Colombia sigue barajando la posibilidad de que Gas Natural Fenosa (GNF) recupere el control de Electricaribe, la filial de la compañía que las autoridades del país le enajenaron en marzo del año pasado ante el riesgo de sufrir apagones y por la que ambos se enfrentan en un arbitraje internacional en la ONU.
Así lo sostiene Javier Lastra Fuiscaldo, gerente interventor de Electricaribe, que ha remitido a los medios de comunicación locales un documento en el que expone lo que considera "el ABC" de la intervención de la empresa por parte del Gobierno. No es la primera vez que Colombia plantea el regreso de GNF a Electricaribe; así se recoge en un informe de la Contraloría -el Tribunal de Cuentas del país- al que tuvo acceso elEconomista.
En cualquier caso, el texto de Lastra indica que la intervención pública de Electricaribe se halla en el punto de decidir "las medidas necesarias para encontrar la viabilidad financiera de la empresa en manos de un inversionista, de sus acreedores, de sus dueños [GNF], o de la combinación de una de estas".
"Está por definirse"
Y más adelante, y con mayor claridad, Lastra recuerda que "para adoptar cualquier solución" en la zona atendida por la compañía "se requiere encontrar previamente la viabilidad técnica y financiera que permita que Electricaribe sea atractiva y rentable para sus interesados naturales o terceros. En este contexto lo más importante está por definirse". E insiste en que "los dueños aún pueden hacer parte de la solución que en todo caso requiere de cuantiosos recursos económicos".
En relación a los recursos económicos referidos, el gerente anuncia que para este 2018 invertirá en la deficiente infraestructura de la empresa unos 125.000 millones de pesos -unos 36 millones de euros al tipo de cambio-, además de los 467.000 millones de pesos -134,5 millones de euros- consignados el año pasado para comprar energía y evitar apagones. Lastra avanza que esas cantidades "serán completadas con recursos propios de la compañía", sin concretar más. Pero la realidad es que están muy lejos de las necesidades reales de financiación de la sociedad.
En la Resolución que le enajenó la subsidiaria a GNF, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estimaba que las necesidades de inversión en la red en unos 700 millones de euros hasta el año 2024, correspondiéndole unos 85 millones durante este 2018. Y a esas cantidades hay que añadir las deudas acumuladas, que Lastra cifra en 2,4 billones de pesos, unos 700 millones de euros.
Sea como fuere, GNF reclama una compensación a Colombia de unos 1.000 millones de dólares por la enajenación de Electricaribe. Y vendió su negocio de gas en el país el pasado noviembre, de modo que no le quedan activos allí.
