El Gobierno recortará 1.260 millones de euros a la retribución regulada de las empresas eléctricas con activos de transporte y distribución entre los años 2020 y 2023. Repartido en estos ejercicios, rebajará algo menos del 1% la factura de los consumidores.
Las actividades reguladas del sector eléctrico se retribuyen por períodos de seis años, atendiendo a la situación de la economía y de la demanda de energía, buscando otorgar una rentabilidad adecuada, y tomando como referencia las Obligaciones del Estado a 10 años más un diferencial, que en el caso del transporte y la distribución ha sido de 200 puntos básicos.
Atendiendo a esos principios, las empresas distribuidoras -EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Viesgo y más de 300 pequeñas empresas- y las transportistas -REE en su inmensa mayoría-, han disfrutado de una tasa retribución financiera del 6,5% ante de impuestos que les permitirá percibir, durante el presente 2019, un total de 5.487 millones a las primeras y de 1.702 millones a las segundas.
Pero en 2020 entra en vigor un nuevo período regulatorio de seis años y el Gobierno está sometiendo a información pública un Anteproyecto de ley para fijar la retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico durante el mismo, en el que también se incluyen las tasas de retribución de las renovables, la cogeneración, el tratamiento de residuos y de la producción eléctrica en los sistemas no peninsulares.
Nueva metodología
En el próximo sexenio, a diferencia del actual, aplicará un metodología basada en el coste promedio ponderado de capital (WACC por sus siglas en inglés), propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aplicada en los países de nuestro entorno y reclamada por las propias empresas.
El resultado de aplicar esta nueva metodología, según los cálculos de la CNMC, es que la tasa de rentabilidad financiera tiene que bajar hasta el 5,58%. Las empresas, por el contrario, reclamaban una subida hasta el entorno del 7%.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido asumir los cálculos de la CNMC y el citado Anteproyecto propone bajar del 6,5% al 5,58%, pero la reducción retributiva no puede aplicarse automáticamente; la normativa exige, en aras de evitar cambios bruscos en los niveles de retribución, que la variación ha de registrarse escalonadamente, a razón de 50 puntos básicos por año.
En consecuencia, según los cálculos de la memoria de impacto del Anteproyecto, si el transporte y la distribución cobrarían 7.556 millones en 2020 con la actual tasa del 6,5%, este importe se reducirá progresivamente hasta los 7.344 millones en 2023 al aplicar la rebaja escalonada que dejará la tasa en el 5,58%.
En total, se trata de una reducción de 1.260 millones, a razón de 177 millones en 2020, 367 millones en 2021, 364 millones en 2022 y 352 millones en 2023. Atendiendo a que el total de los costes regulados rondará los 17.000 millones anuales, supondrá una reducción ligeramente inferior al 1% del recibo mensual.
Todo ello, teniendo en cuenta los planes de inversión de las empresas -la retribución también está ligada al valor de los activos- y suponiendo que buena parte se debe pagar a corto plazo por la digitalización de las redes.
En el caso de la retribución de los sistemas eléctricos no peninsulares -unos 624 millones este 2019 que recibe Endesa por operar en régimen de monopolio regulado-, también pasarán del 6,5% al 5,58% de forma escalonada, pero con un impacto económico mucho menor: unos 14,5 millones en total.
Inadecuado para las renovables
Y en el caso de las renovables, la cogeneración y los residuos, la situación es bien distinta. Su tasa actual es del 7,4% y la CNMC, entendiendo que la metodología del WACC no es adecuada para reflejar los riesgos de mercado de esta actividad, propone aplicar una serie de adaptaciones que dejan la tasa en el 7,09%, que el Gobierno plantea mantener hasta el resto de vida útil de las instalaciones.
Además, para recuperar la seguridad jurídica tras los recortes retroactivos de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, y solventar la elevada litigiosidad que han producido el Ministerio plantea que todas las instalaciones anteriores a 2013 mantengan el actual 7,4% durante 12 años, de modo que la reducción sólo afectará a las posteriores, lo que deja la reducción retributiva, según la memoria, en un mínimo de 10 millones.
