no aplicar el mismo principio a las redes?", reflexionó.
Impacto económico
Ha pasado el tiempo y el conflicto sigue abierto y sin visos de que pueda solucionarse. Por eso la empresa ha limitado el horizonte temporal de su Plan Estratégico al año 2022, a la espera de que se produzca algún tipo de cambio en el tratamiento de los activos anteriores a 1998.
Según las fuentes consultadas por elEconomista, la empresa cree que el impacto en su cuenta de resultados alcanzará los 300 millones en 2023.
Y entre 2020 y 2023 se reducirá progresivamente la retribución de las redes de transporte y de distribución, por la aplicación de una nueva metodología retributiva establecida por la CNMC, basada en la aplicación del coste promedio ponderado del capital (Wacc, por sus siglas en inglés). Como resultado, la tasa de rentabilidad financiera de los activos pasará del actual 6,5% al 5,58%, con un impacto económico total de 1.260 millones.
El citado Plan Estratégico de REE establece un volumen de inversión de 3.221 millones en España hasta 2022, el 53% de la inversión total prevista para el período, de 6.000 millones, según especificó el jueves la compañía en una rueda de prensa.
A las redes de transporte destinará 2.880 millones, de los que 1.538 millones se centrarán en la integración de renovables, 908 millones a reforzar la seguridad de suministro y 434 millones a la digitalización.
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