El futuro de las minas de carbón en España sigue en el aire. Aún se desconoce cuántas explotaciones mineras -de las veinte que hay en la actualidad-, permanecerán abiertas a partir del 1 de enero de 2019, fecha en la que habrá finalizado el plazo para que las empresas mineras productoras de carbón no competitivas dejen de recibir las ayudas estatales que han obtenido desde 2011 -y más concretamente en aplicación del Plan de Cierre, que fijaba las ayudas entre 2013 y 2018- y procedan a su cierre, o bien que devuelvan dichas ayudas en el caso de que decidan continuar con sus labores de producción. Disponible la nueva edición de elEconomista Energía
En declaraciones a elEconomista Energía, el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), Pedro Iglesia, ha señalado que la producción nacional de carbón con los niveles actuales de precio -siempre que exista voluntad de compra por parte de las compañías eléctricas-, "es capaz de mantenerse más allá de 2018 en condiciones de competitividad, es decir, sin recibir ayudas de Estado, y de superar los niveles de producción de los últimos años, ya que las ayudas directas que reciben actualmente los productores son más bien escasas".
El gran problema a resolver, afirma Iglesia, radica en la obligación de devolución de las ayudas, "ya que la normativa establece claramente las condiciones para recibirlas, pero no es igual de precisa en el tema devolución". A este respecto, el representante de Carbunión se muestra moderadamente optimista de poder alcanzar una solución en un plazo lo más breve posible "al objeto de que las empresas puedan planificar si siguen o abandonan".
Pedro Iglesia confía en que el proceso de diálogo abierto con la Secretaría de Energía llegue a buen puerto y que esa devolución "la podamos acomodar a criterios de futuro" ya que, según su argumento, "si te han ayudado para que seas competitivo y lo consigues, pero luego hay que devolver las ayudas, dejas de ser competitivo porque hay que afrontar un problema financiero importante".
El presidente de Carbunión recuerda que "las empresas están pasando por una situación límite". Algunas se encuentran en procesos concursales y muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar. Si en 1990 el sector de la minería del carbón en España estaba compuesto por 234 empresas que producían más de 19 millones de toneladas de carbón y daban empleo a más de 45.000 personas, en 2016 el número de empresas era tan solo de diez, con una producción de poco más de 1.700.000 toneladas y unos 2.000 empleados. Las cifras de 2017 apuntan a un ligero aumento de la producción, que se situará en el entorno de las 2.700.000 toneladas producidas.
Desde Carbunión abogan por mantener el carbón en el mix de generación, entre otras cosas porque "no podemos eliminar de un plumazo el 17,4 por ciento de generación con carbón que se ha mantenido en 2017, porque aporta respaldo y seguridad de suministro, y porque ayuda a reducir el precio del recibo de la luz". En línea con este argumento, piden que parte de ese carbón sea de origen nacional, "porque mantenemos la actividad de unas comarcas en las que no existen otro tipo de actividades, a la vez que reducimos la dependencia energética del exterior".
Próxima reunión, el 30 de enero
El sector lleva varios meses esperando un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para tratar de dar solución a varias cuestiones que aún quedan por resolver. La reunión se celebrará finalmente el próximo 30 de enero, durante la cual los agentes sindicales convocados -UGT y CCOO- pondrán sobre la mesa ciertos temas que, a su juicio, se han incumplido del Marco de Actuación de la Minería del Carbón.
En línea con las peticiones de Carbunión, los agentes sindicales reclamarán, entre otras cuestiones, que la generación eléctrica con carbón siga teniendo su espacio en el mix eléctrico, que se establezcan mecanismos para que las centrales que usan carbón nacional realicen inversiones medioambientales, que se dinamicen las comarcas mineras con proyectos empresariales y que se promueva la investigación y la innovación en proyectos con carbón autóctono y captura de CO2.
Durante el encuentro también se abordarán otros aspectos como la preocupación que ha suscitado en las comarcas afectadas la solicitud de cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias), Velilla y Anllares -ambas en Castilla y León- por parte de sus propietarias. Para regular esta situación, el Gobierno ha preparado una propuesta de Real Decreto que envió hace unas semanas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar el cierre de cualquier central eléctrica que sea rentable y necesaria para el sistema por motivos económicos o medioambientales, independientemente de su tecnología.
El hecho de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) haya emitido un informe en el que vaticina que la demanda mundial de carbón se va a mantener estable, al menos hasta el año 2022, y de que España no se haya sumado al acuerdo internacional alcanzado en noviembre pasado en Bonn para cerrar las centrales de carbón antes de 2030, no aseguran, apuntan los expertos del sector, la supervivencia del sector.
A esto se une la última propuesta de normativa europea de limitar hasta los 550 gramos de CO2/kWh las emisiones producidas por las grandes instalaciones de combustión -entre las que se encuentran las de carbón-, lo que supondría realizar costosas inversiones en mejoras técnicas para su cumplimiento. Esto ha generado una dura y difícil discusión. Los partidos políticos -a excepción del PP- plantearon una proposición no de ley para que el Gobierno votara a favor en Europa del establecimiento de este límite. Desde Carbunión señalan que este asunto "nos parece fuera de lugar, porque no ha habido información suficiente para estudiar un tema técnico tan complejo como éste".