Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, advirtió ayer en el Congreso de que están en el aire el 30% de los proyectos de renovables adjudicados con las subastas de los últimos años, es decir, unos 3.000 MW -que exigen unos 2.500 millones de euros de inversión-, por culpa de los problemas existentes para que se conecten a las redes eléctricas.
La ministra, preguntada por la diputada del PNV Idoia Sagastizábal acerca de la aprobación de un Real Decreto en tramitación sobre la conexión a las redes eléctricas -cuya tramitación arrancó el anterior Gobierno en junio-, indicó que "hay mucha gente que piensa que será difícil llegar a poder instalar el 70% de la potencia subastada", que supera los 9.000 MW, añadiendo que uno de los cuellos de botella más importante es la falta de esa norma. Puso como ejemplo de la dificultad de que todos los proyectos culminen antes de que en 2020 venza el plazo de las subastas el hecho de que hasta la fecha solo hay instalados 80 MW.
Decreto antes de fin de año
El decreto en tramitación agiliza los plazos de conexión a las redes e incluye disposiciones como prorrogar la validez de los derechos de acceso y conexión a las redes, que caducan a finales de año y están respaldados por más de 350 millones en avales. La ministra explicó que es "más que probable" que la CNMC publique su preceptivo informe "en estos días" y anunció su intención de acelerar al máximo su tramitación -debe pasar por el Consejo de Estado- para que esté listo "antes del final de año".
En el sector, sotto voce, se duda de que todos los proyectos adjudicados se terminen a tiempo y accedan al régimen retributivo regulado otorgado con las subastas. Junto a la saturación de varios puntos de acceso a las redes de transporte y distribución, también hay problemas con las tramitaciones administrativas -sobre todo en el plano autonómico- y con la logística de los equipos y la duración de las obras, por la avalancha de actividad venidera: sólo para instalar los 4.600 MW eólicos hay que hacer más de 18.000 transportes especiales con escolta policial, amén de emplear grúas y maquinaria específica.
Hasta ahora el Gobierno ha adjudicado a proyectos concretos la práctica totalidad de los 3.000 MW ganadores de la primera subasta de 2017 -casi todos eólicos-, pero aún está pendiente la adjudicación de los 5.000 MW ganadores de la segunda subasta -la mayoría fotovoltaicos-, que tendrá lugar a mediados de octubre.
Las patronales sectoriales, no obstante, descartan que vaya a haber problemas. Juan Virgilio, director general de la AEE, indica que "Confiamos en que se cumplirán los plazos y el desarrollo de los proyectos". En similares términos se pronuncian José Donoso, director general de Unef: "Confiamos en que no habrá problema, ninguna empresa nos avisado de que tenga problemas irresoluble", y José Mª González, director general de Appa Renovables: "Los plazos son ajustados, pero esperamos queponer en marcha gran parte de lo adjudicado".
