Empresas y finanzas

El Gobierno quiere restar de la retribución de las plantas de renovables las indemnizaciones por los laudos perdidos

  • Ofrece mantener una tasa de rentabilidad del 7,4% hasta 2032
  • España ha perdido cinco de los siete arbitrajes celebrados
  • Los inversores internacionales reclaman unos 10.000 millones

El Gobierno quiere poner fin a los arbitrajes internacionales contra España por los sucesivos recortes retributivos a las renovables. Para ello propone que las instalaciones afectadas mantengan la tasa de rentabilidad financiera actual, del 7,4%, hasta el año 2032, pero restándoles el importe de las indemnizaciones que obtengan si ganan los litigios.

El Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre inició los trámites de un anteproyecto de Ley para fijar las tasas  eléctrico, como el transporte o la distribución. El texto de la propuesta normativa, publicado en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, incluye una confusa medida que aspira a poner fin a las demandas planteadas por inversores extranjeros sobre los recortes retroactivos a la retribución de las instalaciones renovables que efectuaron los gobiernos de Zapatero y de Rajoy.

Por azares del derecho, los inversores nacionales y los europeos no pueden reclamar ante los tribunales internacionales el recorte retributivo -en conjunto, superior a los 2.000 millones anuales-, pero España ya ha perdido parcialmente cinco de los siete arbitrajes fallados, hay otros 35 abiertos y, según fuentes implicadas en la defensa del Reino en las distintas cortes, otra veintena está en ciernes. Los laudos condenatorios ya suman 396 millones de euros y la propia ministra Teresa Ribera ha cifrado en unos 10.000 millones el monto total de las reclamaciones. El Gobierno, además, quiere acabar con el perjuicio que cada laudo condenatorio provoca a la buena imagen del país.

El Ministerio ofrece mantener una tasa de rentabilidad del 7,4% hasta 2032

De acuerdo con la Ley 24/2013 del sector eléctrico, las fuentes renovables tienen derecho a una rentabilidad razonable basada en una tasa de retribución financiera equivalente al rendimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años, más un diferencial adecuado, fijado en su desarrollo reglamentario en 200 puntos básicos, antes de impuestos. Esta tasa, que se revisa cada seis años, asciende al 7,398% hasta el 1 de enero de 2020, fecha en que debería reducirse hasta el entorno del 4,5%, como resultado de los bajos tipos de interés de los últimos años.

Las empresas del sector llevaban un par de años buscando un vericueto legislativo que evitara la reducción, pero el anterior Gobierno del PP no estaba por la labor. En cambio, el actual Ejecutivo -previa consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- ha decidido establecer la tasa en el 7,09% durante toda la vida útil de las instalaciones, y así lo ha reflejado en el citado anteproyecto.

Además, para la inmensa mayoría de las centrales, aquellas que recibían primas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 -con el que arrancó la reforma del Gobierno del PP-, la propuesta normativa plantea la posibilidad de que mantengan el nivel de la tasa en el 7,4% hasta el 31 de diciembre de 2031, pero detrayendo de sus ingresos "la cantidad correspondiente a indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia judicial o arbitral".

La medida no especifica si esa merma de ingresos se aplicaría a todas las instalaciones o sólo a aquellas que ganen los litigios, pero el Ministerio, consultado por elEconomista, indica que la repercusión de las indemnizaciones en la retribución se limitará hasta los ingresos que se obtendrían si su tasa financiera estuviera situada en el 7,09%.

Si la instalación renuncia a esta opción, deberá notificarlo al Ministerio antes del 1 de enero de 2020 y se le aplicará lo establecido en la Ley 24/2013, pero tampoco queda claro si se refiere al sistema actual, que deriva en la tasa del 4,5% revisable cada seis años, o en el nuevo, que conlleva la fijación de la tasa en el 7,09% durante toda la vida útil de la planta.

El Ministerio no aclara estas otras dudas, recabadas por este periódico entre media docena de expertos. Alguno hasta interpreta que se ofrece un 0,3% más de rentabilidad a las centrales verdes sin indemnización, pero que, en todo caso, es menos de lo que se reclama en todos los litigios, por lo que no los desalentará.

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