El informe del Comité de Expertos creado por el Gobierno, a instancias del Congreso, para asesorar la estrategia de energía y clima, recomienda descarbonizar el transporte y por ello piden que se eleve el tipo impositivo aplicable al gasóleo un 29% y a la gasolina un 10%, además de aumentar de manera generalizada el IVA para carburantes. Así mismo, aconseja aplicar impuestos verdes a vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.
La comisión de expertos sobre la transición energética y el cambio climático entregará su informe al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Este documento analiza posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos medioambientales de la forma más eficiente posible.
Algunas de las medidas recogidas en el documento plantean una revolución impositiva que afectará al bolsillo de los ciudadanos. Con el objetivo de tener un impacto disuasorio en el uso de vehículos contaminantes, los sabios plantean descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España, y subrayan que mientras se instaura el impuesto al CO2 que sugieren, se debe incrementar el tipo impositivo aplicable al gasóleo hasta un 29%, un 10% a la gasolina, así como subir el IVA.
Según los expertos, este mapa impositivo debería reflejarse con un descenso del recibo de la luz para fomentar el uso del coche eléctrico. Prevén que en 2030 habrá 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10% del parque) pero matizan que el dato, muy por debajo de las previsiones de los países del entorno, es mejorable si bajan los costes, o se apoya el despliegue de puntos de recarga.
Un entorno adecuado para promover la I+D+i del coche eléctrico en España sería vital, dada la relevancia del sector de la automoción. Advierten de que hace falta un mayor impulso para superar barreras que frenan su desarrollo como la falta de capilaridad de la red ferroviaria, la necesidad de invertir para eliminar cuellos de botella, el desdoblamiento de vías y su electrificación, así como el incremento del parque de máquinas eléctricas.
IVA, tipos estatales y autonómicos...
Desde hace varios años, Bruselas presiona a España para que cambie y amplíe los impuestos verdes. Desde la OCDE se defiende un aumento de la fiscalidad del gasóleo para equilibrarlo con la gasolina, eliminar las ayudas al carbón o a los combustibles agrícolas o de aviación.
Para ello la Comisión Europea recomienda reforzar la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En las tentativas que el Ejecutivo ha realizado para avanzar en la reforma de financiación de las Comunidades Autónomas, los impuestos sobre carburantes ocupa una pieza clave para que la regiones aumenten la capacidad recaudatoria. Desde Moncloa se plantea ceder la totalidad de las competencias a las Comunidades.
Actualmente, los combustibles soportan varias imposiciones con los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y el IVA. Dentro de los especiales, por un lado se aplica los tipos estatales, que varían según el tipo de combustible. Por otro lado se aplica el tipo autonómico.
Además de aumentar la carga impositiva, los expertos que aconsejan al Gobierno proponen crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de "viñetas", que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias.
Plantean tres opciones: crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo de automoción que permita recuperar las inversiones en la red de carreteras y los costes de mantenimiento; establecer un sistema de "viñetas", como ocurre en otros países europeos, que deberían pagar los propietarios de vehículos por el uso de las vías; o una combinación de ambas.
No obstante, precisa que las infraestructuras -tanto las viarias como las energéticas- pueden tener un impacto positivo en la economía y en la equidad interterritorial, lo que justificaría que una parte de la inversión se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Según el grupo de expertos, la introducción de las "viñetas" sería "imprescindible" a medida que se extiendan los vehículos de combustibles alternativos, como el coche eléctrico, que no consumirán ni gasolina ni gasóleo.
El informe cifra en 12.520 millones de euros la inversión anual en la construcción y mantenimiento de carreteras.
El comité de sabios propone exenciones fiscales para mitigar el impacto de estos recargos -y de los nuevos impuestos medioambientales que plantea el informe- en colectivos sensibles como los profesionales del transporte o los agricultores.
Consideran que los consumidores de los distintos productos energéticos deberían financiar las infraestructuras asociadas a su consumo, tal y como ocurre actualmente con las redes eléctricas y gasistas.
Transporte de mercancía
La descarbonización del transporte de mercancías alcanzaría su máximo potencial con el uso de camiones eléctricos, otros propulsados por gas para el tráfico más pesado y el traspaso de parte de la carga al tren.
La recomendación de abordar la incidencia de los buques en la calidad del aire de las ciudades donde atracan, incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento de 500 páginas al que ha tenido acceso Efe, se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema.
Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.
Eficiencia energética
A la hora de abordar el ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo del parque de 25 millones de viviendas de España (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31% del consumo final de la energía y alrededor del 11% de las emisiones.
En ese sentido, recomiendan la pronta elaboración de una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico (suprimiendo el llamado impuesto al sol) y de renovables térmicas "in situ", o la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.
Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, y urgen medidas de reactivación económica, capacitación y protección social para los mismos.
En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, hablan de elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados.
Apoyo a consumidores vulnerables
Una transición justa también debe contar con un Bono Social Energético que garantice el acceso a todos los suministros energéticos y la protección frente a cortes a todos los consumidores vulnerables, no sólo a los severos como en la actualidad.
Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética contribuyendo a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.
Respecto a la gobernanza, el grupo de sabios advierte de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima "pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro", por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas.
Concluyen que la transición ha de ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere de una mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia.
En esa línea, plantean la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, integrado por expertos en las materias y dotado de presupuesto y medios, para llevar a cabo una evaluación rigurosa, independiente y continuada del cumplimiento de los objetivos.
Miembros del comité de expertos
Algunos miembros de la comisión son el expresidente de Red Eléctrica (REE) en los gobiernos de Zapatero, Luis Atienza; el exjefe de gabinete de Alberto Nadal cuando era secretario de Estado de Energía y actual vicesecretario general de Red Eléctrica, Ignacio Grangel, y el expresidente de la patronal Carbounión, Óscar Lapastora.
También están Francisco Javier Arana, quien fue subdirector general de Energía Nuclear durante la pasada legislatura; el director de Operación de REE, Miguel Duvison, así como Jorge Sanz Oliva, exdirector de Política Energética y Minas con el PSOE.
Asimismo, forman parte de la comisión Jorge Aragón Medina, economista y director de Investigaciones de la Fundación 1º de Mayo y miembro del Consejo Económico y Social (CES); José Luis de la Fuente O'Connor, responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Cristóbal José Gallego Castillo, miembro del Observatorio Crítico de la Energía, y Pedro Linares, investigador del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad.
Los otros cuatro miembros son Txetxu Sáenz de Ormijana, director de Estudios y Planificación del Ente Vasco de la Energía (EVE); Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables; Diego Rodríguez, exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y Guillermo Ulacia, presidente de la patronal asturiana Femetal y presidente ejecutivo de Tubos Reunidos.
De estos 14 miembros, cuatro fueron elegidos por el Gobierno, siete por los grupos parlamentarios y tres por los agentes sociales (CCOO, UGT y CEOE).
