La aprobación, el pasado 20 de diciembre, de la Orden de Peajes eléctricos para 2019, no ha dejado a nadie indiferente. Por un lado, la normativa plantea congelar por quinto año consecutivo los costes regulados del recibo eléctrico, lo que supone, según la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (ael?c) "llevar al sistema eléctrico a un desajuste temporal". Descarga gratis la nueva edición de elEconomista Energía
Por otro lado, la orden también contempla la supresión de la regulación del servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad, una decisión que ael?c ha calificado de "incomprensible" y que la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (Aprie) ha pedido que se "rectifique"; en caso contrario, amenazan con recurrir la Orden.
Además, el texto aprobado también establece que la retribución de la distribución se liquidará a cuenta hasta que no sea aprobada la orden correspondiente para 2019, de manera que las empresas de distribución, indican desde ael?c, "no están percibiendo la retribución que les corresponde por las inversiones efectuadas desde el año 2015".
La Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE) también ha hecho observaciones sobre lo dispuesto en la Orden de Peajes, centradas en los costes de las tarifas de acceso y el reparto de los costes del sistema, dos asuntos que llevan varios años reclamando sin éxito.
En relación con el primero, Francisco Espinosa, socio director de ACE, asociación que representa los intereses de más de 20.000 pequeños y medianos consumidores de energía eléctrica que desarrollan una actividad empresarial, califica de "ilógica" la asignación de costes de las distintas tarifas de acceso y pide un "tratamiento diferenciado".
Por un lado, reclama que la tarifa 3.0, a la que están acogidas más de 770.000 pequeñas y medianas empresas con un coste medio que supera los 56 euros/MWh, adopte la estructura y coste de la tarifa 3.1, que es un 10,46 por ciento menor, para conseguir un tratamiento de estímulo a la actividad empresarial de las pymes, "ya que no tiene ningún sentido que una empresa esté pagando, en baja tensión, casi 60 euros/MWh de tarifa de acceso", señala Espinosa.
Por otro lado, ACE considera necesario suprimir la tarifa 3.1, a la que están acogidas cerca de 90.000 pymes y convertirla, de forma automática, en la tarifa 6.1, a la que están acogidas casi 20.000 pequeñas empresas, "ya que ambas están conectadas a los mismos niveles de tensión -entre 1 y 36 kilovoltios-, pero el coste medio de la tarifa de acceso 6.1 es inferior a los 31 euros/MWh, lo que representa un diferencial de más de 20 euros/MWh", argumenta Espinosa.
Mantener la tarifa 3.1 no tiene "justificación técnica y penaliza económicamente a las pequeñas y medianas empresas". El origen de esta tarifa se remonta a 2001, cuando no había contadores horarios disponibles. El Ministerio, explica el representante de la asociación, "hace un corte hasta los 450 kilovatios de potencia, de manera que los suministros que los superan pasan a tener un contador horario (tarifa 6.1), mientras que a los de menos de 450 kilovatios se les mantiene en tres periodos, sin contador horario (3.1), a pesar de que ambos están en el mismo nivel de tensión". A partir de entonces, señala Espinosa, "se crea una brecha económica que ha ido aumentando, de manera que el diferencial de coste medio es de un 65 por ciento".
El socio director de ACE es consciente de que aunque el paso de una tarifa a otra supondría un déficit de ingresos, se conseguiría, afirma, "un ahorro muy importante de eficiencia que nosotros hemos calculado que está en torno a los 1.500 MWh, una cifra nada desdeñable". La justificación es clara: se mantienen muchos suministros con potencia contratada de 451 kilovatios para permanecer en la tarifa 6.1, aunque su demanda real de potencia es muy inferior.
Lo que habría que hacer, insiste Espinosa, es "estudiar fórmulas para ver de qué manera se puede suavizar ese impacto económico en el global de las tarifas, tal y como se ha hecho con la tarifa 6.1B, a la que estaban acogidos mayoritariamente los suministros ubicados en el País Vasco, y que pasó a ser la 6.2, lo que ha permitido que el coste medio en euros/MWh se reduzca a la mitad". El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado una cantidad adicional de 40 millones de euros para compensar la decisión de la supresión del llamado euskopeaje.
Además del importante ahorro en eficiencia, otro de los beneficios de este cambio sería, en opinión de Espinosa, "el hecho de que la tarifa de acceso de la pequeña y mediana empresa fuera más competitiva". Este año el mercado se ha disparado pero, lo normal, es que esté en torno a los 50 euros/MWh, de manera que "estamos pagando tanto por peaje como por producto, es decir, estamos pagando tanto por transporte como por lo que estamos transportando, y eso es una auténtica barbaridad y hay que tratar de corregirlo", afirma rotundo el portavoz de ACE.
Cambio en los costes del sistema
Otra de las peticiones de la asociación hace referencia al reparto de los costes del sistema que, según afirma Espinosa, "incluye partidas que nada tienen que ver con los costes de acceso, como son los pagos de anualidades del déficit y el régimen retributivo específico, que suponen más del 55 por ciento de los costes totales y que son mayoritariamente pagados a través de los peajes cuando, claramente, son cosas diferentes".
Si lo que estás repartiendo son costes de acceso, señala el socio director de ACE, "lo normal es que cada uno pague en virtud de la posición que tiene en la red, de manera que el consumidor doméstico que utiliza el cien por cien de la red tendrá que pagar más peajes y conforme su nivel de tensión le acerque a la central de producción, es decir, cuanto más alto sea su nivel de tensión, menos peajes tendrá que pagar".
Sin embargo, continúa Espinosa, "cuando en los peajes entran conceptos como el pago a las renovables y el déficit tarifario de los últimos años, que supone este año casi un 60 por ciento del total, esto empieza a tener muy poca lógica. Estos dos conceptos se están distribuyendo como si fueran costes de red y esto no tiene sentido". Nosotros lo que decimos, manifiesta, es que "habría que tratar de encontrar otro sistema de reparto de los costes, porque al final los que los pagan de una manera más importante son los pequeños y medianos consumidores".
"Llevamos muchos años con estos temas", insiste Espinosa. "Hemos tenido varias reuniones pero de momento no hemos conseguido nada". Aunque reconoce que, quizá, haría falta un poco más de "presión sectorial" para intentar dar solución a estos temas, lo cierto es que cree que el Ministerio se ha centrado más en otros asuntos, como los consumidores intensivos y los clientes que están en el PVPC, y "ha dejado un poco de lado al noventa y tantos por ciento de la empresa española a nivel de competitividad, lo que ha hecho que salgan peor parados".
Espinosa también echa en falta que la secretaría de Estado no haya convocado ni una vez desde hace seis años -noviembre de 2012- el Consejo Consultivo de Electricidad. "Nos reuníamos físicamente y escuchábamos la posición del resto de los agentes, se escribían nuevamente las alegaciones y luego, en su informe preceptivo al Ministerio, la CNMC incluía dichas alegaciones".
Como el Gobierno ha devuelto a la CNMC algunas de sus competencias, "tenemos la esperanza de que, a partir de ahora, el órgano regulador convoque el Consejo Consultivo de Electricidad e Hidrocarburos y que esa reunión sea anterior a que se emita el informe preceptivo", comenta Espinosa.